El Gobierno niega al PSOE el informe sobre la fuga de datos en Hacienda
El Gobierno ha dicho al partido socialista que no le facilitará el informe elaborado en noviembre de 1999 por los Servicios de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria bajo el epígrafe Los accesos a bases de datos realizados por los componentes de la Unidad de Estudios Económicos Sectoriales y Asistencia Técnica porque es reservado y confidencial.
Este informe, al que ha tenido acceso este diario, concluye que la información obtenida por los inspectores de Hacienda "puede haber sido utilizada con fines ajenos" a los propios por los que fue obtenida. El documento fue solicitado por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados el pasado 31 de enero. La Cámara Alta remitió entonces la petición al Gobierno. Pero en una carta, con salida del Ministerio de la Presidencia el pasado 21 de marzo, se niega el acceso a este grupo parlamentario.
En la contestación dada al PSOE se reconoce que la Administración del Estado tiene el deber de colaborar con los diputados, pero, añade, que este deber tiene "ciertos límites". El Gobierno esgrime, en esta ocasión, el de la tutela al derecho a la intimidad de las personas y el respeto a la Constitución y a las leyes. Asegura que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común "excluye el derecho de acceso a todos aquellos documentos que contengan datos referentes a la vida de las personas, así como los de carácter disciplinario o sancionador".
En el informe de la auditoría interna, se informaba que funcionarios adscritos a la Unidad de Estudios Económicos Sectoriales y Asistencia Técnica habían realizado accesos indebidos a información fiscal de empresas y empresarios relevantes, como el copresidente del BBVA, Emilio Ybarra; el entonces presidente de Airtel, Juan Abelló, o Arturo Baldasano, presidente del consejo de Audiovisual Sport.
La respuesta dada al PSOE también cita el estatuto de los contribuyentes y la Ley General Tributaria para razonar su negativa a facilitar el informe al grupo parlamentario socialista. A juicio del Ejecutivo, existe "un mandato legal inequívoco de reserva y confidencialidad sobre la Administración tributaria para todos aquellos informes que contengan datos relativos a contribuyentes". Algo que, sin embargo, no pareció importarle cuando en 1997 facilitó a los diputados un informe que recogía el listado de contribuyentes (ocultos bajo una numeración cifrada) cuyas deudas fiscales había prescrito por un importe total de 200.000 millones de pesetas.