Zaplana pide ayuda a Hacienda para elevar los límites de deuda y déficit
La Generalitat Valenciana, que incumple desde 1999 sus compromisos de endeudamiento y déficit, ha pedido ayuda al Gobierno para arreglar sus cuentas. Un problema al que Hacienda está prestando "especial atención" por ser la Valenciana una comunidad gobernada por el PP. Montoro y Zaplana renegocian desde hace algún tiempo el escenario de consolidación presupuestaria con absoluta discreción.
El Gobierno de Eduardo Zaplana necesita que Hacienda eleve sus límites de endeudamiento y déficit, pactados en el escenario de consolidación presupuestaria que firmaron el 28 de mayo de 1998. La Generalitat superó los límites en 1999, especialmente el de deuda, que se emite en grandes cantidades para reducir el déficit (ver cuadro).
En el documento de 1998 se autorizó a la Generalitat a endeudarse ese año en 100.000 millones de pesetas (601 millones de euros) más de los 15.000 millones presupuestados, lo que ayudó a arreglar las cuentas de ese año, presentadas en la precampaña electoral de 1999.
Pero el desequilibrio en las cuentas continuó y la Generalitat optó, en 1999 y 2000, por volver a esconder el déficit a base de aumentar los ingresos con más deuda, esta vez sin autorización del Gobierno de José María Aznar. El escenario de 1998 es ahora imposible de cumplir y el déficit cero en 2001, sin más deuda, está difícil.
Hacienda ha reconocido a este periódico que la Generalitat ha pedido ayuda para solventar su crisis financiera y que "en estos momentos se está trabajando en el asunto, que es muy delicado".
El departamento que dirige Cristóbal Montoro no ha querido explicar los términos de una negociación que desveló el propio consejero valenciano de Economía, Vicente Rambla, en las Cortes autonómicas, al negarse a entregar a la oposición el escenario de consolidación presupuestaria, porque "está siendo objeto de revisión".
La discreción de Montoro en este asunto y su buena disposición a renegociar los compromisos de déficit y deuda adquiridos por Zaplana contrastan con las dificultades que está poniendo a Baleares para renegociar su propio escenario. El Gobierno balear ha decidido endeudarse este año y solicitar un préstamo extraordinario de 13.000 millones de pesetas para hacer frente a las consecuencias económicas que ha tenido la anulación por parte del Tribunal Constitucional del impuesto ecológico autonómico. El Gobierno insular tomó esta decisión a la vista de que las negociaciones iniciadas con el Ministerio de Hacienda no iban por buen camino.
Baleares pactó en su día con Hacienda un compromiso de endeudamiento y déficit sujeto a revisión ante la posibilidad de que el Constitucional fallase contra la ecotasa, como así ha resultado finalmente. Un portavoz de la consejería de Hacienda explicó a este periódico que las conversaciones con Montoro siguen abiertas.