Birulés asegura que el Estado tiene derecho al 50% del beneficio del móvil

El Gobierno ha justificado la cuantía de la tasa impuesta a las operadoras de móvil porque, "sin el espectro, la empresa no tendría actividad, por lo cual parece adecuado que el Estado obtenga el 50% del beneficio". Esta información fue facilitada por la ministra Birulés en su comparecencia ayer en el Congreso para responder sobre el Plan Info XXI, las presuntas irregularidades en el concurso de UMTS y la tasa por el uso del espectro.

El Gobierno ha hecho público al fin el procedimiento de cálculo que utilizó para fijar la cuantía de la tasa por el uso del espectro radioeléctrico, que obliga a pagar 160.000 millones anuales a las operadoras implicadas. Los servicios técnicos estatales han usado tres criterios para determinar el "valor actual" del espectro, todos basados en UMTS que luego se extrapolan al resto de los servicios, y uno de ellos es "la rentabilidad esperada".

Este procedimiento conjuga inversión y beneficio, con la máxima de que las operadoras que darán telefonía móvil de tercera generación sólo desembolsan cantidades que esperan rentabilizar. En total, y según los cálculos gubernamentales, las cuatro operadoras de UMTS españolas "obtendrían 6,2 billones en el momento actual por su inversión a 20 años".

"Dado el beneficio que las empresas esperan obtener, se podría establecer una tasa sobre el 50% de ese valor actual", continúa el Gobierno. "La justificación de este importe está en que sin el espectro la empresa no tendría actividad, por lo cual parece adecuado que el Estado obtenga el 50% del beneficio".

Otra de las fórmulas utilizadas consiste en comparar la recaudación que han tenido algunos países europeos por la subasta de licencias (Alemania, con 8,4 billones, el Reino Unido, con 6,2 billones...) con el PIB de cada Estado para calcular cuánto valdría el espectro en España.

Finalmente, el tercer procedimiento tiene en cuenta el valor de mercado del espacio radioeléctrico, corregido por los tipos de interés, la inflación y el crecimiento del PIB.

Con estos criterios, el Gobierno establece que el valor "razonable" del espectro es de 160 millardos anuales.

Esta información fue hecha pública ayer, coincidiendo con la comparecencia de Anna Birulés ante el Congreso, donde dejó entrever que existen negociaciones entre el ministerio y las operadoras para reconducir el pago de la tasa. La ministra reconoció también que las frecuencias que se utilizarán para el concurso de dos nuevas licencias de GSM son las mismas que se limpiaron con los 7.000 millones aportados por Telefónica Móviles, Airtel y Amena. "En caso de que no se los cedamos a ellos, les devolveremos el dinero", aseguró Birulés.

El PSOE, por su parte, volvió a interpelar a la ministra sobre lo que considera graves irregularidades en el proceso de concesión de las licencias UMTS.

 

El BOE regula los descuentos de Telefónica

En Telefónica ha generado malestar la publicación el 1 de marzo en el Boletín Oficial del Estado de una orden del Ministerio de la Presidencia en la que se "aprueba la modificación de los planes de descuento de Telefónica de España, sociedad anónima unipersonal, afectados por la variación tarifaria de las llamadas provinciales e interprovinciales".

Fuentes cercanas a la empresa que preside César Alierta entienden que el intervencionismo "de un Gobierno que se autocalifica de liberal" ha llegado a extremos impensables. En una situación de desregulación del sector "no se entiende cómo el Ejecutivo puede intervenir en todos y cada uno de los precios que fija la compañía, incluidos los descuentos o promociones".

El Gobierno "liberalizó" los precios de Telefónica, que pasaron de estar intervenidos a regularse por el sistema de "precios máximos" que obliga a la operadora a reducir en un tanto por ciento anual determinado la cesta media de las tarifas telefónicas.

 

Red.es pagó los gastos de Aznar en Info XXI

La ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, aseguró ayer durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que el acto de presentación del programa tecnológico Info XXI el día 24 de enero en Vitoria por parte del presidente del Gobierno, José María Aznar, fue pagado por una empresa pública que se denomina Red.es. La ministra aseguró que las 30 empresas que habían pagado un millón de pesetas cada una habían realizado esta aportación "de forma voluntaria" y a petición de las patronales "Aniel y Sedisi". El dinero recaudado sirvió para financiar un acto previo a la intervención de José María Aznar. Dicho acto había sido bautizado como "Vitoria, sociedad de la información".

La diputada socialista Francisca Pleguezuelos hizo una exposición prolija aportando datos con los que quería demostrar que el gasto presupuestario para desarrollar la sociedad de la información "ha quedado congelado y, si aplicamos la inflación, ha sufrido un descenso muy significativo".

Anna Birulés hizo un a defensa cerrada de Info XXI, explicando el contenido de alguna de las iniciativas que calificó de "emblemáticas".

Aseguró que el plan recoge un importante esfuerzo presupuestario para conseguir una penetración de Internet del 50% de los hogares, frente al 16% actual. A las acusaciones de inconsistencia presupuestaria de Pleguezuelos, la ministra dijo que los 275.000 millones previstos este año muestran la voluntad política y el compromiso del Gobierno. Dijo que los primeros efectos de la política del Ejecutivo con la sociedad de la información se han comenzado a ver ya con el importante incremento del número de internautas, hasta los 5,5 millones de usuarios habituales, de los que el 30% utilizan la tarifa plana.