Garzón afirma que el fraude del lino afectó a la economía nacional
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón asegura, en el auto en el que se declaró competente para investigar el supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino, que "el orden socioeconómico español, de hecho, ya se ve afectado por las consecuencias económicas" del mismo, informa Efe.
El instructor dice que, en el curso de la investigación, habrá que "cuantificar concretamente el presunto fraude comunitario y el perjuicio para la economía nacional y el orden socioeconómico español que se puede ver y, de hecho, ya se ve afectado por las consecuencias económicas que trae consigo el alcance penal de los hechos aquí valorados".
A falta del informe de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (Olaf), del que el juez dice que "se considera fundamental", Garzón cifra el fraude, extrapolando las cantidades de las subvenciones a las que hizo referencia la ex ministra de Agricultura Loyola De Palacio en su declaración del pasado día 2, en una cifra que oscilaría entre los 2.000 millones y los 10.000 millones de pesetas.
Garzón aceptó instruir la causa después de examinar una denuncia formulada por De Palacio y un escrito de la Fiscalía Anticorrupción de los que se desprendían "una serie de conductas ilícitas que integran el concepto de defraudación generalizada de fondos comunitarios y eventuales delitos de falsedad y malversación".
El magistrado acordó asimismo en su resolución "tener por imputados" en la causa a un total de 42 personas, tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción y después de concluir que la "mecánica" presuntamente delictiva que se investiga "se habría iniciado y continuado por el concierto indispensable de las empresas transformadoras y los agricultores" supuestamente implicados.
En el mismo auto cita a 18 sociedades que operaban en tres comunidades autónomas distintas: Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha.