El Gobierno aprueba una fusión asumible por Endesa e Iberdrola
El Gobierno aprobó ayer la fusión de Endesa e Iberdrola con unas condiciones que posibilitan que las compañías sigan adelante con sus planes, ya que permite que la compañía resultante mantenga un tamaño similar al de Endesa. Ese era un requisito reclamado por los máximos directivos de las dos eléctricas y la decisión del Gobierno está mas cerca de los límites de la Comisión Nacional de la Energía que de los del Tribunal de Defensa de la Competencia. A la vez, el Gobierno aprobó por decreto ley una modificación de los cobros de los CTC, que vuelven a quedar como en 1997. La no inclusión del 4,5% de la factura eléctrica para su financiación no significará una reducción del precio de este recibo.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la fusión de Endesa e Iberdrola y fijó unas condiciones que permiten a las empresas implicadas seguir adelante con la operación de acuerdo con los criterios anunciados hasta ahora por sus máximos directivos, ya que la decisión del Gobierno suaviza las limitaciones recomendadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC). No obstante, los consejos de administración de las empresas decidirán el lunes si las cláusulas hacen viable la transacción o conviene dar marcha atrás. Ayer ya fueron analizadas por las comisiones ejecutivas de los consejos.
Endesa indicó, al conocer las disposiciones del Gobierno, que habían extraído una impresión "negativa" de las condiciones con las que ha autorizado su fusión. Y es que considera "injusto y discriminatorio" para los accionistas de ambas compañías el tratamiento de los CTC "respecto a otras formas de venta o transmisión de activos". Ahora indica que las cuotas de generación, distribución y comercialización "no es el asunto más decisivo" de cara a la viabilidad de la operación, mientras que en las desinversiones la perspectiva tampoco es positiva.
Punto clave
La compañía resultante de la integración no podrá tener más del 42% de cuota en generación, lo que la obligará a vender activos en ese área por unos 16.000 megavatios, potencia que equivale a la actual de Iberdrola. æpermil;ste se había convertido en el punto clave de la integración, más cuando el dictamen del TDC solicitó que la cuota quedase en el 35%, porcentaje que sí era inadmisible para las citadas eléctricas. En esa actividad, el documento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) admitía también, como ahora hace el Gobierno, que el grupo fusionado tuviese una cuota similar a la actual de Endesa.
El Gobierno ha determinado que en distribución Endesa-Iberdrola tenga una cuota máxima del 48% hasta el 1 de enero de 2005, por debajo del 61% que solicitaban las empresas, pero también por encima del 39% por el que se decantaba el organismo que preside Gonzalo Solana. Y, aunque ese porcentaje es menor del deseado, es previsible que se pueda llegar a una solución como la ideada por la CNE después del citado periodo, por la que la nueva empresa podría recuperar sus activos.
En nueva generación, las centrales de ciclo combinado a gas que ya están en marcha, el grupo que surja de la integración deberá desprenderse de proyectos equivalentes a los actuales de Iberdrola. En este tema, asimismo, el diseño no sale mal parado respecto a las posibles renuncias ya anunciadas cara a hacer posible la fusión.
Sociedad de gestión
Por otro lado, el consejo ha optado por "exigir la venta de todos los activos de transporte de Endesa e Iberdrola a un operador independiente". En este tema, ya la CNE destacó que las partes no habían mencionado posibles desinversiones en ese área, pero recomendaba que el Gobierno tuviese en cuenta la necesidad de intervenir. Y se fija un límite del 40% para la nueva energía que se contrate dentro de la actividad de comercialización (clientes cualificados) hasta enero de 2005 en todo el territorio nacional y del 60% de la nueva energía que se contrate, hasta esa misma fecha, en las zonas en donde la empresa fusionada esté presente en distribución.
Endesa-Iberdrola sólo podrá tener un 3% de Repsol, un 10% de OMEL y un 10% de REE.
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, destacó ayer las diferencias que, a su juicio, la citada operación tiene con la planteada hace meses por Fenosa y Cantábrico, ya que en ésta no se proponía un plan de desinversiones mientras que además reducía el número de operadores.
El Gobierno, como ratificó Rato en su comparecencia, se opone a los intercambios de activos. Las desinversiones tendrán que realizarse mediante subastas, que permitan la entrada de, al menos, dos nuevos generadores en el mercado español y limiten la integración vertical de generación y distribución de los grupos adjudicatarios.
Las empresas que participen en las subastas deberán mantener el nivel de empleo y comprometen las inversiones requeridas y no tener al Estado como accionista. En esta línea, fuentes de Fenosa han subrayado su intención de participar en esas transacciones. Adicionalmente, el Gobierno obliga a la empresa fusionada a desinvertir en las centrales compartidas.
El Consejo de Ministros ha dado un plazo global máximo de 14 meses para las desinversiones. Las compañías tendrán que presentar en 10 días, a partir de la notificación del presente acuerdo, un plan de enajenación de activos al Servicio de la Competencia del Ministerio de Economía. Y éste tendrá dos meses para aprobar el plan definitivo. Asimismo, se creará una comisión asesora y un comité de vigilancia para seguir el proceso. Y su consejo deberá ser autorizado por el Gobierno.
BBK se opone y el BBVA espera para decidir
BBK, que tiene el 7,5% del capital de Iberdrola, señaló ayer que se opondrá en el seno del consejo de la citada eléctrica a la fusión, ya que considera que los términos fijados para ella por el Gobierno no la hacen rentable para los accionistas. La caja vasca, además, ya se mostró contraria a la integración cuando fue presentada al consejo por la dirección de Iberdrola, y entonces con condiciones mejores que las aprobadas ayer por el Gobierno. Por su parte, el BBVA, que controla un 10% y mantuvo la misma oposición que la BBK en la reunión de los consejeros, en la que se aprobó la fusión, declinó ayer pronunciarse sobre la autorización con condiciones realizada por el Consejo de Ministros. El banco esperará a recibir la información pertinente en el consejo de administración que celebrará la eléctrica vasca para estudiar la resolución del Gobierno a la operación y para fijar su posición. "Cuando nos informen en el consejo, fijaremos la posición", subrayaron. Tampoco quiso pronunciarse La Caixa, propietaria de títulos de Endesa representativos del 5,01% de su capital. Su posición en la primera eléctrica representa una "inversión financiera".