De Palacio sugiere que hubo fraude con el lino en nueve comunidades
La vicepresidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, compareció ayer durante más de dos horas ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. De Palacio amplió y explicó aspectos de la denuncia que presentó el pasado 8 de enero por el presunto fraude en las ayudas comunitarias para el cultivo del lino.
De Palacio, tras su declaración, concedió una rueda de prensa en la sede del PP. Aunque no respondió a preguntas que hicieran referencia a su comparecencia ante Garzón, dijo que las conclusiones a las que llega la Fiscalía Anticorrupción en el informe hecho público en diciembre son "de enorme gravedad". La Fiscalía denunció un "fraude generalizado" en las ayudas comunitarias concedidas a España para el cultivo del lino. Añadió que de ese informe se deduce que en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, "como tantas otras comunidades, en realidad nueve", se ha cometido fraude. La ex ministra de Agricultura dijo que la forma en la que se tramitaron las ayudas podría constituir un delito de malversación de caudales públicos. En cuanto a los agricultores y los transformadores del cultivo, la ex ministra opina que podrían ser responsables de un delito de falsedad documental y otro contra la Hacienda Pública.
De Palacio manifestó que la responsabilidad en estos hechos se centra en las comunidades autónomas. Se-gún afirmó, son las "únicas" competentes en la distribución y control de las ayudas comunitarias. Manifestó que este caso "tendrá consecuencias para el erario público español y para la imagen de nuestra agricultura".
La vicepresidenta europea explicó que una sentencia del Tribunal Constitucional de 1992 establece que son las comunidades autónomas las encargadas de la gestión y control de estas subvenciones. Afirmó que ninguna comunidad autónoma informó al Ministerio de Agricultura de supuestos fraudes. Loyola de Palacio expresó su deseo de que el juez Garzón inicie una investigación a fondo y llegue a las personas responsables de los hechos. Concluyó que "quien haya hecho algo que es contrario a la ley, que haya defraudado o malversado fondos públicos sea condenado". La ex ministra de Agricultura señaló que ha presentado la denuncia porque se siente "ofendida".