El Inem sólo gestiona el 17% de las colocaciones registradas
El Instituto Nacional de Empleo (Inem) sólo gestionó el pasado año el 17% de todos contratos que se registraron en sus oficinas. Esto supone que la labor de intermediación de este organismo -poner en contacto al demandante de empleo con el empresario-, pese a ser una de sus principales funciones es bastante escasa.
Las oficinas del Inem registraron el pasado año 2000 un total de 13.625.470 colocaciones (contratos), pero sólo el 17,1% de ellos (2.332.170) fueron fruto de la labor de intermediación de este organismo entre el parado y el empleador, según datos del Ministerio de Trabajo.
El resto (11.293.300) corresponde a colocaciones que se denominan "comunicadas", aquellas en las que el empleador acude al Inem a dar de baja de las listas del desempleo a un trabajador determinado que ya ha elegido por cualquier otro método diferente, como pueda ser conocidos, familiares o anuncios. Otra gran parte de estas colocaciones "comunicadas" corresponde a aquellos contratos de muy poca duración que encadenan numerosos trabajadores.
Con estos datos se pone de manifiesto que el Inem "flaquea" en una de sus principales funciones, que es poner en contacto a demandante y oferente de empleo.
Otro dato significativo es que la mayoría de todas estas colocaciones gestionadas por el Inem corresponde a trabajadores poco o nada cualificados, de lo que se desprende que el mercado laboral de otro tipo de trabajadores con más cualificación se mueve al margen de este organismo.
Así, de los 2,3 millones de colocaciones gestionadas, el 40% (911.962) correspondió a trabajadores no cualificados, mientras que sólo 3.035 fueron directivos y personal de las Administraciones públicas.
Estas dificultades de los intermediarios del Inem se ponen también de manifiesto a la hora de analizar los sectores en los que se producen las colocaciones gestionadas. Según los datos de Trabajo, sólo en el sector servicios podría decirse que el Inem funciona razonablemente bien como intermediador, ya que el 71% del total (1.676.332) es de este sector. El 11,5% (269.291) correspondió al sector de la construcción.
Esta debilidad en las funciones de intermediación del Inem tiene como principal consecuencia una de las principales lacras del mercado laboral español, que consiste en las grandes diferencias regionales. Esto explicaría, por tanto, que haya provincias como Lleida o toda la comunidad autónoma de Aragón, en las que empieza a escasear la mano de obra masculina y, al tiempo, existen otras como Andalucía o Extremadura, con tasas de paro del 24,8% y 22%, respectivamente.
Así lo indica, además, una de las principales conclusiones de un informe elaborado el pasado año por el Consejo Económico y Social (CES) sobre la movilidad geográfica en el mercado laboral español, que atribuía las desigualdades regionales en el mercado laboral español a la falta de coordinación entre las distintas oficinas del Inem de las CC AA.
En la actualidad, Trabajo no prepara ninguna mejora de sus servicios de intermediación porque se encuentra inmerso en un proceso de transferencias de las políticas activas de empleo -que incluyen la funciones de intermediación en el mercado de trabajo- a las comunidades autónomas. Esto supondrá la desmantelación del Inem como intermediador para quedar como mero gestor de la caja única que paga las prestaciones y los subsidios por desempleo.
Así, una vez transferidas estas políticas serán los Gobiernos autonómicos los responsables de gestionar, a través de los que se denominan ya servicios públicos de empleo (SPE), las funciones de intermediación.
Trabajo confía en que una vez concluidas estas transferencias, todos los SPE autonómicos creen una red de comunicación entre ellos para que los demandantes de cualquier parte de España conozcan pormenorizadamente las ofertas de empleo de todas las comunidades autónomas.
No obstante, los sindicatos aseguran que el proceso de transferencias se está haciendo de forma desordenada y sin una ley marco que organice esa red de intermediación laboral entre las futuras oficinas autonómicas de empleo y piden una reforma de la Ley Básica de Empleo.
El caso
de los servicios de empleo
de Valencia
La Comunidad Valenciana fue la primera en poner en marcha una agencia de colocación privada sin ánimo de lucro en enero de 1996, la Fundación Servicio Valenciano de Empleo (FSVE), en la que participan la patronal y los sindicatos UGT y CC OO. La fundación cobra 8.000 pesetas al empresario y 2.000 al trabajador cuando logra que se firme un contrato.
En enero de 2000 la Generalitat Valenciana asumió las competencias en políticas activas de empleo del Inem en la región y se abrió un periodo de incertidumbre sobre el futuro de la FSVE, al existir dos redes de intermediación gestionadas por el Gobierno autonómico.
Finalmente, el Gobierno de Eduardo Zaplana decidió crear el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), que asumía los servicios y las oficinas y personal transferidos del Inem, y mantener el estatus independiente de la FSVE, que sólo cumple funciones de mediación. Ambas colaborarán en este servicio, que es gratuito si lo presta el Servef.
El fuerte descenso del paro registrado en la Comunidad Valenciana en los últimos años y la asunción de las competencias del Inem obligó a la FSVE a reducir su tamaño y sus gastos mediante una regulación de empleo, informa Javier Alfonso.