La privatización parcial de la banca pública alemana suponen una revolución del sector
El cuarto banco alemán por activos -el WestLB-, las asociaciones de cajas de ahorros y el Gobierno alemán dan los últimos retoques a una propuesta de reestructuración de la banca pública que en los próximos días será presentada en Bruselas. El posible acuerdo entre todos los involucrados podría revolucionar el sector financiero en Alemania.
Poco descanso en estos días de fiesta en el banco público regional WestLB: la entidad y sus propietarios -el Gobierno regional y local de Renania del Norte-Westfalia y dos asociaciones de cajas de ahorro- siguen ultimando una propuesta de reestructuración que la Comisión Europea espera desde hace meses.
En esencia, la reforma prevé la división de la entidad -cuarta del país por activos, que suman 65,6 billones de pesetas- en una matriz que continuará siendo pública, y una filial de carácter privado dedicada a la banca comercial. Esta última ya no contará con las amplias garantías estatales de que disfrutan en Alemania los 12 bancos públicos regionales y las 564 cajas de ahorro que operan actualmente.
El modelo deberá servir para apaciguar a Bruselas en dos frentes: evitar que el WestLB tenga que devolver al Gobierno regional 2,2 millardos de marcos, 187.000 millones de pesetas, en supuestos subsidios ilegales, como ha decretado la Comisión Europea; y anticiparse a la previsible condena de las garantías públicas -que prácticamente hacen imposible la quiebra de estas entidades- por parte del comisario para la Competencia, Mario Monti.
Bruselas ha tomado cartas en el asunto a raíz de una demanda interpuesta por los bancos privados, que sostienen que las garantías distorsionan la competencia al permitir a las entidades públicas un acceso privilegiado a la refinanciación.
La Comisión, que está a punto de emitir un dictamen, según fuentes oficiales, espera una propuesta global de reestructuración ya no sólo del WestLB, sino de todo el sector. En ella trabaja el Ministerio de Finanzas, que tiene que coordinarse con los Gobiernos de los 16 Estados federados alemanes.
El control de la banca pública es una importante fuente de poder para los políticos regionales. Por ello, no todas las partes están dispuestas a una reestructuración radical. Salvo unas cuantas excepciones -la ambiciosa Sparkasse de Colonia, por ejemplo- las cajas alemanas se limitan al ámbito local, por lo que Bruselas ha dado a entender que la pelea no es con ellas.
"Lo que nosotros queremos es que las reglas de juego sean iguales para todos", subraya el presidente del consejo de vigilancia de uno de los tres grandes bancos privados, cuya cuota de mercado conjunta en la concesión de créditos es apenas del 15%, en buena parte debido a la fortaleza de las cajas de ahorro. "Si la banca pública se reforma, todo el sector se podría reagrupar", agrega el directivo.
Este reagrupamiento supuso en 2000 un rotundo fracaso para el primer y el tercer banco del país, Deutsche y Dresdner. En abril fracasó la fusión entre las entidades, por desavenencias en banca de inversión. En octubre, el Dresdner volvió a fallar, esta vez en su acercamiento al Commerzbank, socio del BSCH. Los bancos privados esperan la reforma, para llevar a cabo nuevas compras.
Los bancos privados hacen caja en espera de lo que viene
2001 será decisivo para el futuro de la banca pública alemana. Pero todavía puede pasar tiempo hasta que se implementen los cambios. Por tanto, los grandes bancos privados, que ya hacen cábalas sobre las posibilidades de adquisición y consolidación que supondría esta perestroika, aún tienen tiempo para acumular fuerzas para éste y otros fines.
Las condiciones son favorables: la nueva exención de impuestos sobre la venta de participaciones en sociedades de capital que entrará en vigor en 2002 ya está conduciendo a que las carteras de inversión se revisen a fondo. Las ventas se han iniciado ya y previsiblemente continuarán a lo largo de 2001. Sólo el Deutsche cuenta con participaciones valoradas en 3,37 billones de pesetas. En el caso del Dresdner Bank, sus inversiones en valores acumulan un total de 2,6 billones de pesetas.