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Tribuna
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¿Ha llegado la hora de que los robots paguen impuestos?

El miedo a que desaparezca empleo por la robotización está impulsando la búsqueda de posibles soluciones

Planta de montaje de Toyota.
Planta de montaje de Toyota.REUTERS

Hace unos días tuvo lugar la publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016, cuyo resultado más llamativo es el incremento de la población española en riesgo de pobreza (un 22,3% frente a un 22,1% en 2015). Y ello a pesar de que los ingresos medios por persona se han incrementado en un 2,8% respecto de 2015. Es cierto que la población en riesgo de pobreza es un indicador relativo, ya que el umbral se sitúa en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Por tanto, aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos. Pero, aunque no mide pobreza absoluta, sí es un buen indicador de la desigualdad que, por tanto, sigue creciendo en nuestro país, a pesar de la recuperación económica.

Estos resultados tienen mucho que ver con la evolución de las rentas del trabajo. A nadie se le escapa que la recuperación española se ha conseguido, en buena medida, a través de una devaluación salarial, que ha afectado a las rentas más bajas. En este sentido, España no es ajena a una tendencia global de pérdida de peso relativo de las rentas del trabajo en el PIB, en beneficio de las de capital.

Por otra parte, la transformación tecnológica y la robotización abren dudas acerca de cuál será el futuro de millones de puestos de trabajo. La constatación anterior ha despertado, de nuevo, el interés por la denominada renta básica universal, entendida como un ingreso mínimo garantizado para todos los ciudadanos. Esta medida, sin embargo, presenta un coste muy elevado para las arcas públicas y exigiría una subida muy relevante de la presión fiscal. A su vez, dicho incremento de presión fiscal podría tener efectos negativos para el crecimiento económico y el empleo.

A mi juicio, una renta básica universal así entendida carece de sentido, ya que implica gastar recursos públicos en quien no lo necesita: se paga a todos los ciudadanos con independencia de su renta. Pero sí creo que resulta esencial y urgente disminuir la desigualdad, por razones de justicia social, de estabilidad política y de eficiencia económica. Para solucionar el problema, deben abordarse reformas en el mercado laboral. Pero, junto a ello, puede adaptarse la idea de la renta básica universal, focalizándola en aquellos ciudadanos que la necesitan. Nos referimos a la creación de un impuesto negativo sobre la renta, que sustituiría a las actuaciones prestaciones no contributivas y que sería financieramente viable con pequeños retoques en el IRPF. Ya existen trabajos académicos que demuestran dicha viabilidad, así como efectos muy positivos en términos de redistribución y de reducción de la pobreza. La idea consiste en configurar un IRPF que, a partir de determinada cuantía de base liquidable, funcione como un impuesto tradicional, pero que por debajo de la misma, se convierta en una cuota negativa pagadera al ciudadano. La técnica no es nueva en nuestro país, donde ya existen impuestos negativos, pero dirigidos a colectivos muy reducidos, como son las familias numerosas. Se trata ahora de apostar por su generalización y convertir en beneficiarios a todos los ciudadanos que no alcancen un umbral mínimo de renta.

Medidas como las descritas pueden verse necesitadas de financiación adicional si se confirme la tendencia a la que antes me he referido, de pérdida progresiva de puestos de trabajo y de rentas salariales. Por ello, gente tan poco sospechosa de izquierdismo radical, como Bill Gates, se han pronunciado a favor de una imposición sobre los robots. Se trata, sin duda, de una idea sugerente, que permitiría destinar esta recaudación adicional a la financiación de las prestaciones indicadas o a la creación de puestos de trabajo donde la sensibilidad y empatía humanas es más difícil de sustituir por máquinas, como por ejemplo, el cuidado de menores y personas dependientes.

No obstante, tal vez sea pronto para adoptar esta idea. Aunque existen estudios teóricos que consideran que la robotización dará lugar a la pérdida de empleos, lo cierto es que las economías más intensivas en uso de tecnología –Japón o Alemania– registran cifras de paro no superiores a las demás. Y es que es posible que la desaparición de unos puestos de trabajo se vea compensada con la aparición de nuevos empleos. Pero, en todo caso, bien está que vayamos anticipando posibles soluciones para este mundo futuro.

Jesús Rodríguez Márquez es profesor de Derecho Financiero y Trbutario de la UCM. Socio director de práctica tributaria de F&J Martín Abogados.

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