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Banca

Popular evita reformular sus cuentas para blindar a Saracho

Las cifras oficiales, que la junta votará el lunes, están refrendadas por Ron Modificar los resultados de 2016 daría argumentos al accionista para litigar

Emilio Saracho, presidente de Banco Popular.
Emilio Saracho, presidente de Banco Popular.Pablo Monge
Juande Portillo

Banco Popular está dispuesto a no reformular sus cuentas del pasado año pese a que los errores revelados el lunes afectan a distintas partidas por valor de más de 600 millones de euros. Una decisión firme para la que la entidad se escuda en la normativa contable, que según distintos expertos consultados le avala, y que conforma una doble estrategia de defensa para tratar de contener una potencial oleada de litigios de accionistas y por la necesidad de blindar al nuevo presidente del banco, Emilio Saracho.

Y es que las cuentas de 2016 deben ser refrendadas aún por la junta de accionistas de Popular, que se celebra el próximo lunes. A la cita se aportarán unos resultados que llevan la firma del anterior presidente, Ángel Ron, quien retrasó su salida expresamente para cumplir con este cometido.

Sin embargo, si Popular aceptara ahora reformular sus cuentas la documentación debería volver a pasar por el consejo del banco en el que tendrían que ser firmadas ya por su sucesor. Una firma que, advierten fuentes del sector auditor, haría responsable a Saracho de los posibles errores contables que afloren en el futuro de una época en la que él aún era vicepresidente global de JP Morgan.

Y que le convertirían en la diana de las reclamaciones judiciales que puedan darse por las pérdidas sufridas tras la última ampliación de capital que varios bufetes de abogados estadounidenses ya han anunciado que pondrán en marcha.

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El consejo de administración de Popular se basa en un informe de la comisión de auditoría del banco, y en una consulta realizada al auditor externo, PricewaterhouseCoopers (Pwc), para concluir que la “corrección en cuatro aspectos puntuales” de sus cuentas “no representan por sí solos, ni en su conjunto, un impacto significativo en las cuentas anuales de la entidad a 31 de diciembre de 2016 que justifiquen su reformulación”.

Más allá, el banco da un argumento más para no tocar las cuentas del año pasado al sostener que su “análisis preliminar” indica que la posible insuficiencia en provisiones referentes a garantías de préstamos “proviene de ejercicios anteriores a 2015 y tendría, por ello, escaso impacto en los resultados del ejercicio 2016”, aunque admiten que sí afectan al patrimonio neto del banco.

La entidad esquiva, por escaso margen, la obligación de rehacer las cuentas que impone la norma contable

Desde el sector auditor revelan que el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (BOICAC) ya aclaró que, en estos casos, “los errores contables incurridos en ejercicios anteriores se subsanarán en el ejercicio en que se detecten, contabilizando el ajuste en una partida de reservas por el efecto acumulado de las variaciones de los activos y pasivos que ponga de manifiesto la subsanación del error”.

Una interpretación de la norma que casa con la pretensión de la cúpula de Popular de cargar los errores detectados contra las cuentas de primer y segundo trimestre de 2017, cuando se han detectado, en vista de que no modifican sustancialmente el resultado del ejercicio anterior.

¿Pero cuál es el límite para considerar si se da un “impacto significativo”? Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) hablan de reformular las cuentas ante cambios de importancia relativa, que no cuantifican. Lo hace la guía del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), que introduce dos criterios: que el efecto de los errores contables no sobrepase el 5% del monto de resultados del año y que el efecto sobre el patrimonio no supere una horquilla de entre el 2% y el 5%.

En este caso, Popular reconoce varios errores: una insuficiencia en las provisiones sobre riesgos de 123 millones, más 61 millones más por “ajustes ordinarios de auditoría”, un total de 184 millones con impacto directo sobre el resultado negativo de 4.888 millones de pérdidas que sufrió la entidad el año pasado, es decir, un 3,76% del total, por debajo del umbral del 5%.

En paralelo, el banco admite posibles insuficiencias de provisiones asociadas a créditos dudosos de los que se ha adjudicado las garantías por 160 millones y la posible obligación de dar de baja garantías asociadas a préstamos dudosos por otros 145 millones. Son 305 millones que irían contra los 11.088 millones de patrimonio neto que se le reconocen, un 2,75%, lo que entra dentro de la horquilla de advertencia pero no supera tampoco el 5% de límite que obligaría a reformular las cuentas.

Por último, Popular reconoce que debería deducir 205 millones de financiación a clientes para la adquisición de acciones en su última ampliación de capital, sin efecto eso sí sobre resultados o capital.

Popular esquiva así, por poco, la obligación de reformular las cuentas, un hito que según fuentes jurídicas (ver despiece) daría claros argumentos a los accionistas para activar demandas colectivas.

Armas para demandar, freno para la venta

 

 

Litigios por cuentas. “Si hay reformulación de cuentas, se podría alegar una falta de diligencia en la emisión del folleto en cuanto a las acciones; y también en el folleto en el que Banco Popular anunciaba y ‘vendía’ la ampliación de capital” de 2.500 millones que llevó a cabo la pasada primavera, ilustra Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas & Cusí, donde aseveran estar recibiendo ya a inversores del banco que estudian litigar por las pérdidas sufridas.

 

 

Demandas por errores. Desde Navas & Cusí avanzan, sin embargo, que aún sin la reformulación de cuentas, los accionistas “podrían llegar a pedir daños y perjuicios” por el efecto que el propio anuncio de los errores contables detectados ha tenido en la cotización. Solo en la sesión del lunes, en la que Banco Popular comunicó los desajustes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y en la que anunció su renuncia el consejero delegado, Pedro Larena, la acción del banco se desplomó un 10,44%.

 

 

Un futuro incierto. Más allá de las consecuencias judiciales que puedan traer los errores contables detectados por Popular, fuentes financieras subrayan que este inesperado anuncio complica aún más lograr una solución para la delicada situación del banco. Que afloren irregularidades contables, exponen, siembra la duda de si no habrá nuevos huecos que tapar en el balance de una entidad que ya sería difícil vender por el enorme lastre de ladrillo con el que carga.

 

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