El miedo a los pleitos pone en peligro el acuerdo con EE UU
Los países europeos son pioneros y abanderados de los acuerdos bilaterales de inversión, en los que suelen incluir cláusulas para permitir a los inversores recurrir a arbitrajes internacionales en caso de conflicto con las autoridades de un Estado, sin pasar por los tribunales locales
Esa cláusula había pasado en gran parte desapercibida hasta que Bruselas y Washington pusieron en marcha las negociaciones para un acuerdo transatlántico de comercio e inversión en el que se quiere incluir la cláusula de arbitraje o ISDS (por las siglas en inglés de Investor State Dispute Settlement).
La negociación con EE UU ha enfriado el entusiasmo europeo por esa vía extrajudicial y hasta países tan poderosos como Alemania o Francia temen verse enfrentados con las multinacionales estadounidenses, acostumbradas a litigar y a una legislación nacional muy exigente en transparencia, información al accionista o responsabilidad de los ejecutivos.
Fuentes familiarizadas con la negociación del Acuerdo Transatlátnico reconocen que, aparte de la campaña en contra de numerosas organizaciones no gubernamentales, algunos países y sectores industriales europeos también combaten de manera más disimulada la cláusula de los arbitrajes.
Las posibles demandas millonarias asustan ahora a Europa
Las mismas fuentes añaden que “esas cláusulas eran hasta ahora una ventaja para Europa porque se incluían en acuerdos con países considerados menos fiables que los nuestros. Pero ahora se trata de EE UU y la parte demandada podría ser Europa”.
La cláusula de arbitraje figura en 1.300 acuerdos bilaterales suscritos por los países de la UE y en más de 3.000 acuerdos a nivel mundial, según datos de la Comisión Europea. Además, nueve socios de la UE (de Europa Central y del Este) disponen ya de un acuerdo bilateral con EE UU que incluye la posibilidad de recurrir al arbitraje.
La Comisión asegura que los propios Gobiernos le pidieron en 2013 que incluyera la cláusula ISDS en el acuerdo con EE UU. Pero el mandato de negociación, desclasificado a finales del año pasado, supedita la inclusión de la cláusula al “equilibrio final del acuerdo” y a que “responda a los intereses europeos”. Parece claro, que varios países consideran que esas condiciones no se cumplen porque temen, entre otras cosas, hacer frente a litigios que pueden llevar a indemnizaciones millonarias. si algún inversor estadounidesne considera que se ha violado el Acuerdo transatlántico.
La Comisión minimiza el riesgo y recuerda, con datos de la ONU, que los inversores europeos han sido históricamente los que más han invocado la cláusula de ISDS, con 299 de 568 pleitos planteados, es decir, algo más del 50%. Los Estados, además, suelen ganar en más de un 40%. Y en caso de perder, las indemnizaciones, según Bruselas, apenas superan los 10 millones de dólares de media.
Nueva sentencia sobre la ley hipotecaria española
El miércoles, 21 de enero, el Tribunal de Justicia europeo volverá a pronunciarse en Luxemburgo sobre la compatiblidad de las ley hipotecaria española con la directiva europea de protección del consumidor. Los jueces europeos ya han sentenciado dos veces en contra de España, lo que ha obligado al gobierno a retocar la norma para mejorar la protección de las personas hipotecadas que corren riesgo de ser desahuciadas por impago. En esta ocasión se cuestionan los tipos de interés por demora en el pago, aunque a juzgar por los dictámenes preliminares del caso, parece que España no recibirá un tercer varapalo. O al menos, no de tanta envergadura como los dos anteriores.
Pero esa cifra puede despistar, porque la mayoría de las demandas se han planteado contra países relativamente pobres, con Argentina (53 casos) a la cabeza. La factura resulta más elevada cuando los pleitos son contra un país europeo o contra EE UU, como señalan Elvire Fabry y Giorgio Garbasso en un exhaustivo análisis de la ISDS publicado este mes por el centro NotreEurope-Institute Jacques Delors de París. En esos casos las indemnizaciones han llegado a 800 millones de dólares, cuando paga un Estado europeo, y a 1.800 millones de dólares cuando le ha tocado pagar a EE UU.
El reciente arbitraje planteado por la petrolera Yukos, que ha condenado a Rusia a pagar a 50.000 millones de dólares, ha contribuido también a desconfiar de una alternativa extrajudicial que Europa había usado hasta ahora en su propio beneficio. No en vano, los acuerdos bilaterales de comercio se desarrollaron en paralelo con el proceso de descolonización a partir de medidos del siglo XX, con la progresiva incorporación también de la cláusula ISDS, como recuerdan Fabry y Garbasso.
Al miedo a las indemnizaciones se une la campaña que acusa a la ISDS de abrir la puerta para que las multinacionales impongan en Europa una relajación de legislaciones como la laboral, la medioambiental o la de seguridad alimentar. Los especialistas en la materia recuerdan, sin embargo, que los tribunales de arbitraje no pueden exigir la modificación de ninguna legislación, solo conceder indemnizaciones en caso de que una empresa se considere perjudicada. En el peor de los casos, señalan esos especialistas, se puede achacar a los acuerdos bilaterales de frenar la puesta en marcha de nuevas leyes, pero no de provocar la derogación de las vigentes.
El paraíso fiscal persigue a Juncker
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no logra librarse de su pasado como primer ministro de Luxemburgo, país bajo sospecha por el trato fiscal de favor que concede desde hace años a las multinacionales, En menos de tres meses al frente del organismo europeo, las acusaciones de paraíso fiscal contra Luxemburgo ya le ha costado a Juncker una moción de censura en el Parlamento Europeo, que no prosperó, entre otras cosas, porque sus impulsores solo fueron los grupos eurófobos y de extrema derecha. El luxemburgués afronta ahora una segunda amenaza más seria, en forma de comisión de investigación. La propuesta, impulsada por Verdes, ha recabado ya el apoyo de 195 europarlamentarios, siete más de los necesarios. La iniciativa de los Verdes pretende investigar los acuerdos fiscales firmados por los países de la UE con las multinacionales para comprobar si ha habido casos flagrantes de mala administración o violación de la legislación europea. La propuesta no menciona expresamente a Juncker ni a Luxemburgo, pero todos los grupos son conscientes hacia donde apunta la andanada. Los populares (grupo al que pertenece Juncker) y los socialistas (que apoyaron su nombramiento) intentan evitar que se ponga en marcha la comisión. Y por ahora han logrado retrasar la decisión, prevista para la semana pasada, hasta el 5 de febrero. Otra quincena de incertidumbre para un presidente de la Comisión que no logra asentarse en el cargo.