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800.000 autónomos afectados por el IVA franquiciado

IVA de franquicia: Entre la simplificación administrativa y las barreras fiscales para pequeños empresarios y autónomos en España

Desde octubre de 2022, un grupo de trabajo compuesto por el Ministerio de Hacienda, agentes sociales y organizaciones de autónomos ha estado explorando formas de reformar la fiscalidad de estos trabajadores, con un enfoque particular en simplificar trámites administrativos y adaptar la Directiva Europea 2020/285 de la UE.

En este contexto, tanto la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) han presentado sus puntos de vista sobre las medidas específicas adoptadas por el Gobierno.

Entendiendo el IVA de Franquicia

El IVA de franquicia, también conocido como régimen de IVA especial para pequeñas empresas en algunos contextos, es un mecanismo fiscal diseñado para simplificar las obligaciones tributarias de las pequeñas empresas y autónomos. Este régimen permite que aquellos con una facturación anual por debajo de un umbral específico, establecido en 85.000 euros en el caso de España, estén exentos de cargar IVA a sus clientes. La intención detrás de esta medida es doble: reducir la carga administrativa asociada a la gestión del IVA y fomentar la competitividad al permitir precios más bajos para los consumidores.

La aplicación de este régimen implica que los autónomos y pequeñas empresas elegibles no necesitan declarar ni ingresar el IVA recogido a la hacienda pública. Como resultado, estos empresarios quedan liberados de presentar las declaraciones trimestrales de IVA, así como el resumen anual. Al no repercutir IVA en sus facturas, la gestión contable se simplifica notablemente, permitiéndoles centrarse más en el desarrollo de su actividad económica.

Las ventajas del IVA de franquicia son claras en términos de simplificación administrativa y reducción de costes operativos. Al estar exentos de cargar y declarar el IVA, los autónomos pueden ofrecer sus servicios o productos a precios más competitivos, lo cual puede ser especialmente beneficioso en mercados altamente competidos. Además, este régimen alivia la carga burocrática, permitiendo a los autónomos dedicar menos tiempo a la gestión fiscal y más al crecimiento de sus negocios.

Postura de UPTA

UPTA ha criticado la decisión del Gobierno de no aplicar el IVA de franquicia a los autónomos que operan únicamente dentro de España. Según Eduardo Abad, presidente de UPTA, esta medida es crucial para cerrar la brecha fiscal entre los autónomos y las sociedades, argumentando que los autónomos enfrentan una carga tributaria y burocrática desproporcionadamente alta en comparación con las grandes empresas.

Abad enfatiza la necesidad de establecer ventajas fiscales que hagan más llevadera la carga tributaria para los autónomos, así como aliviar los trámites burocráticos a los que se enfrentan.

La Visión de ATA

Por otro lado, ATA, representada por su vicepresidenta Celia Ferrero, también expresa su decepción por la reticencia del Gobierno a implementar el IVA de franquicia a nivel nacional. ATA subraya la importancia de agilizar la adopción de este régimen, criticando que España sea el único país de la Unión Europea que no aplica este sistema de IVA a los autónomos con una facturación inferior al umbral establecido.

Ferrero recalca la necesidad de avanzar en la simplificación administrativa y fiscal para los autónomos, especialmente en un momento en que se prevé la progresiva eliminación del sistema de módulos y se busca mejorar el derecho al error tributario.

Hacia un consenso

Ambas organizaciones coinciden en la importancia de adaptar la Directiva Europea y en la necesidad de una reforma fiscal que contemple la realidad y las dificultades de los autónomos en España. La discusión subraya la urgencia de encontrar un equilibrio que permita a los autónomos beneficiarse de un marco fiscal más justo y menos complejo, alineado con las prácticas de otros países de la Unión Europea.

La propuesta del IVA de franquicia es vista por ambas partes como un paso adelante hacia la equidad fiscal y la simplificación administrativa, poniendo de manifiesto la necesidad de un diálogo continuo entre el Gobierno, las organizaciones de autónomos y otros agentes sociales para desarrollar un sistema tributario que reconozca y apoye el papel vital de los autónomos en la economía española. La búsqueda de consenso y la implementación de medidas efectivas serán claves para fortalecer el tejido productivo del país y asegurar un entorno de negocios más favorable para los trabajadores por cuenta propia.


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