La rabia por la vivienda quiere cambiar la política. Es más difícil en un país de propietarios
La crisis habitacional inflama a la juventud y anima a las izquierdas a ensayar nuevas fórmulas. Los dos ‘decretos Maricarmen’, condenados al fracaso, contienen medidas necesarias y otras cuestionables. Lo peor es lo que no se ha hecho
La crisis en el acceso a la vivienda es el problema social más explosivo de nuestro tiempo. Se ha convertido en la gran causa de toda una generación, por delante de otros desafíos notorios, desde la crisis climática a los efectos de la inteligencia artificial. Y es la cara más sangrante de otros dos dramas conectados: la desigualdad y el aumento del coste de la vida. La ciudad se gentrifica y, mientras desaparecen pequeños negocios en favor de cadenas sin alma, los pisos turísticos van conquistando portales, algunos fondos compran pisos con bicho para dejarlos sin bicho y cada renovación del alquiler implica una subida estratosférica si es que no una invitación a salir por la puerta. La frustración de los jóvenes, que comparten muchos adultos, tiene efectos en nuestro modo de vida: afecta a la edad de emancipación, que hoy en España sobrepasa la treintena, y esto a su vez deprime la natalidad, que está en mínimos. Es terrible que muchos jóvenes piensen que no tendrán una vivienda digna hasta que hereden la de sus padres, que gozan de buena salud. Se ha generado un estado de ánimo muy sombrío en el segmento de edad de la población que debería ser nuestra gran esperanza.
Hace un par de décadas, cuando el precio de la vivienda ya escaló a precios insoportables hasta reventar a partir de 2008, se les dijo a los jóvenes que no debían empeñarse en comprar su piso, que esa es una rareza española, una herencia del franquismo, que pensó un país de pequeños propietarios para alejarnos del comunismo. Que se pasaran al alquiler, que es lo más corriente en Europa. Ahora vemos que los que no se podían permitir una hipoteca tampoco pueden con un alquiler. Los precios de la vivienda se han disparado (un 50% en 10 años) muy por encima de los salarios (un 30% en el mismo periodo). Y hay demasiada inversión (llámela especulativa o no, toda busca la rentabilidad) metida en el ladrillo, en vez de en la Bolsa u otros activos, adicción de la que sería bueno irnos quitando.
El malestar de los jóvenes, y no solo de ellos, resuena de forma creciente y tiene ya efectos políticos inmediatos. En paralelo al auge de la ultraderecha global, despunta una izquierda muy enfocada en la crisis habitacional. Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, un demócrata que no duda en definirse como socialista, centró su campaña en la congelación de los alquileres y, nada más tomar posesión, cumplió su promesa para un millón de viviendas. En Berlín acaba de ganar las elecciones regionales Die Linke, la fuerza de los llamados poscomunistas, con la promesa de expropiar 200.000 viviendas a las grandes inmobiliarias, que no será fácil de cumplir. El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, ha sorprendido con un plan para la vivienda que acabará con la opción de compra sobre los pisos sociales, un modelo vigente desde los años de Thatcher, para que sigan disponibles en alquiler. Burnham dará además capacidad a los municipios para expropiar viviendas vacías a “propietarios ausentes que reciben subsidios sociales y se niegan a reinvertir las casas que alquilan”.
Una izquierda que viene de muchos años de desorientación tiene la oportunidad de agarrar esta bandera para reconectar con las clases trabajadoras. Engancha así con la demanda de los ciudadanos donde todavía es fuerte: las grandes ciudades. Porque Madrid es una sonora excepción en una tendencia occidental por la cual las megaurbes se inclinan a la izquierda y el resto del territorio, el rural y las ciudades pequeñas o medianas, lo hace a la derecha (o la ultraderecha).
Fue desahuciada Maricarmen, un caso entre los miles que se dan cada año, pero su cara tocó nuestra fibra sensible. Fue la chispa para que, 15 años después del 15-M, volvieran a plantarse las tiendas de campaña en la Puerta del Sol, en Madrid, y en el centro de otras ciudades. La rabia acumulada habría despertado de otra forma o con cualquier otro caso. Esa juventud, a la que se acusa a menudo de ser pasiva y hedonista, hace bien en hacerse visible, en elevar la voz para obligarnos a escucharla. Es ridículo el intento de algunos de criminalizar una reivindicación tan justa. Y el Gobierno reaccionó al fin, precisamente cuando estaba más débil que nunca por la crisis de Ceuta, cuando parecía encaminarse a un agónico fin de legislatura sin grandes objetivos. Es su última oportunidad de movilizar a los suyos, y de cambiar el tema de conversación a lo que preocupa más en la calle. Si los decretos fracasan, como parece seguro que ocurra después de que Junts haya decidido votar en contra, pueden convertirse en una especie de programa electoral (quizás para unos comicios más cercanos de lo que pensábamos, pero eso solo lo sabe Pedro Sánchez).
Los dos decretos Maricarmen, que este viernes se someten a la aprobación del Congreso abocados al no, contienen muchas medidas que requieren un análisis detallado. Unas más que oportunas, por criterios de humanidad, otras bienintencionadas pero cuestionables en su eficacia. Tampoco es que sean extravagantes: se parecen a las fórmulas que se ensayan en otros países europeos o en la Nueva York de Mamdani. Se han roto tabúes al abordar este problema en todas partes. Con todo, ver tantas actuaciones juntas en esos dos decretos, tras tantos años sin hacerse gran cosa, ha sido sorprendente. La norma pone límites a los desahucios y a las renovaciones de los alquileres, a las compras de fincas por los grandes fondos (en el texto no se les llama buitres, pero se les distingue), incentivos fiscales para caseros e inquilinos, castigo fiscal a los pisos turísticos, créditos al 0% para la compra... Y hasta se ha colado aquí algo que no tiene que ver pero hacía falta: la cuenta de ahorro europea.
Las ideas más controvertidas, desde la prórroga automática e indefinida de los contratos hasta la indemnización que deberían pagar los caseros a los inquilinos a los que sacan de su vivienda, han quedado en un segundo decreto que estaba, mucho antes que el primero, condenado a ser rechazado en la Cámara baja, y por lo tanto escrito sin mucha convicción. Se daba por hecho que Junts votaría contra este segundo decreto, pero anoche decidió votar también contra el primero. Si el partido posconvergente se debatía entre su tradición pequeñoburguesa y la presión de la calle, al final toma partido por la primera. Por el pequeño propietario, que forma parte en gran medida de su electorado. Del resto de partidos, PNV y Coalición Canaria apoyan el primer decreto y rechazan el segundo, lo que sigue el plan de la parte socialista del Gobierno. Podemos jugó al maximalismo, esa manía de pedir la luna y no conformarse con tres cuartos de luna, pero entendió que sería imperdonable hacer fracasar el plan y votará hoy a favor. Las cuentas no salen. No hay, nunca hubo estos cuatro años, una mayoría progresista en el Congreso. Tumbarán los decretos las derechas: PP, Vox y Junts.
Las medidas que salieron del Consejo de Ministros, y que van a naufragar en el Congreso, habían dado para mucho debate. Paco Cerdà se preguntaba en este artículo por qué el Gobierno se decidió a hacer en ocho días lo que no hizo en ocho años, y es una cuestión oportuna. Cabe aclarar que hubo un decreto en la misma dirección, que llegó a entrar en vigor en marzo pero decayó en abril, rechazado también por Junts, PP y Vox en el Congreso. Antes, la ley de vivienda de 2023 trataba de enfrentarse al problema con topes al precio del alquiler en zonas que se declaren tensionadas, pero la norma ha sido boicoteada por las administraciones autonómicas del PP, que son la mayoría, hasta hoy. Hace unos meses se presentó un plan estatal de vivienda dotado con 7.000 millones de euros, que requiere el concurso de las comunidades autónomas, si bien el plazo 2026-30 implica que lo gestionará en su mayor parte otro gobierno.
Lo que no se ha hecho en estos ocho años, ni tampoco en los anteriores, es promover vivienda social o asequible al ritmo que se había prometido. Las VPO entregadas en España el pasado año fueron poco más de 11.000, una cifra ridícula para las necesidades, para colmo un 22,7% menos que en el ejercicio anterior. Y ese mismo 2025 solo se terminaron 91.000 viviendas de cualquier tipo, un tercio de las que se hacían en los noventa. Esto en un momento en que ha crecido mucho la población española (y el turismo). La responsabilidad de que esto no se haga, por cierto, está muy repartida entre los gobiernos nacional, autonómicos y municipales.
Frente a quienes rechazan cualquier intervencionismo en este asunto, la respuesta es fácil: la vivienda puede y debe ser regulada como lo son, meticulosamente, otros sectores esenciales para la sociedad, de la energía a los medicamentos. Y existe una clara demanda social de medidas para equilibrar una relación entre propietarios e inquilinos que se ha vuelto abusiva. Sin embargo, una regulación como la planteada por la coalición PSOE-Sumar implica riesgos.
Entre los economistas está extendida la idea de que penalizar a los caseros (ha vuelto la denominación “rentista”) es disuasorio para estos, que se pensarán mucho si sacan un piso vacío al mercado, más todavía elegir a inquilinos que puedan ser considerados vulnerables. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se ha referido a los posibles “efectos indeseados” de la norma; aunque avisó de que no la había leído en detalle, cuesta pensar que los detalles le hagan cambiar de opinión. Jorge Galindo ha detallado en este artículo algunas de las posibles consecuencias de “proteger a quien ya está bajo un techo a costa de quien aún no lo tiene”. Explica: “Un propietario que sabe que le costará mucho recuperar su vivienda si un inquilino vulnerable deja de pagar tenderá a evitar a cualquiera que lo parezca”. Coincide con esa idea el economista Santiago Carbó, quien añade: “Es paradójico que buena parte de la conversación pública se concentre en cómo intervenir sobre las viviendas que ya existen cuando el gran reto consiste también en lograr que dentro de diez años existan muchas más”.
Lo peor de los fallidos decretos del Gobierno es lo que no contienen: un impulso a la construcción de viviendas, las protegidas y las del mercado libre. Si faltan 700.000 viviendas en el país, según el Banco de España, y pronto serán un millón, proteger a los inquilinos actuales puede aliviar una emergencia social, loable propósito, pero no da soluciones a quien aspira a ser inquilino y no le llega la nómina. Podemos se empleó a fondo en vetar cualquier reforma en la Ley del Suelo, con un discurso demonizador de la iniciativa privada en la vivienda. Pero hacen falta centenares de miles de casas, y ojalá la promoción pública haga muchas de ellas, pero estas también necesitan que se agilicen los plazos, hoy desesperantes, de cualquier nueva construcción de pisos. Otro asunto es si las constructoras están en condiciones de edificar al ritmo necesario: las más grandes se retiraron de este negocio después de la Gran Recesión para centrarse en la obra pública y la gestión de concesiones.
España sigue siendo el país de propietarios que era hace muchas décadas: de 19,5 millones de hogares, 14,3 millones viven en su propia casa y 5,2 millones en una de alquiler. La política tiene que conciliar intereses distintos mirando al interés general. Se habla mucho estos días de conflicto entre generaciones, y ese es un camino peligroso. Se señala la brecha de ingresos entre mayores y jóvenes, porque los primeros han salvado su poder adquisitivo desde la crisis y los segundos no; ahora se muestra una brecha entre propietarios e inquilinos. Cabe poner reparos a estas simplificaciones. Que no se nos olvide que los pequeños propietarios, los que solo tienen la vivienda que habitan como más de la mitad de los hogares de este país, suelen ser padres. Y aceptarían gustosamente que el inmueble que no planean vender detenga su revalorización meteórica con tal de que sus hijos puedan volar solos en vez de quedarse en casa, con mucha frustración, pasada la treintena.