La gasolina como árbitro entre la confianza y el conflicto social
Los gobiernos deben revisar para siempre la fiscalidad del carburante, que se marcará cotas más altas en invierno
“Si no tienen pan, que coman pasteles”, dicen que dijo la reina María Antonieta cuando la movilización popular, impulsada por la carestía y el precio del pan, desató la Revolución Francesa de 1789. Y, aunque nadie ha acreditado documentalmente que tal cosa dijera, es incontestable que fueron las malas cosechas de los dos años previos las que excitaron los ánimos de la población, y que los virulentos estallidos sociales que encendieron la mecha de algunas de las grandes revoluciones tuvieron entre sus levaduras la escasez y carestía del pan de cada día. Hoy el pan de cada día lo simboliza la gasolina (todos los carburantes), que marca precios récord en todo el mundo, hunde la confianza de los agentes económicos y amenaza con desatar un generalizado conflicto social. En Francia fue el detonante del estallido de los chalecos amarillos en 2018 y todo indica que se repetirá este otoño y este invierno, y, a buen seguro, no solo en Francia.
La gasolina (los carburantes), con el petróleo en los cien dólares por barril, es a nivel macroeconómico la punta visible del iceberg inflacionista desatado por la guerra de Irán, además de convertirse por sí misma, si se mantiene mucho tiempo la situación, en el tumor maligno que genere metástasis inflacionaria en el resto de los bienes y servicios de consumo. Pero en el plano microeconómico, figura entre las primeras partidas de gasto de las familias en las sociedades altamente urbanizadas, así como en las empresas dedicadas a la movilidad y la logística o en las explotaciones agrarias. De hecho, la sensibilidad que genera el precio de la gasolina (los carburantes y toda la energía) es tan penetrante que toca hasta la fibra de los gobiernos, que subvencionan parte del coste cuando los precios son desorbitados, aunque en paralelo se lucran con una imposición cuasi confiscatoria.
En definitiva, el precio de la gasolina se ha convertido en las sociedades industrializadas y urbanizadas en el árbitro de la confianza de los consumidores y las empresas, pero también del malestar social. En el caso de España no se estrenó un Índice de Clima del Consumidor a iniciativa del Instituto de Crédito Oficial hasta 2004, y solo unos pocos años después pasó a manos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en tanto que Estadística elaboraba un indicador de similar naturaleza para las empresas.
Y, cosa curiosa, en los primeros pasos del indicador, los técnicos que lo diseñaron se sorprendieron de que la mayoría de las oscilaciones producidas en las opiniones de los consumidores se inclinaban hacia el optimismo o el pesimismo siguiendo la senda que marcaban los precios del petróleo y de la gasolina. Lógicamente, este sesgo se manifestaba en ausencia de otros acontecimientos de mayor enjundia que pudieran movilizar el estado de ánimo de los encuestados, y que a la postre conformarían las corrientes de opinión sobre la marcha de la economía.
Hoy, aunque pueden bucearse varios aspectos que oscurezcan las expectativas de las sociedades, la fuerte subida de los precios de la energía, y la gasolina como el más simbólico, se llevan la palma. Los indicadores de confianza en toda Europa, en EE UU y en casi todas las sociedades avanzadas marcan valores negativos. Y en todas las economías el precio de los carburantes (gasolina, gas y gasóleo) marca cotas desconocidas que han activado de forma subyacente las protestas en muchos lugares y en paralelo han puesto en alerta a los gobiernos, que preparan pequeños y pasajeros antídotos fiscales.
Alemania, Holanda, Dinamarca, Finlandia o Francia tienen ya los precios de las gasolinas y los gasóleos en los surtidores en 2,6 euros por litro, y en algunos puntos de venta aparecen ya déficits de suministro de alguna de las referencias. En España se venden ya a dos euros por litro en la mayoría de los surtidores, y, como en otros lares, el Ejecutivo se prepara para prolongar la cicatera y declinante rebaja fiscal para conductores, agricultores y pescadores que en principio tiene vigencia hasta hoy, 30 de septiembre. Porque la presión seguirá en otoño e invierno, ya que el instigador del conflicto de Irán que tiene rehén al petróleo (el presidente Trump) quiere restringir sus exportaciones por las dificultades del propio mercado estadounidense y, sobre la guerra, habla de negociación y acuerdos, pero con la acostumbrada frivolidad política de siempre: “No me preocupan las elecciones de medio mandato de noviembre; yo no me presento, y seguiré aquí dos años y medio más”.
Algo habrán de hacer los gobiernos. Algo que vaya más allá en el tiempo que estos alivios efímeros que salen del bolsillo de los propios consumidores, incluso de los propios impuestos que desembolsan por consumir carburantes, y que tienen un carácter cuasi confiscatorio. En números redondos, en España, Hacienda se embolsa en condiciones normales casi un euro de cada dos que el consumidor abona en la estación de servicio por llenar el depósito de carburante, y no hay ni un solo producto en el mercado, si acaso el tabaco, que soporte mayor carga fiscal. De hecho, Hacienda pasa la garlopa fiscal tres veces sobre la gasolina y el gasóleo en el surtidor. Aplica un tipo general del Impuesto sobre Hidrocarburos (0,4007 euros por litro), un tipo especial de 72 euros por cada 1.000 litros, y un IVA del 21% sobre una base imponible conformada por el precio original más los dos impuestos sobre Hidrocarburos.
Algo habrá de hacer el Gobierno. Dado que los carburantes se han convertido en bienes de primera necesidad, en el pan de cada día, es pertinente la discusión acerca de si tiene sentido estructuralmente mantener tal presión impositiva sobre ellos. El argumento de su elevado nivel de contaminación pierde consistencia si tenemos en cuenta que los erarios públicos pusieron sus avariciosas manos sobre los carburantes hace varias décadas, antes de que el debate sobre su efecto perverso sobre el medio ambiente llegase a nuestras vidas.
Admitamos que no volverán las políticas patrióticas de los años setenta del siglo XX, cuando la gran crisis del petróleo fue combatida en España con la absorción por parte del presupuesto público del encarecimiento de los carburantes. No volverán tales prácticas porque no tienen sentido económico y los agentes económicos deben hacerse cargo de los costes de sus inputs y sus consumos. Pero es pertinente preguntarse si tiene sentido una presión fiscal tan elevada sobre bienes de primera necesidad económica, que reportan, además de una descomunal transferencia de renta hacia los países productores de petróleo y gas, una no menos descomunal a las arcas públicas de tu país.
Los Estados son insaciables en la absorción de recursos para atender sus ampliaciones, justificadas o no, del catálogo de servicios; y por ello nunca es buen momento para renunciar a los jugosos ingresos que proporciona un producto, por muy básico e insustituible que sea su consumo, por costoso que sea para las familias y las empresas y por nocivo que sea el efecto que proyecte sobre la actividad. Pero lo razonable está en el aristotélico concepto del justo medio: ni cargar sobre el Estado el coste extraordinario, ni cargarlo sobre los consumidores para convertirlo en renta del Estado. Buscar una fiscalidad equilibrada y neutral, y evitar concesiones asimétricas cada vez que llega una crisis energética. ¿Renunciará el Gobierno a parte de su fortuna?