El ‘metaadministrado’ 2.0 frente a la Administración 1.0
Los ciudadanos que adopten la inteligencia artificial ganarán velocidad, información y poder negociador ante la burocracia
Cuando comenzó el auge de la IA generativa, especialmente tras el lanzamiento público de ChatGPT a finales de 2022, había más dudas que certezas. Pero hoy, a medida que se generaliza su uso, empezamos a acumular las segundas. Y la primera es que no parece que vayan a errar mucho aquellos que entonces la definieron como una revolución tecnológica comparable, por su alcance potencial, con la máquina de vapor, el ferrocarril, la electrificación o Internet. Pero ¿tardaremos tanto como en algunas de ellas en desplegar sus efectos? ¿Veremos antes estallidos de burbujas empresariales? El precedente más citado de esto último es el de las puntocom en 2000, aunque ahora hay una diferencia. Muchas empresas de aquella época dependían, para materializar sus ingresos potenciales, del uso generalizado de un dispositivo, concretamente el smartphone con acceso permanente a Internet, que entonces apenas existía.
Ahora, los potenciales usuarios de la IA disponen, sin tener que incurrir en costes de hardware adicionales, de abundantes dispositivos móviles (smartphones, tabletas o portátiles) conectados a Internet, para sacar el máximo rendimiento de su uso, por lo que estaríamos avanzando con la IA, más rápidamente que en las revoluciones antes citadas, hacia una sociedad de ciudadanos aumentados. Es decir, personas capaces de planificar mejor sus vacaciones este verano, optimizar sus compras y su ahorro, crear o ampliar un pequeño negocio o perder el miedo a relacionarse con una Administración parapetada en intrincadas capas de burocracia.
Incluso, y eso es aún más sorprendente respecto a revoluciones anteriores, parecería existir una asimetría en el uso de la IA a favor de los particulares, independientemente de su nivel de renta, frente a las grandes empresas o administraciones. Esto se debe a que un particular puede utilizar modelos avanzados de IA generativa desde su dispositivo móvil habitual, mediante cuentas gratuitas o, en el escenario más costoso, con suscripciones con precios asequibles similares a los que paga por Netflix. Solo tendrán que ceder datos personales o renunciar a parte de su privacidad de forma similar a como ya hacen, sin grandes remilgos, al aceptar las condiciones de uso de múltiples aplicaciones gratuitas o al utilizar redes sociales.
En cambio, el despliegue masivo de la IA en administraciones y grandes empresas exige costosos contratos, la actualización de sus infraestructuras e inversiones en formación de su personal y, especialmente, protección y tratamiento de sus datos, que realmente son propiedad de sus clientes o administrados, y cuya custodia tienen encomendada. Todo ello hace que la adopción de la IA institucional, especialmente en la Administración, avance más despacio que la individual.
Además, de nuevo, la evidencia ya disponible (véase el citado paper de Brynjolfsson y coautores en The Quarterly Journal of Economics) indica que la IA está aumentando sobre todo la productividad de quienes tienen menos formación y experiencia, disminuyendo la brecha de capacidades y, como señala el trabajo de Calvino y coautores (publicado en la serie de documentos de trabajo sobre IA de la OCDE), ayuda a superar las barreras de entrada burocráticas.
Estas ventajas están transformando significativamente la relación entre la Administración y los administrados. Hasta ahora, recurrir una sanción, obtener una licencia para abrir un negocio, realizar trámites con la Seguridad Social, comprender una liquidación tributaria o responder a un requerimiento exigía tiempo, conocimientos y, con frecuencia, un asesoramiento demasiado costoso para buena parte de la ciudadanía. No eran pocas las veces en que la Administración ganaba por la incomparecencia del administrado.
Incluso aunque la Administración pudiera reclutar un nuevo ejército de funcionarios altamente cualificados a corto plazo, algo inverosímil debido a sus garantistas procesos de selección, difícilmente podrá contrarrestar el empuje de una legión en ciernes de metaadministrados, mejorados con IA. La Administración debe acelerar la introducción de la IA, empezando por casos de uso de bajo riesgo, en entornos cerrados y auditables, o sandboxes, trabajando con datos anonimizados, y siempre bajo la estricta supervisión humana de funcionarios previamente formados. Mientras tanto, se puede ganar tiempo desincentivando las reclamaciones, por ejemplo, con mayores reducciones de las sanciones si se acepta el pago sin recurrirlas, o apoyándose en agentes externos para aumentar la capacidad de tramitación pública, como serían las Entidades Urbanísticas Certificadoras.
En resumen, y como también pasó con revoluciones tecnológicas pasadas, la IA parece desmentir, al menos por ahora, a los tecnopesimistas, especialmente a aquellos que plantean distopías tecnofeudalistas, con una ciudadanía sierva de corporaciones y administraciones omniscientes. De hecho, parece estar ocurriendo lo contrario. Los ciudadanos ganan en información, capacidad de respuesta y poder negociador y previsiblemente pronto estarán preparados para derribar las puertas de la Bastilla digital de la Administración 1.0, que en no pocas ocasiones sigue operando con procedimientos diseñados en el siglo pasado.
Pero la Administración 1.0 evolucionará y, cuando incorpore masivamente la IA generativa, esas puertas ya no estarán vigiladas solo por funcionarios, sino también por algoritmos capaces de leer reclamaciones, comprobar documentos, detectar patrones y preparar respuestas en cuestión de segundos. Habremos entrado en la era de los metaadministrados y las metaadministraciones. Una IA recurrirá la decisión que otra IA habrá ayudado a adoptar. IA contra IA, donde los algoritmos discutirán entre sí sobre impuestos, sanciones, licencias y prestaciones, mientras ciudadanos y empleados públicos supervisan una conversación desarrollada a una velocidad y con una complejidad crecientes, pero que desembocará en una Administración más eficiente y accesible. Eso sí, que sea más justa dependerá de nuestros legisladores, aunque quizás entonces también se hayan convertido en metalegisladores.