El plan de vivienda de la UE, visto desde la calle
La primera estrategia común europea contra el sinhogarismo llega sin garantías suficientes
En enero de este año la Comisión Europea presentó algo que hasta ahora no existía: un Plan Europeo de Vivienda Asequible, la primera hoja de ruta común de los 27 países de la UE para una crisis que lleva ya una década disparando los precios en todo el continente. Las cifras que maneja Bruselas dan una idea del tamaño del problema. Los precios han subido un 58% en diez años, un 72% en España, y en Lisboa el alquiler se come el 116% de un salario medio. Hay un dato que suele quedar fuera de esa foto y que importa tanto o más: más de un millón de personas duermen sin techo en Europa cada noche. Ese dato cambia la pregunta que hay que hacerle al plan. No basta con preguntar si se va a construir más vivienda. Hay que preguntar a quién va a llegar.
Hay que reconocerle al plan varias cosas. Es la primera vez que las personas sin hogar aparecen como grupo prioritario explícito en una estrategia europea de vivienda, y no es un detalle menor. Se crea además una línea de financiación específica dentro de una nueva Plataforma Paneuropea de Inversión, pensada para vivienda social y para soluciones de tipo housing-led (dar una casa como primer paso, no como recompensa final tras resolver otros problemas), y el plan se apoya en el modelo Housing First, que lleva años acumulando evidencia como el más eficaz para sacar a alguien de la calle de forma duradera. A todo esto se suman metas más generales: movilizar miles de millones en inversión, poner en uso la vivienda vacía (un 20% del parque europeo lo está) y formar a tres millones de trabajadores de la construcción al año hasta 2030, porque parte del problema, sobre todo en países como España, es que faltan manos para construir lo que se necesita. El comisario de Vivienda, Dan Jørgensen, lo resumió con una frase que se le quedó a más de uno al presentar el plan: en estas fechas casi todos volvemos a casa, pero no todos tienen una casa a la que volver.
Ahí termina la parte fácil de aplaudir. El sector social que trabaja a diario con personas sin hogar lleva meses señalando varias grietas del plan, y no son menores. Una tiene que ver con las palabras, que en estos textos importan más de lo que parece: el plan habla de una futura recomendación del Consejo “contra la exclusión residencial”, cuando la propia Presidencia danesa de la UE había pedido algo más concreto, una recomendación específica para acabar con el sinhogarismo. El cambio de término no es cosmético. Una recomendación centrada explícitamente en personas sin hogar obliga a los Estados a algo más claro y medible que un concepto tan amplio como “exclusión residencial”.
Luego está el dinero, que es donde casi siempre se decide si estas cosas funcionan de verdad. El plan permite a los países destinar fondos europeos a combatir el sinhogarismo dentro de sus planes nacionales, pero la palabra clave es “permite”: la decisión sigue siendo de cada Estado. Sin una reserva de fondos obligatoria por normativa, es fácil que ese dinero termine yéndose a otras prioridades, y dentro de la propia Comisión hay bastante resistencia a imponer esa reserva porque choca con su agenda de simplificación administrativa.
Y hay un tercer punto, más técnico, pero con consecuencias reales: el plan crea una nueva categoría legal, “vivienda asequible”, tratada como servicio de interés económico general junto a la vivienda social de siempre. El riesgo es que esta nueva etiqueta acabe compitiendo por los mismos recursos que hoy financian vivienda social genuinamente subvencionada, diluyendo el dinero entre más categorías sin que llegue más ayuda a quien más la necesita.
Hay un punto ciego que ilustra bien hasta qué punto un plan centrado en “construir más” puede dejar a gente fuera, por ejemplo, el estatus migratorio. El propio Jørgensen reconoció, casi de pasada, que buena parte de las personas sin hogar en un país europeo son en realidad ciudadanas de otro país europeo, que tras perder su empleo no logran demostrar que siguen siendo “trabajadoras” a efectos legales, ni acreditar recursos suficientes, y acaban perdiendo el derecho de residencia y el acceso a ayudas sociales. Se han documentado casos así en Bruselas, Barcelona, Estocolmo o Münster. Con solicitantes de asilo y refugiados pasa algo parecido, y todavía más grave: en Irlanda la falta de plazas de acogida ha dejado a miles durmiendo en campamentos improvisados en Dublín, y en Grecia la sobreocupación de los campos empuja a mucha gente a vivir en tiendas de campaña.
No hace falta pensar demasiado para ver el patrón detrás de estos casos: construir vivienda no sirve de mucho si el acceso a ella sigue dependiendo de la nacionalidad, del estatus de residencia o de poder demostrar papeles y recursos que mucha gente en situación vulnerable simplemente no tiene. Y ese mismo tipo de barrera burocrática, más allá del caso migratorio, probablemente afecta también a otros colectivos que el plan trata como una cifra más dentro del parque de vivienda vacío o por construir.
Feantsa, la federación europea de organizaciones que trabajan con personas sin hogar, resume bien cómo lo ha recibido el sector: ni un rechazo ni un aplauso sin matices. Pide fondos protegidos por ley, una recomendación específica sobre personas sin hogar y que se tenga en cuenta a quienes hoy quedan fuera del sistema por su situación administrativa. Sin eso, avisa, el primer plan europeo de vivienda corre el riesgo de quedarse en un gesto político bien financiado.
Vivienda asequible, probablemente, va a haber más. La duda, con el diseño actual, es si va a llegar a quienes hoy ya no tienen ninguna.