Una oportunidad que no puede quedar atrapada en el bloqueo político
El bloqueo parlamentario mantiene sin transponer la directiva europea que activa el Fondo Social para el Clima
De vez en cuando, conviene indagar el origen y significado de las palabras. Haciendo este ejercicio con política, el origen griego de la palabra de la que deriva nos revela que significa ciudad. Así, hay un proceso lógico muy sencillo para desentrañar que la política es un servicio a los que hacen ciudad, comunidad, es decir, a los ciudadanos. Debería ser absurdo recordar esto, pero el clima político actual nos anima a hacerlo, a tenor de una parálisis legislativa que no solo afecta a las cuestiones que más frontalmente enfrentan a los partidos políticos, sino también a aquellas que no entienden de colores políticos porque redundan en el bien de todos.
Pocas cuestiones afectan más al bienestar y al día a día de las personas que viven en España que las dos que se mencionan a continuación. Primero, la movilidad, que nos importa a todos por igual: desde aquellas personas que viven en grandes ciudades y que se enfrentan a atascos o a transportes públicos concurridos para llegar a su centro de trabajo hasta aquellas que, en zonas menos pobladas, deben cubrir grandes distancias para desplazarse y no cuentan con muchas opciones de transporte. La segunda cuestión es la de las duras consecuencias que, en nuestro país en concreto, pero en todo el mundo en general, está provocando la emergencia climática y cuya solución no puede hacerse esperar más.
Precisamente, una normativa europea afronta ambas cuestiones. Es la Directiva europea 2023/959, que establece un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión, conocido como ETS2, y que contempla una ayuda económica conocida como Fondo Social para el Clima. En lo referente al transporte, el Fondo tiene como objetivo apoyar a los usuarios del transporte y a las microempresas vulnerables, mediante medidas e inversiones destinadas a garantizar un mejor acceso a la movilidad y el transporte de emisión cero y de baja emisión.
De dicho Fondo depende el Plan Social para el Clima, impulsado por el Gobierno español y cofinanciado con la UE y cuyas partidas superan los 9.000 millones de euros, más de 4.300 de ellos para medidas en materia de la descarbonización del transporte. Y es en este punto en el que la política no está haciendo su trabajo. Porque la imposibilidad de armar una mayoría parlamentaria respecto a casi cualquier cosa está provocando que la transposición al ordenamiento español de la citada directiva lleve meses bloqueada en el Congreso de los Diputados, habiéndose superado ya el plazo legal para hacerlo.
Este bloqueo lleva, a su vez, a otro, porque los fondos no pueden llegar a las empresas españolas para que inviertan en la descarbonización de flotas y mejora de los servicios sin haberse producido antes dicha transposición. Hay quien podría argumentar que las compañías del sector deberían adelantar las inversiones, con la esperanza de que los fondos lleguen posteriormente. Pero lo cierto es que esto sería una violación flagrante del espíritu de la norma: la directiva está concebida para destinar recursos a los colectivos vulnerables, ya sean estos colectivos hogares, usuarios o empresas.
Es decir, que sería cuando menos absurdo que una norma que busca proveer de fondos para la descarbonización, que supone un cambio de paradigma muy costoso, acabe derivando en que las empresas adelanten una inversión tan fuerte. La razón de ser del Fondo Social para el Clima es, precisamente, evitar que la transición energética recaiga de forma injusta sobre quienes tienen menos margen para adaptarse: hogares vulnerables, usuarios cautivos de la movilidad, microempresas y pequeñas empresas, y territorios donde no existen alternativas reales al transporte por carretera. El Plan Social para el Clima debe servir para financiar medidas de descarbonización, apoyar la renovación tecnológica, facilitar soluciones de movilidad limpia y garantizar que nadie quede atrás.
Además, no hay que pasar por alto que el nuevo sistema de comercio de derechos de emisión supondrá un incremento estimado de 12 céntimos por litro de carburante. Algo inasumible para las empresas. Por ello, es razonable reclamar que el Plan Social para el Clima se integre en una estrategia más amplia de acompañamiento al sector del transporte de viajeros por carretera, orientada a compensar parcialmente el impacto económico derivado del ETS2. También son razonables un programa extraordinario de renovación de flotas y un plan nacional de infraestructuras prioritarias para autobús, para mostrar un decidido apoyo al autobús como medio de transporte clave en la transición ecológica.
España tiene por delante una decisión importante. No una decisión ideológica, ni partidista, ni de corto recorrido. Es una decisión de país. La política tiene hoy la oportunidad de demostrar que, cuando está en juego el interés general, el acuerdo es posible. Transponer la directiva, activar el Plan Social para el Clima y garantizar que sus recursos lleguen a quienes realmente los necesitan no es una opción partidista. Es una obligación con los ciudadanos, con las empresas, con los territorios y con el futuro de una movilidad sostenible e inclusiva.