Farmacéuticas: ¿los nuevos enemigos del pueblo?
El nuevo presupuesto pretende recortar unos 2.000 millones de euros del gasto farmacéutico público español
A menudo, sale al mercado, autorizado por la Agencia Europea de Medicamentos, un nuevo compuesto con mayor eficacia terapéutica para tratar tu enfermedad y, sin embargo, el Sistema Nacional de Salud no te lo financia. O se financia en la comunidad autónoma vecina, pero no en la tuya. Esos agujeros normativos, en contra del derecho a tener acceso al mejor tratamiento sanitario disponible por parte de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, solo tienen una explicación: las autoridades sanitarias contemplan los medicamentos, de forma principal, por su coste sobre el gasto sanitario presupuestario en una decisión más determinada por Hacienda que por Sanidad, anteponiendo la salud financiera del Estado a la salud de sus ciudadanos.
Se nos filtra que, en este amago de Presupuestos que el Gobierno ha anunciado por enésima vez (y que presentará, pero fuera de plazo para ganar tiempo) piensa recortar ese gasto público que ha crecido un 11% tras tres años sin Presupuestos en, al menos, una partida: el gasto farmacéutico público que se quiere recortar en unos 2.000 millones de euros. La cifra puede sonar ridícula, comparada con el total del gasto, pero la intención política detrás del gesto es clara y tiene un trasfondo político para el Gobierno: señalar a las farmacéuticas como el próximo “enemigo del pueblo”.
Desde la deriva populista del Gobierno tras el abrazo con Podemos, se han ido señalando sucesivos “enemigos del pueblo”: grandes bancos, eléctricas, petroleras, fondos inmobiliarios, tecnooligarcas (menos la china Huawei, que avanza en concesión de contratos en contra de la recomendación europea) y así, como hace el populismo, canaliza el malestar ciudadano hacia un enemigo artificial, contra el que el Gobierno salvador combate adoptando alguna medida, inútil la mayoría de las veces, pero rentable a efectos publicitarios.
Las empresas farmacéuticas son, al parecer, el próximo objetivo del Gobierno orientado más a la agitación política que a la eficacia respecto al objetivo marcado: si se pretende reducir el gasto sanitario, es un error empezar por recortar el precio de los medicamentos al que compra la sanidad pública, principal fuente de demanda de medicinas hospitalarias o subvencionadas en farmacia. Me explico.
Un peso estable
Dejando al margen que el gasto o, mejor, inversión farmacéutica pública debe analizarse de manera global, es decir, contemplando también el gasto que ahorra, la realidad es que ha mantenido un peso estable sobre el PIB en las dos últimas décadas: entre un 1,5 y un 1,7%. Es decir, crece al mismo ritmo que la economía. Comparado con el conjunto del gasto público, sin embargo, su porcentaje ha disminuido hasta situarse en el entorno del 3,5%. Incluso si lo comparamos con el gasto sanitario total, también su peso ha disminuido desde el 29% en 2003 hasta el 24% 20 años más tarde.
Si tenemos problemas de sostenibilidad del gasto público, no han sido provocados por el gasto farmacéutico, que, como hemos visto, se ha mantenido estable comparado, por ejemplo, con el gasto en pensiones, que ha crecido de forma espectacular. Además, la evolución del gasto está directamente vinculada al incremento en el consumo de medicamentos por el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas y no por el aumento de su precio medio, que ha evolucionado por debajo del IPC. Si establecemos la comparación con la media de la eurozona, nuestro gasto público en medicamentos por habitante es un 33% inferior a la media, habiendo aumentado dicho diferencial en los últimos años.
El farmacéutico, como comprobamos en la pandemia, es de los sectores más estratégicos de la economía, ya que alarga la esperanza de vida, mejora el bienestar de los ciudadanos y contribuye a reducir bajas laborales y hospitalizaciones, reduciendo el gasto público por otras vías. Representa el 2% del PIB español, genera 27.000 millones de euros de valor añadido con sus 56.000 empleos directos de calidad y es uno de los principales motores del I+D nacional, al que aporta un 20%.
Es también de los más regulados, ya que necesita autorización para poner en el mercado sus productos; el precio de los medicamentos lo fija el Gobierno, que decide, también, si los financia desde el Sistema Nacional de Salud. Todo ello con base en una Ley de Medicamentos cuya reforma, 10 años después de la anterior, acaba de presentar el Ministerio y de la que quiero destacar, ahora, dos novedades: incorpora las sugerencias procedentes de Bruselas, como acelerar el proceso de incorporación de nuevos medicamentos, pero excluye el fomento de la innovación y, en segundo lugar, ha conseguido que las cinco asociaciones del sector, incluyendo fabricantes de genéricos y de medicamentos innovadores, se hayan puesto de acuerdo en rechazarla porque los cambios que propone, sobre todo, en la regulación de los precios donde se sustituye el precio de referencia por una horquilla de precios para la financiación pública, generan incertidumbre, facilitan las bajadas de precios y desincentivan el lanzamiento de nuevos medicamentos, incluidos los genéricos. El objetivo no es conseguir mejores medicamentos, sino más baratos, y ello “pone en riesgo el abastecimiento de medicamentos y el tejido industrial farmacéutico en España”, yendo en contra, incluso, de la loable Estrategia de la Industria Farmacéutica aprobada por este mismo Gobierno hace poco más de un año.
La nueva reforma tiene, por tanto, un único objetivo: recortar el gasto farmacéutico en Presupuestos, vía precios. Si desarrollar un nuevo medicamento innovador es un proceso que puede necesitar 15 años desde la fase de investigación a la comercialización y que, de 10.000 compuestos, solo uno acaba siendo un fármaco aprobado, o el riesgo asumido por la empresa inversora es adecuadamente retribuido en el precio, o ahogaremos la innovación.
Las medicinas que tomamos y el sector farmacéutico que las hace y mejora no pueden reducirse a una partida más del gasto público a recortar, dado su impacto sobre el empleo, la I+D y, sobre todo, la salud y el bienestar de los ciudadanos. Aunque con ello los populismos pierdan un falso enemigo al que atacar.