Un nuevo modelo de gobernanza en las cotizadas
La CNMV quiere acercar el modelo de gestión de la empresa española al británico, en línea con el BCE
La CNMV trabaja en una nueva versión del código de buen gobierno, en cuyos primeros borradores se plantea un giro copernicano en la gestión de las grandes cotizadas. El documento recomienda que separen de una vez por todas las funciones del presidente, representativas, de las del consejero delegado, con poder ejecutivo. Las razones detrás de este planteamiento son bien conocidas. Los reguladores aprecian que las labores del presidente de la compañía requieren de una dedicación y una independencia especial, que colisionan con el mando en el día a día de la empresa que tiene el consejero delegado.
El debate no es nuevo y ya ha pasado por la mesa de otras instituciones, como el Banco Central Europeo, que trabaja desde hace dos años en una guía en este sentido. En esta línea, la CNMV pone sobre la mesa un planteamiento que avanza en la mejora del gobierno corporativo en las sociedades cotizadas, en las que también se incluiría incrementar el peso de los consejeros independientes y la protección de los derechos de los inversores minoritarios. Es cierto que las recomendaciones del Código de Buen Gobierno no son de obligado cumplimiento, pero de introducirse esta recomendación, las grandes empresas del Ibex se verán obligadas a repensar su modelo y buscar nuevas fórmulas, o explicarse ante el regulador.
La norma está aún abierta al debate y por delante le queda un largo proceso. La CNMV ha constituido un comité de expertos, pilotado por su presidente, para debatir el texto final que sale a consulta pública. No se espera un documento definitivo hasta principios del año que viene. Dado que no es de obligado cumplimiento, la versión definitiva deberá contar con las aportaciones y el apoyo de un amplio arco de grupos de interés, desde el Gobierno hasta las asociaciones de inversores o empresariales, de modo que la construcción de un fuerte consenso haga que cumplir el nuevo código sea un imperativo ético para las empresas, aunque no lo sea legal.