La SEPI y el desorden industrial del Gobierno Sánchez
Cuestionado su papel en empresas clave, como Telefónica, Indra o Correos, y en irrelevantes, como Plus Ultra
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se creó el 10 de enero de 1996, sobre las cenizas del Instituto Nacional de Industria (INI), y bajo dependencia del Ministerio de Industria y Energía, hasta que Cristóbal Montoro, el todopoderoso ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, arrebató el control a sus colegas. Primero colocó a su amiga y socia Pilar Platero al frente de la SEPI y, después, consiguió cambiar la norma para adscribirla a Hacienda y nombrar todo el consejo. Parece irónico, pero Montoro logró el control total de la SEPI en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, aquellos que aprobaron con el apoyo del PNV, que a los pocos días cambió de bando y votó a favor de la moción de censura promovida por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que acabó con la presidencia de Rajoy.
Sánchez no ha hecho nada para cambiar un modelo que alejó a la SEPI de la política industrial y no la impregnó del rigor que se espera de Hacienda. Los hechos son que la SEPI y las empresas que están en su cartera han sido protagonistas de polémicas y escándalos, como el que ha llevado a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntamente intermediar en la concesión de ayudas a la aerolínea Plus Ultra y cobrar una comisión por ello.
En las primeras semanas del Gobierno Sánchez de 2018, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nombró presidente de la SEPI a Vicente Fernández Guerrero. Ambos llegaban a Madrid de trabajar juntos en la Junta de Andalucía; la primera como consejera de Hacienda y el segundo, como interventor general. Fernández dimitió en octubre de 2019 por su participación en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, procedimiento del que sería exonerado en diciembre de 2025. Pero la alegría le duró poco, ya que días después era detenido por orden de la Audiencia Nacional en un procedimiento abierto a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se le investiga por participar en un presunto entramado de adjudicaciones públicas irregulares desde la SEPI a cambio de comisiones. Fernández fue entre mayo de 2021 y febrero de 2023 director comercial de Servinabar, empresa navarra que habría actuado de tapadera de las actividades irregulares del ex secretario general del PSOE Santos Cerdán.
Tras la salida de Fernández, la presidencia de la SEPI la asumió de forma provisional el vicepresidente Bartolomé Lora durante casi año y medio, hasta que el 30 de marzo de 2021 fue nombrada Belén Gualda. Durante el período de interinidad estalló la pandemia de la covid. El 3 de julio de 2020 se creó el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dependiente de la SEPI, y en noviembre de 2020 el Consejo de Ministros aprobaba la primera ayuda: 475 millones de euros para Air Europa. No fue una gran sorpresa, dado el tamaño de la compañía y su relevancia para las comunicaciones en España, especialmente para la conexión de los dos archipiélagos y la península, y más en un país en el que el turismo tiene un peso enorme. La sorpresa saltó cuando el 9 de marzo de 2021 el Gobierno hizo público el segundo rescate, el de una aerolínea desconocida llamada Plus Ultra, a la que se inyectaron 53 millones de dinero público, a devolver en 2028, de los que 34 millones son un crédito participativo y el resto, un préstamo ordinario.
La argumentación que se reflejó en la Referencia del Consejo de Ministros es llamativa. “El transporte aéreo en España constituye un sector estratégico por su contribución al turismo, uno de los principales motores económicos del país”. Plus Ultra contaba únicamente con cuatro aviones alquilados que volaban tres días a la semana de Madrid a Lima y Quito y otros dos días a Caracas, adonde también salía los domingos desde Tenerife. Son vuelos irrelevantes para el turismo en España; en todo caso lo eran para los inmigrantes venidos de esos países y sus familias.
Pocas semanas después, Gualda asumía la presidencia de la SEPI y dejaba la dirección de la participada Navantia. Gualda, que profesionalmente había crecido en puestos de la Junta de Andalucía vinculados con las infraestructuras, no ha debido tener ni un día tranquilo. Además de la gestión del Fondo de Ayudas, tenía delante el desastre de gestión de Correos, que ha perdido 697 millones en los poco más de cinco años (2018‑2023) en que ha sido gestionada por Juan Manuel Serrano, que había sido mano derecha de Sánchez en el PSOE.
A la vuelta del verano de 2023, la empresa pública Saudi Telecom Company (STC) se coló en el capital de Telefónica y compró un 9,9%. No pasó de ahí porque requería autorización del Gobierno, que no solo dejó claro que no se la iba a dar, sino que aprovechó la coyuntura para meter al Estado, a través de la SEPI, en la operadora, y entre marzo y mayo de 2024 compró el 10% del capital de Telefónica. De camino, convenció a la Fundación La Caixa para que duplicara su participación y sumara a la causa otro 10%. Las participaciones de la SEPI y Caixa, con la connivencia de STC y el BBVA, fueron suficientes para provocar la caída del presidente de Telefónica, José María Álvarez‑Pallete, en enero de 2025. La gestión de este cese se realizó y comunicó desde el Palacio de la Moncloa, con la inestimable colaboración directa de Ángel Simón, que era el consejero delegado de Criteria Caixa, el holding de participadas de La Caixa, tenedor de las acciones de la operadora.
Pallete fue sustituido por Marc Murtra, entonces presidente de Indra, que, a su vez, fue relevado por Ángel Escribano, dando lugar a otro culebrón: la creación de un grupo de defensa con la fusión de Indra (28% en manos de la SEPI) y la empresa familiar de defensa de los hermanos Escribano. Isidro Fainé, presidente de La Caixa, acabaría cesando a Simón en Criteria en abril de 2025, y el Gobierno ha agradecido su colaboración en Telefónica nombrándole hace un mes presidente de Indra y sacando del capital y la gestión a los Escribano.
Todo el embrollo surgido en estos años alrededor de la SEPI y sus empresas participadas tiene que ver con la falta de una política industrial claramente definida y gestionada desde el ministerio del ramo. Esta desconexión organizativa ha facilitado las incursiones de Manuel de la Rocha Vázquez, director de la Oficina de Asuntos Económicos y G‑20 en la Presidencia del Gobierno, en La Moncloa, quien ha manejado los relevos en Telefónica e Indra, entre otras operaciones. Es lógico que el Gobierno influya en las empresas públicas y nombre a los gestores, puesto que son instrumentos de su política, pero no tiene sentido operar con organigramas ocultos, que impiden ser transparentes y exigir responsabilidades. Solo la luz es capaz de frenar a los vampiros que chupan los recursos públicos.