Un fondo para sortear la caducidad del dinero europeo
Cualquier proyecto económico que favorezca la inversión productiva resulta oportuno; más incierto resulta el apetito que generará en el sector privado
España Crece, el nuevo instrumento con el que el Gobierno pretende impulsar la inversión productiva, es desde este martes una realidad. El Consejo de Ministros activó ese fondo, como adelantó este diario, con una inyección inicial de 13.300 millones de euros provenientes del fondo europeo de recuperación, que caduca en agosto. La herramienta, etiquetada por el Ejecutivo como fondo soberano, aunque no reúne ninguna de sus principales características, nace de esa necesidad (eliminar la fecha de caducidad de esos fondos para poder invertirlos sin límite de tiempo) y aprovecha para estimular proyectos estratégicos que requieren la colaboración del sector privado.
Una de las principales novedades respecto a lo ya anunciado por el Gobierno cuando se comunicó el proyecto es la opción de invertir en defensa. Los fondos europeos que España recibió para paliar las consecuencias económicas de la pandemia no contemplaban ese sector porque quedaba fuera de los perjuicios derivados del coronavirus. Al crear de cero un brazo inversor, el Ejecutivo aprovecha para situar la defensa, un ámbito estratégico para la Unión Europea a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, como prioridad. Se trata, en cualquier caso, de un objetivo que deberá convencer también al sector privado, clave en el éxito de España Crece.
La vivienda, probablemente el ámbito económico que requiere más mejoras para paliar la actual crisis de acceso, también figura entre las prioridades. Aquí el Ejecutivo pretende canalizar préstamos a promotores a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que los destinen a vivienda de alquiler. Está por ver que el sector, tan acostumbrado a enormes rentabilidades por el encarecimiento continuo de los inmuebles, quiera implicarse en construir pisos asequibles.
Los propios datos que ofrece el Gobierno ilustran el hecho de que, sin implicación de empresas privadas, el fondo no podrá funcionar. Las previsiones son utilizar esos 13.300 millones para lograr hasta 60.000 con financiación en los mercados. Más tarde, ese dinero deberá contar con la misma cuantía de implicación de inversores privados para lograr esa cifra de 120.000 millones de euros que el Ejecutivo aspira a movilizar a través de este plan.
Pese a no tratarse de un verdadero fondo soberano –porque no recoge ingresos de materias primas que venda España ni tampoco otro tipo de excedente comercial–, cualquier proyecto económico que favorezca la inversión productiva resulta oportuno. Más incierto resulta el apetito que ese instrumento generará en el sector privado.