La lección de Suecia a España sobre asfixiar las centrales nucleares
El país nórdico aprendió por las malas las consecuencias de perseguir fiscalmente a sus centrales atómicas
Durante años, Suecia fue presentada como un ejemplo de transición energética ambiciosa. Y lo fue. Pero hoy también es un ejemplo claro –y honesto– de lo que ocurre cuando decisiones energéticas clave se toman de forma precipitada, sin tener plenamente en cuenta la realidad industrial, técnica y económica del sistema eléctrico. Hablo desde la experiencia directa: Suecia aprendió por las malas el coste de asfixiar fiscalmente a su parque nuclear, para verse más tarde obligada a rectificar. España se encuentra ahora ante una encrucijada muy similar y aún está a tiempo de evitar repetir ese error.
A comienzos de la pasada década, el Gobierno sueco introdujo una política fiscal que gravaba específicamente la energía nuclear. No se trataba de imponer mayores estándares de seguridad –algo razonable y ampliamente respaldado por el sector–, sino de establecer un impuesto sobre la capacidad instalada que, año tras año, fue incrementándose hasta hacer económicamente inviables las centrales. En la práctica, esa fiscalidad llegó a representar una parte sustancial de los costes de operación, superando incluso gastos esenciales como los de personal o mantenimiento.
El mensaje era claro: la intención era acelerar la salida de la energía nuclear, no mediante un debate abierto y transparente sobre el mix energético, sino a través de una mayor presión fiscal. Las consecuencias fueron inmediatas. Varias plantas anunciaron cierres anticipados, no porque fueran inseguras o técnicamente obsoletas, sino porque resultaba imposible justificar nuevas inversiones en mejoras de seguridad y extensiones de vida útil bajo ese marco económico. Reactores plenamente operativos quedaron atrapados entonces entre exigencias crecientes y una rentabilidad erosionada artificialmente.
Aquella decisión tuvo consecuencias que trascendieron al propio sector nuclear. La retirada acelerada de generación firme y baja en carbono tensionó el sistema eléctrico sueco. Los precios se volvieron más volátiles, aumentó la dependencia de las importaciones y quedó claro que un sistema basado casi exclusivamente en generación intermitente requiere respaldo sólido para garantizar la estabilidad, la competitividad industrial y la seguridad de suministro. Lo que comenzó como una política fiscal presentada como “verde” terminó generando un problema estructural para el conjunto del sistema.
Pero Suecia supo ser pragmática y reaccionó. En 2016, el Parlamento reconoció que el camino elegido era insostenible y decidió eliminar progresivamente el impuesto nuclear. No fue un giro ideológico, sino una decisión basada en los hechos. La energía nuclear fue reconocida –y lo sigue siendo– como un componente clave de un sistema eléctrico descarbonizado, robusto y con precios competitivos. El acuerdo fue amplio y transversal: el objetivo de un sistema plenamente descarbonizado no implicaba el cierre automático de la energía nuclear, sino su integración responsable en el mix.
Esa rectificación, sin embargo, no fue gratuita. Forzar cierres anticipados destruyó valor industrial y obligó a adelantar costes que, de otro modo, se habrían distribuido en el tiempo. Pero la factura más visible llegó después. En 2025, Suecia aprobó un marco de apoyo público a la nueva energía nuclear, movilizando en torno a 400.000 millones de coronas suecas (más de 37.000 millones de euros) para reconstruir capacidad firme y garantizar la estabilidad de los precios y la seguridad del suministro. Es una decisión responsable y necesaria, pero ilustra con claridad que deshacer un error en política energética siempre resulta mucho más caro que evitarlo desde el principio.
Esto plantea inevitablemente una pregunta más amplia: ¿acabará España viéndose obligada a comprometer ingentes recursos públicos y privados para construir nuevos reactores precisamente porque decidió prescindir de centrales que hoy operan de forma segura, eficiente y fiable?
Hoy, Suecia ha ido más allá y ha aceptado sin ambages que la energía nuclear forma parte de la solución. El país ha aprobado mecanismos de financiación pública, esquemas de estabilización de precios y un reparto equilibrado de riesgos entre el Estado y la industria para posibilitar la construcción de nuevos reactores. El objetivo es claro: garantizar electricidad abundante, limpia y predecible para sostener la electrificación de la economía, el desarrollo industrial y la cohesión territorial. La lección aprendida es inequívoca: la transición energética requiere realismo, planificación a largo plazo y coherencia política.
¿Por qué es relevante esta experiencia para España? Porque los paralelismos son evidentes. España ha ido cargando progresivamente a sus centrales nucleares con una presión fiscal y regulatoria que poco tiene que ver con la seguridad y mucho con una estrategia implícita de salida. Impuestos específicos, tasas y obligaciones superpuestas han convertido la energía nuclear en una de las tecnologías más penalizadas del sistema, pese a su contribución a la estabilidad, a precios moderados y a una parte sustancial de la generación libre de emisiones.
Prescindir de centrales viables no es una decisión neutra. Tiene un impacto directo sobre los precios de la electricidad, la competitividad industrial, la seguridad de suministro y las emisiones. Y, como ha demostrado Suecia, una vez que esa capacidad se pierde, recuperarla resulta enormemente costoso, tanto en términos económicos como de tiempo. La transición energética no se acelera desmantelando activos estratégicos, sino integrándolos de forma racional en un mix equilibrado que combine renovables, almacenamiento y generación firme.
España aún está a tiempo de elegir otro camino. Aprender de la experiencia sueca no significa copiarla, sino extraer las conclusiones adecuadas: no utilizar la fiscalidad como herramienta de exclusión tecnológica, no confundir los objetivos climáticos con decisiones irreversibles y no subestimar el valor de la generación firme en un sistema cada vez más electrificado. En Suecia, la realidad se impuso y los errores se corrigieron. España puede evitar recorrer ese mismo camino de ida y vuelta. Porque en política energética, los errores siempre tienen un coste –y rara vez lo pagan quienes los cometen–.