12 meses de un cero eléctrico con mil excusas
Son muchos los informes que se han redactado durante este año, y la conclusión reinante es tan ambigua como que el apagón tuvo “causas multifactoriales”
Un año después de que la península Ibérica sufriera un apagón masivo, la única certeza sobre lo sucedido es que nadie, ya sea desde el ámbito regulatorio, empresarial o político, ha asumido ninguna responsabilidad. Más bien al contrario: la búsqueda de razones y causas se ha convertido en un todos contra todos. Sí está probado que el consumidor paga más por la luz con tal de garantizar que no vuelva a caerse el sistema, aunque las partes tampoco se ponen de acuerdo en cuánto: Red Eléctrica habla de 600 millones de sobrecoste y las empresas, de 1.500 millones.
Los hechos son conocidos: a las 12 y 32 minutos del 28 de abril de 2025, la España peninsular, Portugal y amplias zonas del sur de Francia se quedaron sin electricidad tras un fallo en cadena causado por sobretensiones. El episodio requirió de horas de labor a destajo para reiniciar la red de forma paulatina, demostrando que sí hubo algo ejemplar: la capacidad de recuperación.
Empezó entonces un señalamiento masivo entre los múltiples actores que se encargan de suministrar la electricidad a casi 38 millones de clientes, que permanece a día de hoy. Es cierto que la dificultad técnica y los millones de datos han complicado el análisis durante este tiempo. Pero la ciudadanía ha echado de menos claridad y altura de miras en la evaluación del incidente. Ahora, espera su turno la justicia.
Son muchos los informes que se han redactado durante este año (públicos, privados, nacionales o internacionales), y la conclusión reinante es tan ambigua como que el apagón tuvo “causas multifactoriales”. Se narran los hechos, pero no se especifican las causas. El Gobierno, cuyo presidente prometió llegar hasta el final, tiene la potestad de las sanciones en cuanto se determinen los responsables por parte de la CNMC. El regulador que preside Cani Fernández ha reaccionado a última hora con una incoación generalizada de expedientes que, en muchos casos, ni siquiera tienen que ver con el apagón, pero en los que se dispara hacia todos los flancos, desde una Red Eléctrica a la que acusa de posible infractora de una sanción muy grave a decenas de instalaciones propiedad de las grandes compañías.
La política tampoco ha ayudado, con comisiones de investigaciones duplicadas y simplificaciones en un asunto que no admite brocha gorda. La aritmética parlamentaria, en paralelo, ha frenado la opción de sacar adelante las reformas necesarias. El conocido como cero eléctrico ha derivado en mil excusas. España sigue esperando explicaciones.