La falta de ambición renovable de la Comunidad de Madrid
El Gobierno regional niega la correspondencia que debe haber entre zonas de producción y consumo
Hace unos días participé en la Comisión de Medioambiente de la Asamblea de Madrid para analizar la apuesta renovable de la política energética de la Comunidad. Del análisis de las distintas posiciones, de los objetivos establecidos y de los resultados alcanzados se puede concluir que la Comunidad de Madrid carece de voluntad y de política para aprovechar los recursos energéticos de que dispone.
La comunidad tuvo un consumo de electricidad en 2025 de 28,9 teravatios hora (TWh), que se corresponde con el 11% de la demanda de electricidad a nivel nacional, para un 19% del PIB y un 14,5% de la población. De esa demanda de electricidad, Madrid solo produce 1,2 TWh, un 4%, de los que, la mitad, 0,6 TWh son generados con fuentes de origen renovable. Es decir, solo el 2% de la demanda eléctrica madrileña se cubre con generación renovable producida en Madrid, frente a un aporte renovable del 59% de la demanda a nivel nacional, según datos de Red Eléctrica. Si hacemos la comparativa sobre la generación por habitante o por unidad de PIB, a nivel nacional se produce, respectivamente, 32 y 40 veces más que en Madrid.
La política energética en la Comunidad de Madrid está fijada en la Estrategia de Energía, Clima y Aire 2023-2030, aprobada el 29 de diciembre de 2023, y la responsabilidad de su ejecución recae en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. A pesar de la existencia de un objetivo estratégico para la promoción y el crecimiento de la producción de energía eléctrica y térmica con fuentes renovables o bajas en carbono, la realidad es que los planes carecen de ambición, sobre todo si tenemos en cuenta las posibilidades y la oportunidad que tiene Madrid para ser menos dependiente y más solidaria en la cobertura de sus necesidades energéticas.
El crecimiento se circunscribe exclusivamente al desarrollo fotovoltaico, tanto en autoconsumo como centralizado, dejando al margen el aprovechamiento del resto de fuentes de energía de las que Madrid dispone. Esta situación coloca a la Comunidad en el último puesto autonómico tanto en la producción actual de electricidad como en metas energéticas.
En 2025, la potencia instalada en plantas centralizadas fotovoltaicas era de 1.004 megavatios (MW) para un objetivo de 1.919 MW en 2030. Es decir, se ha conseguido el 52% de ese objetivo, que supondrá un uso de terreno menor al 0,5% de la superficie total. A nivel nacional, 2025 se cerró con un cumplimiento del 88%. A pesar de este reducido objetivo, el desarrollo de instalaciones centralizadas está tensionando algunos municipios por la aparición de iniciativas con un interés especulativo en poner en valor las autorizaciones o los permisos conseguidos.
En repetidas ocasiones, el Gobierno de Madrid ha sacado pecho y ha defendido que su apuesta energética estaba en el autoconsumo fotovoltaico. De hecho, ha fijado un objetivo a 2030 de 3.112 MW, con un tamaño medio de instalación de 6,7 kilovatios (kW), y espera conseguir que el 10,3% de todos los puntos de suministro eléctrico tengan una instalación de autoconsumo en esa fecha. En 2025, Madrid disponía de 797 MW de potencia en instalaciones de autoconsumo, según la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, de los que el 38% corresponde al sector residencial. A nivel nacional, la potencia instalada es de 9.590 MW.
El cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico es complicado tanto en potencia, salvo que se apueste por su desarrollo en polígonos industriales y de logística o en el autoconsumo colectivo de bloques de vivienda, como en número de instalaciones, dado que se pretende multiplicar en cinco años por cuatro las existentes.
En su haber, resaltar que la Comunidad ha sido la segunda más eficiente en la aplicación de ayudas, alcanzando un 72% de ejecución presupuestaria, frente al 39% de la media nacional. A finales de 2025, el autoconsumo representaba el 44% de la potencia instalada fotovoltaica en Madrid, frente al 8% a nivel nacional, lo que refleja que el compromiso de los consumidores prima sobre el desarrollo de iniciativas centralizadas, situación que define la poca ambición de la política de acompañamiento implementada.
En el debe de la política energética madrileña, hay que denunciar la nula apuesta por otras fuentes de energía renovables, al ostentar el nefasto récord de ser la única comunidad autónoma que no tiene potencia eólica instalada y que carece de planes reales de valorización energética y gestión de la biomasa forestal, sin que esta pierda su carácter local. También es necesario denunciar el mantenimiento, como mínimo hasta 2035, de la planta de incineración de residuos sólidos urbanos de Valdemingómez, planta denunciada en el Parlamento Europeo por distintas organizaciones vecinales y que fue recuperada por el actual consistorio del plan de cierre que elaboró en su día Ahora Madrid y que supone un riesgo inasumible para la salud.
Por otro lado, el Gobierno de la Comunidad ha mostrado frecuentemente sus simpatías por la energía nuclear. De hecho, en la Asamblea, el representante del Partido Popular mencionó la necesidad de no cerrar, según el plan actual programado y pactado, las centrales nucleares de Almaraz y Trillo, aduciendo a que la energía que generan abastece a Madrid. Este planteamiento deja entrever no solo una apuesta territorialmente insolidaria, que refleja el deseo de que lo que no es asumible a nivel interno se lleve a cabo en lugares alejados de Madrid, sino que también abre una gran incógnita sobre cómo se va a realizar en el futuro esa apuesta nuclear en una Comunidad que ha sido incapaz de autorizar la instalación de un solo aerogenerador en su territorio.
El gran problema es que Madrid está perdiendo, por falta de voluntad y ambición de su política energética, una línea de creación de valor, negando, además, la solidaridad y la correspondencia que debe haber entre zonas de producción y consumo, consolidando a la región como un sumidero energético. Madrid tiene recursos para llevar a cabo una política energética comprometida con el medioambiente y solidaria con sus vecinos, en la que la apuesta por la eficiencia y las renovables se convierta en una realidad.