El vehículo eléctrico español, del ojalá al ahora
El Gobierno da pasos importantes, como el Plan Auto+, que supone un cambio radical respecto al hieratismo del Moves
El despliegue del vehículo eléctrico en España ha sido una de las dudas que siempre ha rodeado a nuestra transición energética. La importancia de electrificar el transporte y de dotarlo de las infraestructuras necesarias para conseguirlo se circunscribe a que es el sector que más emisiones de CO2 –además de las de gases contaminantes nocivos para la salud pública– libera a la atmósfera al año.
El avance de las matriculaciones eléctricas ha sido lento; sin embargo, la tendencia ha cambiado y, aunque aún queda mucho camino por recorrer, España empieza a ir en la buena dirección y los datos lo demuestran. En 2023, al inicio de la legislatura, la cuota de vehículo eléctrico en España estaba en el 5,4%, según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). En Europa, ese año, la cuota estaba en un 14,6%, según las estadísticas de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA). En estos dos últimos años, España ha subido su porcentaje hasta el 14,5%, creciendo así un 168%, mientras que la cuota europea se sitúa en un 18,2% en la actualidad.
España ha reducido la brecha respecto a los datos de electromovilidad de la Unión Europea. Las matriculaciones del último año revelan un cambio de marcha definitivo, superando por primera vez la barrera de las 100.000 matriculaciones anuales de turismos eléctricos.
El Gobierno tiene en su mano consolidar el cambio y, en los últimos meses, ha dado pasos importantes para ello. Un buen ejemplo, el más reciente, es el anuncio del Plan Auto+, que supone un cambio radical respecto al hieratismo del Moves. Ahora, las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos irán directas al concesionario y se aplicarán de manera inmediata en la factura de la compra. Es decir, el comprador ya no va a tener que financiar la ayuda hasta que sea concedida por el Estado. Esto supone un cambio radical que esperemos sirva para que muchos consumidores den el salto y dejen de lado la opción fósil a la hora de renovar su coche.
Sirva esta tribuna para mostrar mi reconocimiento y apoyo a la firmeza mostrada por el Gobierno de España denunciando el cambio de posición de la Comisión Europea en el retraso de la fecha límite de matriculación de los vehículos de combustión interna.
Es de celebrar, además, que se haya puesto un límite para las ayudas a los vehículos eléctricos que superen los 45.000 euros. En el mercado hay turismos eléctricos asequibles y el Estado no debe actuar como facilitador de bienes de lujo. Por el contrario, no comparto que las ayudas a las marcas que fabrican fuera de Europa sean un 25% menores. La protección de la industria automovilista, más interesada en hacer lobby para retrasar la sustitución de los vehículos de combustión interna por eléctricos, no puede limitar que los usuarios podamos disponer de vehículos de batería en las mejores condiciones económicas, aunque estos hayan sido fabricados en China. Fomentar la competencia y apostar por la electrificación del transporte no puede llevarse a cabo solo con base en el proteccionismo del sector industrial.
También va en la buena dirección la deducción del 15% del IRPF para la compra de vehículos eléctricos. Es preciso dar beneficios fiscales, pero también, cabe recalcar, es igual o más importante eliminar ventajas como la bonificación del diésel, así como penalizar económicamente la compra de vehículos contaminantes. En otras palabras, necesitamos que la combustión interna no sea rentable, que sea –haciéndolo de una manera progresiva en el tiempo– una opción mucho menos beneficiosa que el coche eléctrico. Especial importancia tiene la necesidad de modificar la composición de las flotas de autobuses y consolidar la tendencia hacia su electrificación.
Pero la electromovilidad no son solo vehículos. Las políticas públicas para fortalecer la red de puntos de recarga son uno de los ejes más determinantes para conseguir la penetración de las motorizaciones eléctricas en el mercado español. La publicación, en esta legislatura, del mapa oficial de puntos de recarga, la aplicación Reve, creada por Red Eléctrica, es un avance importante. Esta ha permitido disponer de información en tiempo real sobre espacios de carga activos, en uso, potencias, etc. Además, la publicación de esta herramienta ha venido acompañada del reglamento AFIR (Alternative Fuels Infrastructure), que ha obligado a instalar cargadores rápidos cada 60 kilómetros en las principales autopistas y autovías del país. Falta en este proceso mejorar la información pública en las carreteras, incorporando en la señalización física la presencia de electrolineras.
Seguimos teniendo la difícil asignatura de disponer de un mandato efectivo que facilite la implantación de puntos de carga en las plazas de aparcamiento privadas en edificios de viviendas, que permita acometer la necesaria adaptación de los cuadros de contadores, estableciendo la obligación de facilitar el proceso a las comunidades de propietarios.
Hay que reconocer que las políticas que se han implementado han ayudado a cambiar la tendencia, acercando el país a las estadísticas de la Unión Europea. Ahora, el objetivo debe pasar por acercarse al liderato. Y, para ello, es necesario emprender reformas ambiciosas, como las que ya acometió Portugal, para acelerar aún más ese ritmo de electrificación del transporte.
Sería necesario crear una red única que homogenice los sistemas de pago, ya que actualmente para pagar una recarga se requiere la aplicación de cada uno de los operadores, o la instauración de una normativa que permita abonar directamente con tarjeta de crédito o en efectivo y no desde la app móvil. Además, es preciso apostar por medidas que descarbonicen las flotas empresariales de vehículos. Esto no solo supone descarbonizar en el presente, sino que permite electrificar el mercado de segunda mano, pues muchos de esos turismos terminan en los mercados de ocasión tras pocos kilómetros de uso.
España está preparada para hacerlo, y los consumidores están listos para dejar de lado el diésel y la gasolina. Este cambio de tendencia no puede ser anecdótico, sino el inicio de una transformación imparable. Los fabricantes deben dejar las excusas y apostar de manera decidida por un cambio que no solo es rentable, sino que permitirá mejorar la salud de nuestras ciudades y reducir las emisiones de CO2 que calientan el planeta.