Regularización migratoria o la navaja mellada de Ockham
El debate honesto no consiste en negar los beneficios ni los costes que genera esta decisión, sino en diseñar políticas complementarias que maximicen los primeros y mitiguen los segundos
La decisión del Gobierno de regularizar a inmigrantes en situación de irregularidad ha desatado un debate tan intenso como previsible. Entre quienes celebran la medida como un “hecho necesario” y quienes la condenan como un “efecto llamada irresponsable”, existe un territorio intermedio que conviene explorar y que es donde debe alojarse el debate. Y este debe, sin duda alguna, sustentarse en la masiva evidencia empírica disponible que, aunque no despeja ni mucho menos las dudas al cien por cien, sí da herramientas sólidas para permitir una discusión sustentada en hechos. Y esa evidencia, debo ya adelantarlo, nunca satisfará a ambos bandos, ya que los efectos de una regularización son más complejos de lo que sugieren los titulares. No siempre la explicación más sencilla es la correcta.
El primer error que debemos evitar es pensar que podemos anticipar las consecuencias de esta medida con una simple regla de tres. Algo que a muchos cuesta entender es que la economía funciona como un sistema de vasos comunicantes, como un sistema cuyas variables que observamos buscan cada una su propio equilibrio, pero influenciadas por el equilibrio de otras decenas miles de variables. Tenemos la extendida experiencia de que, cuando modificamos una variable, otras se ajustan en direcciones de tal modo que no pocas veces lo hacen de forma contraintuitiva.
Por ello, los economistas distinguimos entre lo que llamamos equilibrio parcial y equilibrio general. Mientras el primero se concentra en una zona (un mercado, por ejemplo) donde se pone el foco, el segundo persigue comprender todos los efectos económicos de, por ejemplo, una política. Así pues, cuando hablamos de regularización, necesitamos aplicar el segundo enfoque. Un trabajador que pasa de la economía sumergida a la formal no solo empieza a cotizar; también compite de manera más directa con otros trabajadores, puede acceder al mercado de alquiler formal, consume de forma diferente y modifica las decisiones de contratación de las empresas. Capturar todos estos efectos requiere modelos sofisticados y, aun así, las estimaciones vienen con márgenes de incertidumbre considerables.
No obstante, no pocos trabajos, como la serie realizada por Joan Monras y sus colaboradores, nos dan ciertas ideas sobre las que construir el argumento. Así, entre sus estimaciones, indicaban que cada inmigrante regularizado aumentó los ingresos fiscales en más de 4.000 euros anuales (unos 3.900 euros en cotizaciones sociales y unos 440 adicionales en IRPF). Proyectando estas cifras, hablaríamos de un impacto fiscal positivo de al menos 3.200 millones de euros anuales para las arcas públicas.
¿De dónde viene este beneficio? No de la creación de empleo nuevo, sino del afloramiento de empleo preexistente. Los trabajadores ya estaban aquí, ya trabajaban, pero lo hacían en la sombra. La regularización simplemente alinea la realidad económica con la realidad administrativa. De hecho, Monras documenta que no hubo aumento en el gasto público en educación ni sanidad tras la regularización, precisamente porque los irregulares ya tenían acceso a estos servicios. El beneficio fiscal fue, por tanto, prácticamente neto.
Otro beneficio sería el fin del “monopsonio” laboral. Al regularizar su situación, el trabajador deja de estar “atado” a un empleador que, aprovechando su vulnerabilidad, puede pagarle salarios significativamente inferiores a los de mercado. Al ganar movilidad laboral, el trabajador compite en igualdad de condiciones, lo que tiende a elevar el suelo salarial de los sectores más precarios. Sin embargo, no debemos ignorar que el perfil del inmigrante ha cambiado: hoy, el 43% cuenta con estudios superiores. El reto ya no es solo legalizar su situación, sino evitar el “desperdicio de talento” mediante una homologación de títulos más ágil que impulse nuestra productividad real.
Un tercer beneficio es de naturaleza demográfica y tiene que ver con la sostenibilidad del Estado de bienestar, aunque eso sí, a corto plazo, ya que a largo la historia es otra muy distinta. La incorporación de cotizantes jóvenes es una necesidad aritmética, aunque no soluciona el problema a medio y largo plazo.
Pero como cualquier medida, y atendiendo a otros factores, genera costes, entre ellos también de oportunidad. Así, por ejemplo, el efecto más robusto y documentado es la pérdida de empleo informal entre trabajadores de baja cualificación. Monras estima que, por cada 10 inmigrantes regularizados, se perdieron aproximadamente 5 empleos, concentrados entre trabajadores poco cualificados tanto nativos como inmigrantes. Este efecto se explica en buena medida por el aumento de inspecciones laborales que acompañó la reforma, que encareció la contratación irregular. Curiosamente, el empleo formal de los nativos poco cualificados no se vio afectado, ni tampoco sus salarios. Aun así, este no es un dato menor: los beneficios agregados de la regularización se distribuyen de forma desigual, y quienes más pierden son precisamente quienes menos recursos tienen para adaptarse.
Hay un segundo coste igualmente relevante y que estamos experimentando en estos últimos años: la presión sobre el mercado de la vivienda. Cuando los inmigrantes obtienen papeles, salen del mercado de alquiler informal y entran en el mercado formal. Esto visibiliza una demanda que antes estaba oculta y, en ciudades donde el déficit de vivienda supera las 700.000 unidades, intensifica la competencia por los alquileres más asequibles.
Finalmente, y no por esto cerramos la lista, la regularización puede afectar no de forma positiva a la productividad agregada. Los datos del Banco de España muestran que la contribución de la población extranjera al crecimiento del PIB per cápita ha sido positiva vía empleo, pero negativa o nula vía productividad por hora trabajada. Esto refleja la concentración de inmigrantes en sectores de bajo valor añadido. Existe el riesgo de que las regularizaciones intensifiquen un modelo productivo que utiliza mano de obra barata como sustituto de la inversión en tecnología y capital. No obstante, la regularización puede generar una compensación vía, como se ha dicho, eliminación parcial del talento desaprovechado o por la capacidad de acceso a programas de formación, algo que en la irregularidad no es posible.
Sin evidencias
Como tercer pilar para el debate está también la idea de que regularizar genera un efecto llamada. Obviamente, la cuestión surge de forma legítima y natural, pero la respuesta empírica es más matizada de lo que sugiere el debate político. El propio Monras, sobre la regularización española de 2005, analiza directamente esta cuestión, comparando los flujos migratorios de países afectados por la amnistía con los de países de la UE no afectados: no encuentra evidencia de efecto llamada. Análisis más amplios de políticas migratorias en países de la OCDE concluyen que el efecto llamada se neutraliza cuando se exige un periodo de residencia previa. La medida española, que requiere haber residido en el país antes del 31 de diciembre de 2025, se diseña, sin duda, para evitar este incentivo perverso.
Por lo tanto, y para acabar, la regularización no es ni un “regalo” ni una “invasión”. Es una herramienta de política económica con beneficios documentados, -recaudación fiscal, eficiencia de mercado, sostenibilidad demográfica- y costes igualmente documentados, -desplazamiento de trabajadores vulnerables, presión inmobiliaria, riesgos para la productividad-.
Así, el debate honesto no consiste en negar unos u otros, sino en diseñar políticas complementarias que maximicen los primeros y mitiguen los segundos, entre los que debería haber formación para trabajadores desplazados, inversión en vivienda social, eliminación de barreras para que los inmigrantes cualificados accedan a empleos acordes con su formación.