Cómo puede el precio del arroz desviar a la primera ministra japonesa de su rumbo
El partido gobernante se resiste a corregir un desastroso sistema que beneficia al 1% de la población
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha pasado los primeros meses de su mandato inmersa en una vorágine de actividad tras prometer durante la campaña electoral que controlaría la creciente inflación. Pero, su decisión de respaldar una política que recorta el cultivo de arroz, cuyo precio se ha doblado con creces desde 2024, expone el mal funcionamiento de la maquinaria económica y política. Es un grave problema para el Partido Liberal Democrático (PLD), en el poder, y su enérgica líder, de cara a las elecciones anticipadas del próximo mes.
La importancia del cereal trasciende su papel como simple cultivo en Japón, donde la palabra que designa el arroz cocido, gohan, se usa también como genérico para referirse a la comida. La subida de los precios provocó una derrota electoral en julio que derrocó al último primer ministro del PLD, que ha gobernado el país en la mayoría de ocasiones desde la década de 1950.
En los 12 meses anteriores a mayo, cuando el Gobierno comenzó a vender directamente a los minoristas las reservas de arroz de emergencia para controlar los precios, el precio de un saco de 5 kilos ya se había duplicado hasta superar los 4.000 yenes (21,6 euros). Esto se debió a la escasez de suministro causada por una combinación de bajos objetivos de producción y veranos más calurosos, que quemaron los arrozales y ampliaron el área de distribución natural de la chinche apestosa, que come arroz. La consiguiente ira de los votantes contribuyó a poner fin al mandato de Shigeru Ishiba y allanó el camino para que Takaichi se convirtiera en octubre en la nueva líder del PLD y en la primera mujer primera ministra de Japón.
Teniendo en cuenta lo que le pasó a Ishiba, puede parecer extraño que Takaichi, en apariencia contraria a la inflación, haya redoblado rápidamente una política que anima a los dueños de arrozales a reducir el cultivo. En concreto, revirtió la política de control de precios puesta en marcha por Ishiba, que había subido el objetivo de producción del Gobierno usado por los agricultores para planificar sus cosechas. El nuevo ministro de Agricultura, Norikazu Suzuki, incluso fijó el objetivo de producción para este año por debajo del de 2025, una medida inflacionista.
La contraintuitiva posición de la nueva primera ministra refleja una alineación tripartita en apoyo de los precios altos, compuesta por los pequeños agricultores, su poderosa cooperativa y el propio PLD. Durante décadas, este acuerdo les funcionó bien: los agricultores obtuvieron políticas favorables y, por tanto, más ganancias, lo que benefició a la cooperativa, mientras el PLD podía contar con un bloque de votantes bien organizado. Su problema es que esta base está envejeciendo y reduciéndose, con solo medio millón de agricultores de arroz en todo el país, Mientras, los precios han subido a un nivel que la población en general no puede soportar. Así que la economía política del arroz en Japón está cambiando, aunque las medidas de Takaichi sugieran lo contrario.
El origen
Las raíces de este sistema de reducción de la superficie cultivada, llamado gentan, están en las reformas de 1947 del Gobierno de ocupación dirigido por el general de EE UU Douglas MacArthur. Receloso de la influencia comunista, respaldó un plan para transferir parcelas de los terratenientes a los agricultores arrendatarios. Esta astuta medida convirtió a los empobrecidos agricultores de potenciales agitadores de izquierda en terratenientes conservadores acérrimos, cuyas cooperativas se aglutinaron en una poderosa maquinaria política que persiste.
A partir de los 70, en virtud de las políticas introducidas por el PLD, el Gobierno comenzó a pagar a estos agricultores para que cultivaran otros productos en vez de arroz de mesa para la venta al por menor, lo que redujo la oferta y elevó los precios. Los agricultores, en su mayoría a tiempo parcial, depositan sus ganancias en un banco perteneciente al grupo que aglutina a la cooperativa. El banco distribuye los retornos de sus inversiones a los agricultores, que votan en las elecciones nacionales y locales a los candidatos designados por la cooperativa, normalmente del PLD. El peso político de la asociación se mantiene gracias, en parte, a que sus miembros se agrupan en los distritos uninominales, donde la fuerte participación de los agricultores puede decantar las elecciones para la Dieta nacional (el Parlamento).
De ahí la sensibilidad de los legisladores ante las demandas del Grupo JA, la organización paraguas a nivel nacional cuya rama comercial vende productos agrícolas a los miembros locales y actúa como mayorista de sus cosechas. Su aseguradora, JA Kyosai, también ofrece pólizas de cosechas y de vida a los agricultores, que mantienen depósitos por valor de 57 billones de yenes (310.000 millones de euros) en el Nochu Bank del Grupo JA, uno de los mayores inversores institucionales del país, que gestiona una cartera de 44 billones (240.000 millones).
Esa capacidad financiera refleja un cambio silencioso desde la posguerra: hoy, la mayoría de los miembros de la cooperativa tienen empleos bien remunerados en otros sectores y solo cultivan a tiempo parcial en pequeñas parcelas individuales. Pero ese esfuerzo adicional solo compensa para los agricultores de fin de semana si los precios son lo bastante altos como para obtener un margen considerable, lo que explica la supervivencia del gentan hasta nuestros días.
Es un sistema desastroso. Los pagos del gentan impiden que las pequeñas parcelas sean compradas y concentradas por empresas agrícolas que podrían obtener beneficios sin márgenes inflados artificialmente. Esa concentración permitiría exportar el excedente de arroz o, en casos de emergencia, desviarlo de nuevo al mercado nacional.
En vez de eso, el gentan mantiene al PLD en deuda con la cooperativa. También socava la seguridad alimentaria del país al incentivar una menor producción, al tiempo que da beneficios desmesurados a un grupo que supone menos del 1% de la población. Por último, impone una doble carga a las familias japonesas: primero en la caja registradora y luego a través de los impuestos adicionales necesarios para financiar los pagos gentan.
También hay un coste político cada vez mayor. Los agricultores, de edad avanzada, suponen una base cada vez más reducida. Muchos se jubilan sin que los sustituyan, lo que reduce aún más la producción y eleva los precios. Kazuhito Yamashita, del Instituto Canon de Estudios Globales y veterano crítico del gentan, afirma que incluso los rivales del PLD son prudentes a la hora de oponerse al JA por temor a parecer crueles. La percepción que tienen los votantes sobre el cultivo del arroz sigue basándose en las duras condiciones que prevalecían hasta los 60. Y el único partido importante que se opone al sistema actual, el Partido de la Innovación, guarda silencio desde que se unió a una coalición gobernante con el PLD en octubre: “Mi única esperanza se ha desvanecido. Es terrible”.
Takaichi parece ser consciente del peligro electoral que supone mantener las políticas que impulsan los precios. Incluyó vales de arroz de 3.000 yenes (16,2 euros) por persona en un paquete de estímulo aprobado en diciembre. Pero los precios medios han subido desde su elección, alcanzando 4.416 yenes (23,8 euros) por 5 kilos (4,8 euros el kilo). Y, dado que estos vales físicos deben gastarse en arroz, es más probable que mantengan los costes altos. Peor aún: imprimirlos obliga a los gobiernos locales a gastar dinero, lo que ha llevado a los alcaldes de algunas grandes ciudades a negarse a aplicar el programa.
El PLD sigue tratando el problema como si fuera a desaparecer por sí solo. Pero es solo cuestión de tiempo que otra mala cosecha por el cambio climático provoque otra ronda de inflación que suponga un golpe político para la nueva primera ministra.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías