El tijerazo social alemán
Berlín reforma prometiendo más reformas: trabajar más (hasta los 70 los universitarios) y frenar las pensiones y la ayuda social
Alemania ni puede seguir así ni puede financiar su Estado social actual. Lo ha dejado claro el canciller democristiano Friedrich Merz, que quiere reformas y más reformas. Argumenta que ya no se puede financiar debido a la situación económica y demográfica actual. Pide mayor responsabilidad individual. Y un doloroso tijerazo social para garantizar la estabilidad financiera del Estado y tener en cuenta a las jóvenes generaciones. En unas semanas el Parlamento alemán aprobará la reforma de la ayuda social, que sancionará todavía más a los parados que rechacen trabajos y que tendrá en cuenta el patrimonio del solicitante de las ayudas desde el primer momento (hasta ahora se respetaba durante el primer año) y obligará a trabajar a los padres a partir del primer año de vida del hijo. ¿Polariza el canciller? ¿Alarma injustificada? Le dan la razón los investigadores de institutos económicos como Michael Hüther, jefe del IW de Colonia, quien avisa que el sistema de la seguridad social está al borde del colapso y que el cambio demográfico empeorará la situación.
En 1992 los gastos sociales significaban una tercera parte del presupuesto total; en 2024, alcanzaban ya la mitad. El Estado social crece más que la economía. Y la juventud –que deberá trabajar hasta los 70 (sobre todo los universitarios) como baraja ahora Berlín–, tiembla por su futuro. Por eso, los 18 jóvenes diputados democristianos de la Junge Union (las juventudes del partido del canciller) se opusieron hasta ahora a la reforma de las pensiones (que se aprobó al final el pasado viernes) por considerarla ajena a sus intereses. La juventud democristiana exige que, a partir de 2032, disminuya el nivel de pensiones, actualmente del 48%. El nivel de pensiones es un valor promedio que refleja la relación entre una pensión media tras 45 años de cotización y el salario medio de la población. Con la reforma aprobada, Alemania garantiza ahora una cuota del 48% hasta 2031.
En los próximos 15 años se pasará de 20 a 25 millones de jubilados. 22 presidentes de institutos de investigación económica y expertos alemanes pedían al Gobierno que retirara la reforma de jubilación; sobre todo, la garantía del 48%. Tras su aprobación el viernes, el Gobierno promete ahora una reforma de la reforma recién aprobada. La nueva comisión deberá debatir el retraso de la edad de jubilación (¿solo de universitarios?) y planes de pensiones para completar la pensión pública.
También la economía y los empresarios proponen tijerazo social: recortar la estructura del sistema social, reducir los costes de la administración, reducir los costes de la energía y trabajar más. El presidente de la patronal, Rainer Dulger, apoyó a los jóvenes diputados que se opusieron al canciller. Nikolas Stihl, jefe del consejo de la empresa de motosierras Stihl, avisa que él invierte en Alemania por patriotismo. No por su rentabilidad. Pide una reforma del estado social alemán y critica los costes burocráticos del Estado y de las empresas. “Desde 2017 hemos perdido cientos de miles de puestos de la industria. Invertimos aquí, pero debemos compensar las desventajas de Alemania mediante inversiones en productividad”. Advierte que en países con mejores condiciones empresariales es más fácil tener éxito económico. Y que, sin reformas, Alemania estará todavía en una peor situación en 10 años porque el endeudamiento del país será todavía superior, con consecuencias negativas para el estado social. Alemania acaba de aprobar unos presupuestos para 2026 con la mayor creación de nueva deuda desde la pandemia.
Stihl propone trabajar más, lo cual significa “más horas semanales y durante más tiempo hasta la jubilación.” La alternativa, dice, sería ser lo suficientemente innovadores y productivos como para compensar los elevados sueldos alemanes. Stihl opina que Alemania no se puede permitir la reforma de las pensiones implementada ahora por el gobierno de coalición, de democristianos y socialdemócratas, de Merz. El problema, dice, “es el socialista SPD que corta las alas a Merz”. Al canciller no le queda otra que llegar a acuerdos con los socialdemócratas. “Y en el momento actual eso es muy poco… La política no responde, por lo que las empresas actúan consecuentemente: no invierten en Alemania sino en otros países, perdiendo industria y empleo”.
Según el diario Süddeutsche Zeitung, la cuota social en Alemania asciende a 40,6 %; representando la sanidad y las pensiones el 60% de los gastos sociales. El dilema demográfico implicará un mayor gasto en pensiones y dependientes. El instituto IW confirma que ese casi 41% se dedica a pensiones, sanidad, seguro de desempleo y prestaciones sociales como ayuda a la vivienda y a las familias con niños. Y apunta que Alemania se gasta más en asuntos sociales que los países del norte europeo como Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia, que dedican un promedio del 40% a la partida social. Y más también que la UE, con un promedio de 38,9%. Björn Kauder, autor del estudio de IW, afirma que “sin una reforma (de la reforma recién aprobada) de las pensiones, estallarán los costes, lo que afectará a los contribuyentes”.
Los sabios dan también un no rotundo a la reforma aprobada porque “protege a los pensionistas, a las madres pensionistas con hijos (pensión por maternidad), y a los mayores que siguen trabajando (gracias a la pensión activa podrán ingresar hasta 2.000 euros mensuales por trabajo, libres de impuestos)”. Pero a costa de los jóvenes, porque el Estado se endeudará más (los costes ascenderán a 200.000 millones de euros hasta 2040) y tendrá menos margen para inversiones de futuro. Y los jóvenes tendrán que cotizar más para la jubilación. Un dilema político, porque para el SPD en la coalición gubernamental es crucial cumplir con su promesa electoral y con el pacto con los democristianos: mantener la cuota de compensación (nivel de renta).
Al principio estaba previsto que la reforma sobre las pensiones pasara en noviembre por el Parlamento federal, pero la oposición de la Junge Union provocó una crisis interna. Sin su sí no se podía sacar adelante la reforma porque el Gobierno de Friedrich Merz solo cuenta con una mayoría de 12 votos. También la reforma prevista de la ayuda social podría provocar una sacudida similar. Aunque los grupos parlamentarios democristianos y socialdemócratas lo hayan negociado previamente, habrá fricciones por las severas sanciones que se quieren introducir y que implican la retirada de algunas ayudas sociales.
Aunque resulta difícil comparar los gastos sociales entre países, el informe de IW concluye que los gastos por pensiones no han subido entre 2001 y 2023, sino que se han estabilizado en torno al 9,5% del PIB; por debajo del promedio de la UE del 11%. Sin embargo, en ese periodo han subido los gastos como la ayuda social y los costes de la salud pública (del 6,5 al 7,5% del PIB entre 2001 y 2023). Más de 5 millones de personas reciben ayuda social en Alemania, siendo 2,57 millones extranjeros, sobre todo, ciudadanos procedentes de Ucrania, Siria y Afganistán. De los 5,4 millones (datos de junio de 2025), 3,91 millones son personas que podrían trabajar. El resto son jóvenes y niños.
Por otro lado, la relación entre número de trabajadores y número de jubilados sigue constante desde el 2000. Ahora trabajan más mujeres, más emigrantes y más mayores. Pero Berlín quiere más.