Los fondos internacionales elevan el pulso contra España
Dentro del Gobierno se debaten entre pagar y mantener una mejor imagen o, como está haciendo, defenderse y mantener su postura
Los fondos internacionales que están dando la batalla al Gobierno para tratar de que se siente a negociar y pague las indemnizaciones reconocidas en distintas instancias arbitrales a nivel mundial por el recorte a las renovables de la década pasada intensifican el pulso. En vista de la negativa del Ejecutivo a desembolsar dichas indemnizaciones, estos inversores están desplegando desde hace años una estrategia de desgaste consistente en buscar el aval de distintas instancias judiciales en países de máxima seguridad jurídica que les den lo que les niega España. El último frente que están explorando es el de buscar el embargo del patrimonio empresarial del Estado. Concretamente, ahora intentan que un juez de Países Bajos reconozca sus laudos condenatorios y, con ello, ejecutar los dividendos que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cobra por su 4,09% en Airbus.
La Abogacía del Estado y sus asesores externos están logrando frenar el embate, pero el pulso judicial y la obligación de defenderse de estos impagos va erosionando la credibilidad de España en los mercados internacionales. Amenazar los 100 millones que recibe la Administración por los beneficios de Airbus y que sirve para sufragar gastos que requieren los ciudadanos también es un golpe político.
Para el Ejecutivo, esta patata caliente heredada de la anterior Administración del PP no es nada fácil de resolver. Por un lado, pagar supone separarse de la doctrina mantenida hasta ahora por la Unión Europea de que el derecho comunitario prevalece sobre el Tratado de la Carta de la Energía en el que se basan estos pleitos. Y, por otro, Bruselas ya ha advertido de que, si se paga, se podrían declarar ayudas de Estado ilegales incompatibles dentro de Europa y tendrían obligación de recuperarlas. Además, desde el punto de vista político, arreglar este asunto supone un golpe político interno, ya que muchos inversores nacionales vieron frustradas sus expectativas cuando el Tribunal Supremo avaló el recorte a las primas, y pagar ahora a los fondos internacionales se consideraría un agravio comparativo. Desde hace años hay asociaciones lamentando el roto que se hizo al bolsillo de muchas familias que creyeron en el marco retributivo de 2008.
Ahora dentro del Gobierno se debaten entre pagar y mantener una mejor imagen en los mercados internacionales de alta seguridad jurídica o, como está haciendo, defenderse y mantener su postura. Los fondos, de momento, demuestran que no están dispuestos a aflojar el pulso.
