Cómo descifrar el enigma de las vacantes en el mercado laboral
Debe elevarse el nivel formativo, facilitar la movilidad geográfica y combatir la competencia desleal de los sistemas de protección
Si España es diferente, su mercado de trabajo, más. Con tasas de desempleo vecinas al 10%, reverdece la quimera del pleno empleo, que nunca las estadísticas oficiales han certificado. Ahora el país se acerca al modelo de plena ocupación made in Spain, en el que contrasta tal ilusión con dos millones largos de desocupados. Un modelo que convive con una creciente falta de trabajadores para cubrir tanto puestos de desempeño rutinario y carentes de especialización, como formatos profesionales de elevada tecnificación, y que tienen tanto que ver con defectos formativos como con un mal funcionamiento de las herramientas que casan oferta y demanda, los inhibidores sistemas de protección o el intervencionismo normativo en la determinación del precio (coste).
La última exploración estadística sobre este fenómeno, de hace unas pocas semanas, afloraba la existencia de 149.739 (ni una más ni una menos) puestos de trabajo no satisfechos por las empresas por circunstancias muy diversas, desde una cualificación inadecuada en los candidatos, una resistencia a la movilidad geográfica en otros, o el rechazo por una contraprestación económica estimada insuficiente.
Es, en todo caso, una cantidad despreciable en un mercado con casi diecinueve millones de asalariados (solo el 0,78% de las necesidades de trabajo estarían sin cubrir), y de dimensiones similares a las detectadas en economías de tamaño similar en Europa. Pero alerta de las ineficiencias que tiene un mecano laboral con dos millones y medio de parados, y de manera especial por el hecho de que es un colectivo, el de las vacantes, creciente y del que demandan soluciones las empresas afectadas, también de forma desesperadamente creciente.
El fuerte crecimiento nominal del empleo en los últimos años, hasta absorber cifras récord, explica una parte del problema, en el que una serie de empresas de una serie de actividades no encuentran una serie de perfiles laborales en su entorno geográfico natural. Pero que casi la mitad de las empresas, según la Encuesta de Actividad del Banco de España, tengan tales dificultades para desarrollar su actividad es una alerta muy seria. Hace solo cuatro años alertaban de este déficit de trabajadores una de cada diez empresas, en 2023 era ya el 40% de las empresas consultadas, y ahora supera el 45%, con proporciones que superan ampliamente la mitad de las corporaciones en algunas actividades.
Pero la citada encuesta, con series rigurosamente registradas desde 2020, constata que la dificultad para encontrar trabajadores adecuados a sus necesidades es el elemento que más persistentemente dificulta su actividad económica, junto con la incertidumbre de la política económica, que está vivamente presente desde que la atomización y polarización política se adueñaron del Parlamento. Todas las demás circunstancias (demanda insuficiente, coste de la energía, problemas de proveedores o factura financiera) han atenuado su presión sobre la actividad empresarial hasta ser cuasi marginal.
Ese pequeño colectivo, ese 0,78% del universo de asalariados, por insignificante que parezca, condiciona los planes de inversión de las empresas víctimas de tal déficit, ya que hay una relación directa declarada entre las dos cuestiones, y no es precisamente de una inversión vigorosa de lo que está sobrada la economía española ahora. Pero el enigma se vuelve más irresoluble cuando una lectura detallada de la encuesta que aflora las vacantes muestra que hay un volumen muy superior de contratos de trabajo que las empresas no ejecutan, pero que no declaran como vacantes, por el elevado coste de la contratación.
La encuesta de Estadística ofrece también la cantidad de centros de trabajo que desisten de la contratación por el coste excesivo, y bastaría que se tratase de una sola colocación por centro para que el colectivo fuese muy relevante. Nada menos que el 4,7% de los centros de trabajo chocan con esa dificultad, abandonan la búsqueda y dejan de darle la consideración de vacante. Es un proceso que se concentra en las actividades limítrofes con las rentas salariales más bajas, aquellas afectadas más directamente con la fuerte presión ejercida en los últimos años por las subidas del salario mínimo interprofesional. En la hostelería o la construcción tal dificultad aparece en el 6,2% y 5,7% de los centros respectivamente. Bien es cierto, que también aflora entre puestos administrativos, en la administración pública y en servicios profesionales y técnicos, donde a la dificultad de hallar candidatos se añade la insuficiencia de las remuneraciones ofrecidas.
La economía está en continua transformación, y con ella, el trabajo. La tecnificación, la robótica o la inteligencia artificial aplicada, ofrecen una miríada de oportunidades laborales, pero el perezoso sistema formativo español corre siempre detrás, y precisa de un tiempo para acoplar oferta y demanda laboral, aunque seguramente nunca lo hará del todo. Pero empresas, trabajadores y reguladores deben aplicarse en acortar los plazos en todos los tramos del mercado.
Deben forzar el modelo formativo para acercar las habilidades técnicas a lo que las empresas precisan, que a su vez deben intensificar la formación continua en su seno. Deben remover los obstáculos a la movilidad geográfica en un país con viviendas caras y excesivos niveles de protección familiar, para que los españoles en desempleo no encuentren una dificultad insalvable en cambiar de ciudad para disponer de un empleo, cuando la población inmigrante cambia hasta de continente. Y deben limar las crecientes aristas de los sistemas de protección que desincentivan la búsqueda activa de empleo y activan el rechazo a puestos de trabajo con remuneraciones muy cercanas a las logradas con los subsidios. (De eso, aunque sea harina del mismo costal, hablaremos otro día por largo).
No es admisible que, en un mercado tan dinámico, pero tan apurado por el desempleo, queden varios cientos de miles de puestos de trabajo vacantes. Pero menos admisible aún es que demos por bueno que con tasas del 10% de desempleo, con 2,5 millones de desempleados, estemos cerca del pleno empleo. Podemos estar muy cerca del paro estructural, institucionalizado, en el que uno de cada tres desempleados es de larga o muy larga duración, y uno de cada dos mayores de 50 años tienen esa lacerante condición. Con estas cifras de paro en 2007 se hablaba abiertamente de la virtud del pleno empleo, cuando Alemania baja la tasa de sus pasivos laborales al 3,7%, Japón al 2,3% o Estados Unidos al 4%.
En tales economías sitúan la tasa de paro no aceleradora de inflación (Non-Accelerating Inflaction Rate Unemployment, NAIRU por sus siglas en inglés) en esos niveles, cuando comienzan a ver tensiones en los salarios por falta efectiva de mano de obra. Pero en España la NAIRU es mucho más sensible y elevada y el mercado la encuentra antes: con el desempleo más alto de Europa, ya aparecen las vacantes, y aparecerá muy pronto la presión salarial en la que las empresas compiten para capturar a la escasa masa laboral dispuesta a trabajar. En ello estamos.
