La gestión forestal, una oportunidad contra la despoblación
Sánchez propone un pacto que mezcla la dana y los incendios cuando una afecta a zonas superpobladas y los otros a despobladas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado una propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática, con 10 medidas difusas en las que mezcla la catástrofe de la dana de Valencia de 2024 con los incendios de este verano. Unir ambas catástrofes es meramente utilitarista, puesto que tienen poco que ver. Para entender el absurdo de mezclarlas basta con fijarse en la evolución contrapuesta de la población en las diferentes zonas y su relación con estas desgracias.
Las comarcas valencianas más afectadas por la riada están entre las que han tenido el mayor crecimiento de población de las últimas décadas, con un aumento del 167% desde 1950 a 2023; con pueblos, como Paiporta (Valencia), con crecimientos de más del 660%. Esta brutal expansión se había producido con un urbanismo desordenado que había llevado a levantar casas en zonas consideradas oficialmente inundables.
En cambio, los incendios de este verano se han concentrado en cuatro provincias (Zamora, Orense, Lugo y León) cuyo mayor drama es la pérdida de población y su envejecimiento, puesto que son los jóvenes los que se van. Estas provincias sumaban 1,83 millones de habitantes en 1950. Desde entonces han perdido más de 600.000 habitantes, con un impacto mucho mayor en las zonas rurales, las que arden, que en las capitales de la provincia. En 75 años estas zonas han perdido a uno de cada tres habitantes, mientras que el conjunto de España crecía un 74%, pasando de 28 millones a 48,6 millones.
Por eso, una riada puede causar 227 muertos en pocas horas y tener un impacto económico enorme, puesto que atraviesa zonas superpobladas. Mientras, los incendios de este verano han segado la vida de ocho personas (siempre demasiadas), vinculadas a los operativos para apagarlos, con una afectación económica sustancialmente más baja, puesto que se trata de áreas poco pobladas, con más jubilados que activos y con explotaciones agrarias familiares.
Eso sí, conviene recordar que se han quemado más de 400.000 hectáreas, desgraciado récord histórico, con un impacto en el medioambiente que va a durar décadas. Esos daños son evidentes en las áreas quemadas y pronto río abajo, pero, como afectan a poca población, van a seguir poco atendidas, más allá de lavados de cara. Pero hay consecuencias de largo plazo, como pérdida de diversidad en flora y fauna, desertización, contaminación del aire o menor producción de aguas.
Por tanto, mezclar danas, que la ciencia puede prever y cuyos daños limitar, con incendios, muy imprevisibles, tiene poco sentido, más allá de que el cambio climático las haga más graves y frecuentes y de que haya cuestiones comunes en la gestión de las emergencias por las áreas de protección civil. En las tareas preventivas tienen escasas coincidencias, más allá de algunas medidas de gestión de suelos y cauces de los ríos, y menos aún en cómo hacerlas frente.
Lo importante ahora es tratar de darle la vuelta a la desgracia y buscar soluciones. Para ello, lo primero que deberían hacer los políticos es escuchar a los expertos –y España tiene a los mejores–, y al mundo rural para no caer de nuevo en generar legislación desde las urbes. Ayer mismo, la Fundación Pau Costa presentó una Propuesta de acción para la gestión de los grandes incendios forestales en España, que nace del consenso de profesionales multidisciplinares pertenecientes a la comunidad de incendios forestales. Estas medidas surgen de un encuentro que mantuvieron el 29 y 30 de marzo de 2023 y que luego se compartió con otros especialistas para mejorarlo. Por tanto, son propuestas que surgen de la crisis de incendios de hace tres años, cuando se quemaron 260.000 hectáreas y no se hizo nada.
La mencionada propuesta aborda siete ejes: gestión de los ecosistemas forestales; planificación territorial; comunidades rurales vivas; uso y ecología del fuego; comunicación, educación y sensibilización; conocimiento en las necesidades de extinción; y escenarios de futuro a medio y largo plazo. Además, proponen unos ejes trasversales: política y gobernanza, y conservación de la naturaleza”.
Incendios ha habido siempre, el problema actual es que se extienden mucho más rápido, son explosivos, lo que los hace más difícil de atajar. Según los expertos, esa rapidez en la propagación está muy ligada a la despoblación y la mala conservación de la naturaleza, dos aspectos esenciales para abordar el problema y que están íntimamente relacionados. No se quejan de falta de medios para extinción, donde España es líder, sino de la gestión forestal y la ordenación del territorio.
La despoblación es consecuencia de la falta de oportunidades laborales y de servicios públicos esenciales en el medio rural, hasta el punto de que el hombre –y aún más la mujer– es la especie en mayor riesgo de extinción. Esto es especialmente grave en las zonas de España donde están las mayores masas forestales, como es el caso de Castilla y León, que acumula el 52% de estos espacios arbóreos. Por tanto, si se quiere conservar la naturaleza, es imprescindible que los pueblos recuperen atractivo para que personas y familias encuentren allí su oportunidad. Así se podrán recuperar explotaciones agrícolas y de ganadería extensiva que hacen su labor de protección. Pero, sobre todo, es imprescindible un cambio en la gestión forestal. Los ingenieros expertos aseguran que nuestros bosques están demasiado espesos y con los suelos llenos de biomasa. Son una bomba.
La Comarca de Pinares de Burgos-Soria, que con 116.000 hectáreas de pinar constituye la masa boscosa continuada más extensa del sur de Europa, se presenta en muchas ocasiones como modelo de gestión forestal visto con ojos de Madrid. Si se escucha a los alcaldes de la zona, a los propietarios de los aserraderos y a los vecinos, la palabra más pronunciada es abandono. Es urgente una fuerte limpieza del monte y sus cortafuegos, así como realizar importantes cortas. Sobran pinos. Todo depende de la Junta de Castilla y León; ni los ayuntamientos ni los particulares pueden hacer nada sin su permiso.
Las Administraciones tienen que recuperar las cuadrillas estables que conservan los montes en invierno y hacen de bomberos en verano. Es cierto hay muchas poblaciones donde ya no hay a quién contratar, pero pueden venir personas de otras zonas de España o del extranjero. Los pueblos con bosque necesitan repoblación humana, si las ciudades quieren oxígeno y agua. Si hay empleo y servicios, habrá personas, pero está en manos de los políticos dejar de poner excusas y pasar a la acción.
Aurelio Medel es periodista y doctor en Ciencias de la Información