Pasar del parche al consenso
Las realidades territoriales exigen una reforma del modelo de financiación
El Consejo de Ministros dio el primer paso el martes para la aprobación de la condonación parcial de la deuda autonómica. Esta fue pactada con ERC para Cataluña –y extendida posteriormente– a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La medida, que afronta una difícil tramitación parlamentaria, supone un cambio de manos de más 83.000 millones de euros entre Administraciones públicas y abre no pocos debates sobre el sistema y sus fisuras.
El Ejecutivo defiende que el trasvase –que no quita, toda vez que es el Estado central quien asumirá el endeudamiento autonómico– supone la compensación de una injusticia: el cierre del grifo a las comunidades en los años de la Gran Recesión, lo que llevó a estas a aumentar en más de 109.000 millones sus deudas entre 2009 y 2013. Aunque aceptable como argumento, no es menos cierto que la causa principal de este movimiento es puramente política y en buena medida circunstancial: de no haber tenido ERC el papel bisagra que le otorgaron las urnas, resulta difícil pensar que esta medida hubiese llegado al Consejo de Ministros.
Así las cosas, y con la difícil pedagogía que supone para el Gobierno, el Ejecutivo busca convencer a aliados y contrarios de los beneficios del trasvase y lograr la necesaria mayoría absoluta para su aprobación en las Cortes. No lo tendrá fácil: mientras Compromís o Sumar muestran escepticismo, el Partido Popular afronta la ardua dicotomía de rechazar un alivio fiscal que insuflará aire en sus comunidades, con el argumento de que la quita no es más que un parche diseñado para Cataluña y que lo necesario es una reforma del sistema. Esa para la que, por otro lado, desde Génova no se muestran especialmente colaboradores.
Es este último punto el que merecería de verdad un esfuerzo político: primero, porque por mucho que ya no se limite a Cataluña, el trasvase no deja de ser, efectivamente, un parche, y como ya han advertido organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, las medidas de alivio tienen que estar respaldadas por un marco fiscal coherente (y, sobre todo, sostenible). El modelo de financiación lleva pendiente de actualización más de 10 años. Las realidades territoriales exigen una reforma consensuada, y es mejor abordarla ahora, en un momento bueno de la economía, que encontrarse con una nueva crisis, con una nueva injusticia histórica y con su correspondiente parche.
