El agujero de la regulación de los ‘lobbies’ en España
Cuando una habitación está viciada, lo mejor es abrir las ventanas y que corra el aire. Así funciona la transparencia
El llamado caso Montoro, que investiga un juez de Tarragona y por el que permanece desde hace siete días estupefacto el país, ha puesto en evidencia a toda una cúpula de Hacienda, a la que se le imputa un puñado de delitos vinculados al tráfico de influencias durante los años en los que ejercieron el cargo, por su relación con el bufete Equipo Económico (fundado por el exministro), que hacía las labores de conseguidor de leyes.
Al margen de la investigación y cuyo desarrollo está en manos de los tribunales, el caso señala al papel de los lobbies en el país y su escasa, por no decir inexistente, regulación. Al margen de su mala fama, los grupos de presión no están penados, pero su influencia sobre el poder político y económico debe ser regulado, como ocurre en la mayoría de países desarrollados. EE UU cuenta desde 1876 con la primera legislación sobre la materia. Reino Unido, destacado por su pragmatismo, y otros países, con cultura anglosajona también. Alemania desde 1951. La OCDE lo recomienda. La UE cuenta con un registro obligatorio para todo lobby que quiera ejercer su influencia en los despachos de Bruselas y Estrasburgo.
Cabe preguntarse por qué en España estamos tan retrasados. Ya la Constitución (artículo 9.2) permite de su desarrollo. Desde hace 40 años ha habido intentos y todos en el tintero. Apenas cinco comunidades (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid) tienen algo parecido pero de forma parcial e insuficiente.
El Gobierno tiene en marcha el enésimo intento de fijar una normativa estatal. Se trata del proyecto de ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, en trámite parlamentario. En manos de sus señorías estamos. No es cuestión de acusarse mutuamente de quién tiene más corruptos en sus filas, sino de actuar por el bien de todos. Y actuar significa contar cuanto antes con una legislación sobre la materia con un registro obligatorio, gratuito y público. Y que no dependa del Gobierno de turno (nos haríamos un flaco favor) sino de una autoridad independiente.
De cara al Congreso y al Senado, deberían hacer constar en la tramitación de las leyes una “huella legislativa”, con su recorrido desde que son borradores hasta su publicación, para poder examinar si los cambios en su redacción están orientados a beneficiar a algún sector o empresa. Y no estaría de más que altos cargos y diputados tuvieran un registro de con quién y por qué se reúnen. Todo el mundo lo sabe. Cuando una habitación está viciada, lo mejor es abrir las ventanas y que corra el aire. Así funciona la transparencia.
