Bruselas apunta a España para no abdicar de la unión bancaria
La discusión que abre la Comisión es de fondo. Y tiene recorrido
Bruselas tiene puesto el foco desde hace meses en la actuación del Gobierno en la opa de BBVA a Sabadell. Y ayer pasó de las musas al teatro. A finales de junio, tras conocerse las severas condiciones del Consejo de Ministros a la operación, un portavoz comunitario dejó claro que la Comisión vigilaría que esas limitaciones no supusieran “restricciones injustificadas al mercado único”, al tiempo que recordaba que las medidas de los diferentes ejecutivos deben ser “excepcionales, proporcionadas y justificadas por razones válidas de interés público”. Tras esta primera advertencia, la Unión Europea elevó este jueves los decibelios de la disputa al abrir expediente a España. Estima que las normas utilizadas, aprobadas y vigentes desde 2014 y 2015, no se ajustan al derecho de la Unión Europea.
Para cumplir con lo estipulado, el Ministerio de Economía se cuidó muy mucho de que su decisión viniera motivada por razones de interés general. No es casualidad que el reproche comunitario haya tomado otra vía y lo que cuestione, desde una perspectiva técnica, sean leyes que darían al Gobierno poderes discrecionales en las operaciones corporativas, más allá de las competencias de instituciones como el BCE. Como telón de fondo, Bruselas busca señalar la contradicción de unos países que sobre el papel apuestan por la unión bancaria y por favorecer el tamaño de las entidades, pero solo hasta que las operaciones llegan a su patio trasero. España no es el único caso. Es de suponer que el Ejecutivo comunitario buscará también las fórmulas legales y utilizará la misma contundencia para afear a Berlín los obstáculos impuestos a la toma del Commerzbank por parte de Unicredit.
Desde el punto de vista del impacto efectivo en la operación, los plazos juegan a favor del Gobierno. Tras el anuncio de la apertura del expediente, la Comisión remitirá una carta a Economía pidiéndole que cambie las normas que, en su opinión, no se ajustan a derecho. A partir de ahí, España tendrá dos meses para responder y, si la contestación no convence en Bruselas, se preparará un dictamen motivado dándole a Madrid otro plazo mínimo de dos meses para subsanar la situación. El siguiente paso son los tribunales. Para ese entonces, estará de sobra resuelto lo esencial de la opa. Será de dominio público si BBVA mejora su oferta o si sigue adelante con ella pese a la oposición del Gobierno y el superdividendo del Sabadell por TSB. Incluso se conocerá la opinión de los accionistas si llega el caso. La discusión que abre Bruselas es de fondo. Y tiene recorrido.
