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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Un examen positivo para mejorar el IMV

Las propuestas de la Autoridad Fiscal sobre el ingreso mínimo vital deberían servir para mejorar su funcionamiento y no ser vistas como una crítica al sistema

Pobreza España

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva para ayudar a las familias más vulnerables. Pocos dudan de la pertinencia de esta iniciativa aprobada en 2020, en plena pandemia, para prevenir el riesgo de pobreza de los hogares con menos recursos básicos para que puedan cubrir sus necesidades básicas.

La prestación fue conceciba como una nueva pata del estado de Bienestar cuando la pobreza infantil y la población en riesgo de exclusión social no recibían suficiente atención por parte de las autoridades. Sin embargo, este tipo de reformas suelen aflorar desajustes los primeros años de implantación.

Por ejemplo, la Autoridad Fiscal (Airef) calcula que el año pasado había en España 939.303 hogares potencialmente beneficiarios de percibir el IMV, sin embargo, solo ingresaron esta ayuda poco más de 432.207 familias para los que se destinó un gasto total de unos 3.800 millones de euros. Esto supone que casi el 55% de los hogares elegibles para percibir el IMV no solicitaron la prestación.

La Seguridad Social, el organismo que gestiona esta renta garantizada, defiende que hay muchas familias que no piden el ingreso mínimo porque ya reciben otras ayudas autonómicas o locales. En cualquier caso, sería conveniente una mayor coordinación entre el Gobierno y las autonomías para afrontar esta situación y asegurarse que nadie se quede sin percibir esta prestación básica.

Esta ayuda de último recurso, bendecida por las instituciones internacionales, también presenta alguna contraindicación que no empaña el beneficio que aporta. En un análisis publicado esta semana, la Airef apunta a que puede afectar a la oferta de trabajo al elevar el salario mínimo por el que una persona está dispuesta a aceptar un empleo. De hecho, los técnicos del organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas calculan que el IMV reduce un 12% la probabilidad de trabajar y disminuye en 0,6 los días mensuales de trabajo. Además, constata que el incentivo al empleo para motivar a las familias más vulnerables a buscar un empleo y no conformarse con la renta de subsistencia no corrige estos problemas.

Más allá de estas sombras, que ya se esperaban a tenor de la literatura económica, el IMV también arroja efectos positivos de segunda ronda al aumentar la probabilidad de conseguir un empleo indefinido, facilita el rechazo de empleos más precarios y favorece la recualificación profesional. En cualquier caso, los cuatro análisis realizados por la Airef desde su puesta en marcha ayudan al perfeccionamiento de la ayuda. Estas propuestas deberían servir para mejorar su funcionamiento y no deberían ser vistas como una crítica al sistema.

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