Regateo en torno a las inversiones aeroportuarias
Aena quiere romper el año que viene con un decenio de congelación en las tarifas que cobra a las aerolíneas por usar sus instalaciones


El gestor aeroportuario español, Aena, quiere romper el año que viene con un decenio de congelación en las tarifas que cobra a las aerolíneas por usar sus instalaciones. La empresa pública plantea aplicar un incremento del 6,5%, a razón de 68 céntimos por viajero. Lo hace una vez expirado el plazo de 10 años con tarifas limitadas por una ley impulsada por la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), y tras la excepción de 2024, cuando por la guerra de Ucrania se permitió un aumento de más del 4% para recuperar costes energéticos. La decisión para el año que viene, a la espera del informe definitivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), levanta en armas a las compañías aéreas cuando España afronta una temporada récord en la llegada de turistas extranjeros, con la diana puesta en superar los 100 millones de visitantes.
Ryanair, la primera operadora europea, ya recortó para este verano su actividad en aeropuertos regionales por una política tarifaria que considera excesiva desde hace años. Este mismo martes amenazó con seguir cerrando rutas. Las quejas son generalizadas en el sector, que tiene judicializada desde hace tiempo la política tarifaria sin haber renunciado a aplicar en sus billetes el impacto de la inflación.
Aena es una empresa que necesita avanzar e invertir. Es la sexta compañía por capitalización del Ibex, con más de 35.000 millones de euros, y el principal operador mundial, con 46 aeropuertos en España y otros 33 fuera. La compañía cubre todos sus costes operativos y nuevos proyectos valiéndose de esas tarifas que recauda entre las compañías aéreas y sin recibir un solo euro de los Presupuestos. Sucesos como el vivido la semana pasada con el colapso en la zona de pasaportes del aeropuerto de Barajas demuestran que no puede darse por asegurada la calidad del servicio, y Aena tiene pendientes grandes obras de ampliación y mejoras en más de diez instalaciones, empezando por Madrid-Barajas. La utilización masiva de las infraestructuras públicas necesita actualización continua, como constatan los apuros de la red ferroviaria.
No solo se trata de escala empresarial: la satisfacción de los viajeros depende de las inversiones y, lo que es más importante, garantizar los estándares de seguridad no es negociable. En 2027 entra en vigor el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) que fija las pautas para una gestión eficiente y sostenible de la red portuaria. A nadie le gusta que le suban los precios, pero un buen servicio tiene un coste. Y en este caso no es desorbitado: la subida rondará los 68 céntimos por trayecto.

