La más grande y silenciosa reforma fiscal de la democracia
El Gobierno dispara los ingresos tributarios con un pacto de sangre con la inflación y las cotizaciones con recargos crecientes hasta 2050
Cuando el turnismo político provoca un cambio de guardia ideológico, el recién llegado promete una reforma tributaria que suele hacerse acompañar de calificativos tan pomposos como engañosos, tales como modernizadora, inclusiva, progresista, favorable a los contribuyente y sanadora milagrosa del endémico fraude fiscal. Ha pasado con todos los Gobiernos de la democracia, y seguirá pasando con cuantos vengan después. Algunos han hecho dos reformas, o incluso una reforma primero y su contrarreforma después, y los más atrevidos han hecho la más grande y silenciosa de la democracia, pero, cuál paradoja, renunciando a hacerla.
La puesta en marcha de cada revolcón tributario, que casi inevitablemente complica la vida a los contribuyentes, suele ir precedido de un vademécum doctrinal elaborado por un grupo de expertos afines que ajustan sus criterios como un guante de seda a las intenciones preconcebidas del Gobierno que los ha elegido. El último libro blanco sobre la fiscalidad del futuro, presentado en la primavera de 2022 y liderado por el catedrático Jesús Ruíz-Huerta, que se aventuraba en los ignotos terrenos de la fiscalidad sobre nuevas actividades y la protección del medio ambiente, pero que mantenía los pilares tradicionales que sustentan los ingresos públicos, fue guardado bajo siete llaves en un cajón del caserón de la Calle Alcalá, por entender el Gobierno que la Guerra de Ucrania hacía inoportuno su desarrollo, aunque la verdad para su aplazamiento sine die fuese su debilidad parlamentaria y lo heterogéneo y contradictorio de los planes fiscales de sus socios.
Pero no por ello el audaz equipo de Pedro Sánchez ha dejado de ejecutar buena parte de la reforma de las figuras fiscales que pretendía, y que, en una mezcla de decisiones, dejaciones interesadas y circunstancias sobrevenidas, se ha convertido en una auténtica e integral reforma tributaria. Y todo ello, sin disponer de la principal herramienta política, pues de los siete años en la Administración, en cuatro de ellos (2019, 2020, 2024 y 2025) no ha logrado sacar adelante el proyecto de Presupuestos, y en algunos de ellos, saltando incluso por encima de la presentación obligatoria del proyecto en las Cortes.
Al menos en una cuestión este Gobierno ha sido fiel a su discurso y a su proclamada ideología: el país precisa elevar sus recursos tributarios hasta absorber la diferencia de presión fiscal agregada que tiene con la media de las grandes economías europeas, que superaba los cinco puntos de PIB en 2019, y debe hacerlo pivotando las alzas impositivas sobre las rentas personales más elevadas, sobre los rendimientos del capital, sobre los beneficios de las empresas y sobre los costes de cotizaciones de las mismas.
Desde que en junio de 2018 llegó al poder, el Gobierno Sánchez ha activado cerca de un centenar de subidas de impuestos, mayoritariamente en operaciones de cirugía fiscal muy localizadas, aunque siempre con la misma orientación. Pero además de los réditos recaudatorios que han proporcionado tales decisiones, no muy vastos tomados individualmente, se ha encontrado con un aliado natural con el que todos los Gobiernos han hecho en el pasado buena amistad, pero que a este le ha invitado a un auténtico banquete recaudatorio: la exuberante inflación, con valores desconocidos en los últimos 40 años.
La renuncia deliberada a deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta ni los mínimos exentos y resto de deducciones de este y otros impuestos, ha proporcionado a las arcas del erario suculentas primas de ingresos. Los cálculos son variables, pero muy jugosos en todo caso, como veremos. Pero además, la inflación ha activado las bases imponibles de todos los impuestos de forma generalizada durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024 más allá de lo que habría permitido la estabilidad de los precios.
Hacienda admite que la prima de recaudación por no deflactar la tarifa habría generado un tercio del incremento de los ingresos, mientras que el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) hablan de al menos la mitad del incremento de los ingresos. Un informe del Banco de España de junio de 2024 sobre La Progresividad en frío (Sofía Balladares y Esteban García-Miralles) desvela un deslizamiento o elasticidad de 1,84% en los ingresos por IRPF por cada avance del 1% en los salarios, con una participación de los beneficios fiscales de dos tercios en tal progresividad y de uno en el caso de la escala del impuesto.
Considera que tiene más peso en tal progresividad en frío la renta del trabajo (1,9) que las de capital (1,5), pero menos que las rentas de actividades económicas (2,1). Y calcula que haber deflactado tarifa y deducciones desde 2019 a 2023 habría reducido la recaudación por IRPF en 11.000 millones, casi un punto completo de PIB, desde el 8,5% al 7,7%. Recordar que en 2023 alcanzó el 8,97% y que este año alcanzará el 9% con holgura, con un tipo efectivo en máximos.
AIReF afina el cálculo para todos los grandes impuestos y asegura que la inflación no ajustada a tarifas y deducciones proporcionó el 29% del avance de los ingresos en 2021; el 47% en 2022; el 55% en 2023; y el 34% en 2024, con más peso relativo del IVA que el IRPF en todos los años, y con avances de la recaudación espectaculares cada año, pero sobre todo en el trienio 2021-2023.
Los picotazos fiscales ejecutados al margen de los grandes impuestos, mayoritariamente concentrados en rentas altas o empresariales, proporcionan pocos recursos, pero son señales identificativas del sesgo ideológico del Gobierno y de sus socios para atender la generosa expansión del gasto social. Gravamen a las grandes fortunas (650 millones); a la banca (1.720); impuesto a las grandes energéticas (1.600 millones); al uso de envases de plástico (531 hasta noviembre de 2024); a las transacciones financieras (226 a noviembre de 2024); a los servicios digitales (375), son los más llamativos.
Pero la parte más mollar de la reforma fiscal es la que no lo parece, la que afecta a las cotizaciones de la Seguridad Social, que es dinámica y de presión tributaria creciente hasta 2050, aunque cuesta creer que sea suficiente para honrar los pagos de las pensiones públicas. Además de incorporar la gracia de la inflación (un 19% desde 2021), las cotizaciones, que soportarán de forma mayoritaria las empresas, aportan tres primas adicionales hasta mediado el siglo, con ingresos crecientes.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) funciona desde 2023 con un recargo general sobre las bases de cotización de un tipo que arrancó en el 0,6%, que está ahora en el 0,8% y que llegará al 1,2% en 2029, donde se quedará hasta el ecuador del siglo. Inyectará a la caja de pensiones una media anual de 4.500 millones de euros de hoy durante los 27 años que se aplique. En segundo lugar, las bases máximas de cotización soportarán un recargo anual acumulativo de 1,2 puntos sobre la inflación desde 2024 hasta 2050. Solo estas dos medidas dinámicas han provocado ya que la cuota media mensual a pagar por trabajador haya llegado en diciembre a 755 euros, desde los 600 que pagaban las empresas en diciembre de 2018, tal como revela la Encuesta de Coste Laboral.
Y, por último, para equiparar cotizaciones a IRPF, contribuye desde enero pasado toda la remuneración de los cotizantes, con recargos también crecientes sobre la cantidad que exceda de la base máxima; si la horquilla del recargo oscila ahora del 0,92% al 1,17%, crecerá hasta alcanzar valores del 5,5% al 7% en 2045. Recapitulando: las tres medidas que afectan al impuesto que más ingresos genera, las cotizaciones, y que encarece el empleo, disparará los costes tributarios y configuran por sí solas una auténtica reforma fiscal. Hasta que el Libro Blanco vuelva a salir del cajón.
José Antonio Vega es periodista.
