Mejorar la práctica legislativa para reducir riesgos fiscales
Los Gobiernos deberían limitar el uso del real decreto a los casos previstos por la ley
El Tribunal Constitucional anuló el año pasado la reforma tributaria del ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, de 2016, que endurecía los pagos a cuenta del impuesto de sociedades. Los magistrados consideraron que la figura del real decreto-ley con la que fue aprobada no era la adecuada para retocar un impuesto. Esta corrección judicial ha costado algo más de 1.200 millones a las administraciones públicas que han tenido que restituir parte del dinero a algunas empresas. No ha sido la única sentencia que supone un revés para los caudales públicos. En los últimos años la justicia española se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre varias medidas económicas aprobadas por los últimos Gobiernos.
Tras una larga batalla judicial, el pasado otoño, el Supremo declaró ilegal el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos aprobada por Montoro en 2013. El alto tribunal consideró que no se pueden establecer gravámenes diferenciados en función de la comunidad para un mismo impuesto estatal. En esta ocasión el varapalo judicial supondrá un golpe de 6.500 millones para las arcas del Estado.
La Autoridad Fiscal (Airef) calcula que los litigios y errores legales del Estado han supuesto un coste medio de casi 1.000 millones al año por sentencias judiciales desfavorables durante la última década.
El organismo público destaca algunos errores recurrentes, como el uso inadecuado de los reales decretos, una figura de la que han abusado tanto los Gobiernos presididos por Mariano Rajoy como los de Pedro Sánchez. La inestabilidad política de la última década, y bajo el pretexto de afrontar la crisis financiera, de la covid, la energética o la inflación, han llevado a los distintos Ejecutivos a abusar del real decreto para reducir el control parlamentario. Los Gobiernos deberían limitar su uso solamente a los casos previstos por la ley.
La Airef también advierte sobre la extralimitación normativa respecto a lo regulado por la legislación. Esta incorrecta práctica del Estado ha dado origen a sentencias como la relacionada con el canon hidráulico o la que ganó Endesa por la retribución de la energía. También existen materias objeto de recursos reiterados por motivos similares, como los tres primeros regímenes de financiación del bono social eléctrico, anulados por discriminatorios.
Los poderes públicos deberían velar más por la seguridad jurídica y mejorar la práctica legislativa para evitar nuevos litigios que causen riesgos fiscales.
