Ryanair se pasa de frenada en su órdago al Gobierno
Mejor entenderse desde el respeto. Por ahora, no parece posible
La tensión entre el Gobierno y el principal alimentador de turistas extranjeros a España, la aerolínea Ryanair, va a más en los últimos días entre críticas y descalificaciones que vuelan entre Madrid y Dublín (Irlanda). El operador público de la red de aeropuertos (Aena) y el propio Ministerio de Transportes se han plantado ante lo que califican públicamente de chantaje a las instituciones para obtener descuentos en las tarifas aeroportuarias. Ryanair se dispone a crecer la próxima temporada de verano en España, pero lo hará en grandes aeropuertos como los de Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga, mientras reduce su oferta en 800.000 asientos en siete infraestructuras regionales, desapareciendo de Jérez de la Frontera o de Valladolid. Un doloroso ajuste para esas ciudades, que también alcanza a Vigo, Zaragoza, Santiago, Oviedo y Santander, y que solo podría revertirse con nuevas bonificaciones al tráfico por parte de Aena. De ahí la comprensible reacción del Ejecutivo en defensa del interés general .
Es más, al margen de las discrepancias escenificadas sobre cómo abordar un problema concreto, resulta inaceptable la subida de decibelios y el tono utilizado ayer por la aerolínea, en concreto por su excéntrico fundador, Michael O’Leary, con insultos incluidos a un ministro del Gobierno de España. Las formas, en cualquier ámbito de las relaciones humanas y especialmente en el mundo de la empresas, importan.
La alta dependencia del sistema aeroportuario español del tráfico de bajo coste, al que debe alrededor del 62% de los viajeros, y el dominio de Ryanair en este segmento, elevan la importancia de la disputa. El ministro Puente ha recordado a Ryanair que la política de transportes y de infraestructuras la define exclusivamente el Gobierno. También ha llamado a retirar el ajuste de capacidad y a trabajar en armonía con otro líder europeo como es Aena, cuya maquinaria comercial está en marcha para intentar tapar el agujero de casi un millón de asientos para este verano en lugares con baja conectividad aérea. También es labor, cabe recordarlo, de turoperadores, ayuntamientos y autonomías.
Aunque la cotizada Aena está obligada a escuchar las pretensiones de las 150 aerolíneas que operan en la red, en ningún caso debe comprometer la viabilidad económica del sistema aeroportuario ni la estructura jurídica de las tarifas, que impide la aplicación de precios privados o ayudas de Estado. El atractivo turístico de España debe continuar siendo un imán para Ryanair. Al tiempo, Aena deber ser capaz de atraer actividad a lugares con capacidad infrautilizada para la aviación comercial. Mejor entenderse desde el respeto. Por ahora, no parece posible.
