No se debe jugar con los ciudadanos
PP, Vox y Junts anteponen el beneficio político al de los ciudadanos, pero el Gobierno debería apresurarse a subsanar el fracaso parlamentario para que no sufran los pensionistas, ni los usuarios del transporte entre otros
Los políticos suelen prestar especial atención a determinados grupos de la población. El que quizá más intereses suscita es el de los pensionistas, unos diez millones de personas. Quizá por ello al Gobierno le costaba imaginar que la oposición iba a tumbar el decreto que recogía el incremento de pensiones previsto para este año.
Muchos de esos pensionistas, que desde 2022 ven cómo sus nóminas crecen tanto como los precios, pueden sentirse confundidos o engañados tras conocerse que el decreto que iba a certificar que las prestaciones subirían este año tanto con la inflación ha sido rechazada en el Congreso por los votos de PP, Junts y Vox.
El decaimiento del decreto que ordenaba la revalorización es también un fracaso del Ejecutivo que tampoco logró sacar adelante las ayudas al transporte, las subvenciones a los usuarios del transporte público y las transferencias a los damnificados por el volcán de La Palma o las ayudas a las empresas afectadas por la dana.
Cuesta comprender en qué cálculo político cabe un plantón de estas características, dados los asuntos en liza. El PP esgrime que el decreto incluía de tapadillo la cesión de un palacete histórico al PNV. Aunque Rajoy prometió la devolución, esto no ha evitado que los populares lo utilicen como excusa. Los populares han preferido evidenciar la debilidad del Gobierno, que anteponer el bien de los ciudadanos. El no de Junts ni siquiera se sostiene en este episodio, lo vinculan al incumplimiento que observan en sus acuerdos con el Ejecutivo.
El Gobierno puede extraer varias lecciones de este resbalón. En primer lugar, debería desterrar de una vez la práctica de introducir en algunos decretos asuntos que nada tienen que ver con la norma principal que se intenta aprobar. La oposición siempre va a encontrar un argumento para rechazarlo. En segundo término, las horas posteriores a la derogación le deberían haber servido para entender que no hay beneficio propio que extraer de este rechazo de la oposición. Es comprensible que se subrayen los efectos negativos del voto de PP, Vox y Junts, pero no es admisible que el Gobierno no haya aclarado ya cómo va a enmendar su fracaso parlamentario.
El Ejecutivo debería presentar con agilidad una nueva iniciativa para revalorizar las pensiones o resucitar las ayudas al transporte, que la propia oposición ya ha dicho que apoyaría. Dejar que la oposición se cueza en su error solo redunda en un mayor enfado de los verdaderos perjudicados, los pensionistas o los millones de usuarios del transporte público.
