La subida del SMI aflora la anomalía del IRPF
Los expertos convocados por el Ministerio de Trabajo para que calculen cuánto debe subir el salario mínimo interprofesional (SMI) han concluido que este año debería incrementarse un 3,44% o un 4,41%, en función de los dos supuestos con los que han elaborado sus cuentas. Esto supone que los salarios más bajos subirían, si el Ejecutivo sigue las recomendaciones de este grupo de expertos, 39 o 50 euros al mes en 14 pagas, para que los trabajadores peor pagados no pierdan poder adquisitivo ni su sueldo quede por debajo del 60% del salario medio, como aconseja el Comité europeo de Derechos Sociales. Las dos propuestas que plantean los académicos se basan en dos formas diferentes de calcular el salario medio. En ambas se tiene en cuenta que el sueldo medio de los españoles está creciendo más que la inflación, que el pasado diciembre cerró en el 2,8%.
El Ejecutivo deberá aprobar la subida tras escuchar a los agentes sociales. Es previsible que cuente con el apoyo de los sindicatos, pero que no logré el respaldo de la patronal, como ya ocurrió el año pasado. El Gobierno de coalición ha apostado por subir el SMI: se ha incrementado un 54% desde 2018. En ese periodo, el coste de la vida ha aumentado un 19%.
La evidencia muestra que las subidas del SMI contribuyen a reducir la desigualdad y ejercen un efecto arrastre para las retribuciones del resto de los trabajadores. El Banco de España o la Autoridad Fiscal advierten del riesgo que supone para el ritmo de creación de empleo.
El trámite este año llega con polémica, porque Hacienda se inclina por no adaptar el IRPF a la subida del SMI. Los años anteriores, el ministerio modificaba el mínimo exento del impuesto para evitar que los perceptores del SMI tuvieran que tributar. Pero este año, si Hacienda no cambia de opinión, los trabajadores afectados por el SMI tendrán que pagar al fisco el 42% del incremento del SMI, algo que limita el impacto perseguido. Hacienda argumenta que, tras varios años de mejoras salariales sin impacto fiscal para los trabajadores, estos tienen empezar a tributar. Aunque tiene razón en su justificación –la mayoría de los expertos defienden que todos los ocupados deberían contribuir fiscalmente, aunque fuera un mínimo, el diseño del IRPF contiene una anomalía técnica que dispara el tipo marginal en determinadas circunstancias para los contribuyentes con rentas más bajas. El ministerio debería solucionar esta irregularidad para evitar un castigo excesivo a los que tienen los salarios más reducidos.
