Colaboración público-privada útil para la vivienda asequible
La escasez de oferta para cubrir la generación de nuevos hogares, con su consiguiente presión sobre los precios, ha convertido las casas en un factor de empobrecimiento social
Las cifras son preocupantes. Según las estadísticas facilitadas por Eurostat, las diferentes administraciones españolas quedan lejos de las europeas en las dotaciones presupuestarias que destinan a políticas de vivienda. Un escenario que contrasta con la magnitud de un problema -el acceso a una casa asequible- que golpea desde hace años y sin solución de continuidad las condiciones materiales de vida de las familias. De acuerdo con un informe reciente de JLL, se necesitarían nada menos que 400.000 millones de euros para paliar el déficit de viviendas baratas en las grandes ciudades españolas. Un esfuerzo económico de tal envergadura invita al menos a explorar todas las opciones y ensayar con convicción modelos de colaboración entre la iniciativa pública y privada, desde la certeza de que su desarrollo puede redundar en el interés mutuo. La cuestión urge, especialmente si se tiene en cuenta que España presenta un porcentaje ínfimo de soluciones asequibles respecto al parque total de vivienda, el más bajo de toda Europa.
En este punto, cabe celebrar que Gobierno y autonomías preparen de forma inminente concursos para el sector privado de hasta 10.000 viviendas, con Valencia, Madrid y las entidades públicas Sareb y Sepes como puntas de lanza. Por ejemplo, en los próximos días se esperan los pliegos de 2.000 casas para menores de 35 años en la Comunidad de Madrid, a la espera de que el sector privado valide el posible negocio. Es más, las empresas promotoras y los fondos de inversión inmobiliaria prevén que sea un modelo que se consolide y vaya en aumento. La fórmula es sencilla: la administración competente cede suelo por entre 50 y 75 años a las empresas para que construyan edificios residenciales y gestionen el arrendamiento.
El problema de la vivienda, una auténtica emergencia a nivel nacional, no solo golpea a las rentas más bajas, a los colectivos vulnerables y a los más jóvenes, sino que afecta también a rentas medias, que destinan un porcentaje muy superior de sus ingresos a sufragar lo que es un derecho que no se cumple. La escasez de oferta para cubrir la generación de nuevos hogares, con su consiguiente presión sobre los precios, ha convertido la vivienda en un factor de empobrecimiento social. Con las debidas cautelas y control público para no acentuar su papel como activo financiero y sí como bien de primera necesidad, los movimientos de cualquier administración para hacer más fácil la vida de los ciudadanos deben ser bienvenidos. Hay un largo camino por delante.
