Las cuatro palancas impotentes de la Seguridad Social en 2025
Además de la inflación y de los recargos crecientes sobre bases máximas y tipos, desde enero cotiza todo el sueldo
Esta sí, la de la Seguridad Social sí es una reforma fiscal que merece tal nombre. Las subidas puestas en marcha por José Luis Escrivá a su paso por el Gobierno culminan en enero, cuando entra en vigor la cotización por toda la remuneración de los afiliados por cuenta ajena, con una suerte de marginal máximo creciente con los años que se activa por debajo de los 60.000 euros anuales, y que no genera derecho marginal a pensión. Una herramienta que castigará a las empresas que tienen en sus plantillas a los 1,3 millones de trabajadores con sueldos por encima de ese umbral y que aliviará la caja de las pensiones, pero a la que no le devolverá el superávit, porque el gasto circula a una velocidad mucho más alta.
Fiel a la política de la patada a seguir que se practica con el gasto público en general, pero de manera pusilánime con la factura de las pensiones, la reforma de la Seguridad Social que escalonadamente ha puesto en marcha el Gobierno desde 2021 responde a una engañosa doble convicción: que todo cuanto crezca el gasto debe ser atendido, primero, y segundo, que la capacidad de las empresas y sus plantillas para financiarlo es inagotable. Que por deteriorada y desequilibrada que esté la pirámide demográfica, que lo estará más con los años, el sistema también piramidal de reparto para sostener el Estado del bienestar resistirá, pese a que ya ahora (y esto lo dicen los actuarios más concienzudos, como Fedea, yo solo lo cito) el déficit de explotación del sistema de pensiones se acerca a los 50.000 millones, y en un par de décadas puede instalarse en el 6% del PIB (lo que ya hoy serían unos 90.000 millones de euros).
Si una solución coherente dicta una combinación equilibrada de incremento de ingresos y recorte de gastos para meter en cintura las cuentas futuras de las pensiones, se ha optado por lo fácil. Además de renunciar a aplicar el anatematizado factor de sostenibilidad aprobado en la reforma de 2013, se ha limitado el control del gasto al retraso lento y poco incentivado de la edad de jubilación para cumplir una norma que data de hace 15 años, y se ha santificado una actualización de las prestaciones ligada al avance de los precios de consumo en plena ola inflacionista.
Pero entre los recursos se han activado hasta cuatro palancas financieras, varias de ellas de potencia creciente, que prolongarán sus efectos hasta mediado el siglo, y que serán sometidas a revisión si no reportan ingresos suficientes para sostener el tinglado. Se trata de una especie de triple salto mortal de un capítulo muy importante del coste laboral que constituye una auténtica reforma fiscal, que no por dosificada será menos dolorosa para las cuentas de las empresas, y cuyos efectos sobre el empleo, sobre la actividad y sobre la propia caja de la Seguridad Social son discutibles.
La primera palanca es la inflación, el mejor amigo del Gobierno en esta materia, porque activa los salarios y con ellos las bases de cotización (o base imponible a efectos de Seguridad Social), a la que echa una generosa mano el activismo con el salario mínimo, que acumula alzas de más del 50% si la responsable del ramo logra imponer, y suele hacerlo, su criterio para 2025. Pero a tal palanca, que elevará las bases al menos un 2,8%, que tal ha sido la inflación que marca la revalorización de las pensiones (de diciembre de 2023 a noviembre de 2024), se suma ya desde enero de 2024 un recargo en el tipo de cotización que desde 2025 será del 0,8%, y que lleva el tipo general por contingencias comunes al 29,1% (24,6% a cargo del empleador y 4,84% a cargo del empleado). Tal recargo se elevará anualmente hasta alcanzar 1,2 puntos en 2029, desde cuya fecha se mantendrá estable hasta 2050.
La tercera palanca afecta a las bases máximas de todos los grupos de cotización, y es un recargo adicional y anual de 1,2 puntos al avance de la inflación pasada, y que con los guarismos actuales supone un alza del 4% sobre la cuantía de 2024 (2,8 de inflación más 1,2 de recargo). Así, la base máxima pasará de los 4.720,5 euros mensuales a los 4.910,7 euros, o 58.912 euros al año. Este avance sistemático hasta mediado el siglo, que no genera apenas pensión (un incremento del 0,115% anual), aunque mantuviese cada año la inflación en el objetivo moderado del 2% del BCE, llevaría a las bases máximas a soportar un recargo del 8,5% en 2030, del 22% en 2040 y del 37% en 2050, tal como ya proyectó el servicio de Estudios del Banco de España.
Pero el primero de enero hay más madera. Arranca un nuevo recargo para equiparar, de alguna manera, el trato que los sueldos tienen en el IRPF con las cotizaciones, de tal guisa que coticen por su totalidad, pero manteniendo un listón normativo fijo de cotización máxima para mantener topada la pensión máxima. El recargo es variable y creciente: oscila entre el 0,9% y el 1,17% en 2025, y llegará a una horquilla del 5,5% al 7% en 2045. Desde enero, quien tenga un salario que supere los 58.912 euros (nueva base máxima), al año pagará un 0,9% por tal exceso hasta los 64.803 euros; abonará un 1% adicional por el exceso hasta 88.368 euros, y un 1,17% por todo lo que supere esta última cifra.
Como en el IRPF, respeto a la progresividad; pero como es tradicional en la Seguridad Social, un nuevo refuerzo de la solidaridad y una nueva quiebra de la contributividad, porque tales recargos no generan pensión. Con la nueva pensión máxima de 45.695 euros anuales (repartidos en 14 pagas), la tasa de retorno como porcentaje del último sueldo para quienes ganan cantidad equivalente a la nueva base máxima será del 77%, y creciente hasta superar en algunos casos el 100% para sueldos inferiores a tal umbral. Para quien gane un 10% por encima de la base máxima, el retorno será del 70%, y para quien gane un 50% más, de solo el 55%. Más solidaridad que contributividad, en definitivas cuentas.
Con la efervescencia que manifiesta el crecimiento, pese a su carácter gaseoso por anclarse solo en empleo, consumo público y servicios con modesto valor añadido, las empresas hacen frente a estas palancas que presionan sobre sus costes. Pero no lo harán eternamente, y podrían derivar en una erosión del empleo menos remunerado, puesto que el caro, el más victimizado por estos extracostes, es menos prescindible por su alto nivel de productividad comparada.
José Antonio Vega es periodista