Las empresas se llevan la peor parte de la disyuntiva fiscal británica
El peligro es que las compañías paguen menos al personal y los mercados financieros se asusten
Algunos círculos son más difíciles de cuadrar que otros. En su primer Presupuesto, Rachel Reeves, la nueva Ministra de Economía británica, subió el miércoles los impuestos a los empresarios para financiar unos servicios públicos en ruinas. Y cambió las reglas fiscales para pedir más préstamos. El peligro es que las empresas paguen menos al personal y los mercados financieros se asusten. Pero dada la atonía de la economía, son riesgos que merece la pena correr.
Gran Bretaña ha perdido el rumbo económico en los últimos 15 años. Según los analistas de Citi, el PIB es un 36% más bajo que si hubiera seguido creciendo según la tendencia entre 1997 y 2008. Es peor que en la zona euro y Estados Unidos.
Para volver a la senda correcta, el recién elegido Gobierno laborista ha optado por la conocida vía de los impuestos y el gasto. Las políticas anunciadas por Reeves aumentarán el gasto público en casi 70.000 millones de libras (84.000 millones de euros, al cambio actual) al año, o el 2% del PIB, de aquí a 2029, según la independiente Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, por sus siglas en inglés). La mitad de ese aumento se sufragará con impuestos más altos y el resto con préstamos.
La carga adicional recaerá sobre todo en los empresarios. Las cotizaciones a la Seguridad Social aumentarán 1,2 puntos porcentuales, hasta el 15%, a partir del próximo abril, y entrarán en vigor desde un umbral más bajo. Con ello, el Gobierno recaudará unos 24.000 millones (29.000 millones) al año durante los próximos cinco. Reeves dijo que mantenía su promesa electoral de evitar a los trabajadores el daño fiscal. Pero el OBR calcula que las empresas repercutirán tres cuartas partes de la subida a los empleados en forma de salarios más bajos y reducción del empleo.
El aumento de los impuestos sobre las plusvalías, el fin del trato especial a los extranjeros ricos que viven en el Reino Unido y los retoques de los impuestos de sucesiones contribuyen a elevar la recaudación fiscal total a 40.000 millones (48.000 millones). Los mayores beneficiarios son el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Educación, que recibirán más del 40% del aumento global del gasto público durante el próximo año, según los cálculos del OBR.
Reeves también encontró cierto margen de maniobra en la deuda pública. Se comprometió a que los pasivos financieros netos del sector público –una definición más amplia del balance del Estado– disminuyan en porcentaje del PIB cada cinco años. Esto le da más margen para endeudarse, aunque añadió restricciones para disipar los temores de que se repita la crisis de 2022, desencadenada por la entonces primera ministra Liz Truss. Aunque los mercados de deuda pública se mantuvieron tranquilos el miércoles, los rendimientos de la deuda soberana británica a 10 años rondan máximos de cuatro meses.
La gran pregunta es si este paquete logrará el objetivo del Gobierno laborista de impulsar el crecimiento. A corto plazo, el gasto y el endeudamiento adicionales elevarán el PIB un 2% el año que viene, frente al aumento del 1,1% de este año, según las previsiones del OBR. A la larga, sin embargo, el crecimiento se reducirá a solo el 1,5% anual. Dadas las circunstancias, merece la pena hacer la apuesta de impuestos y gastos de Reeves. Pero puede que no sea suficiente para sacar a Gran Bretaña de su malestar económico.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
