El camino a través de enmiendas de la reforma tributaria
Hacer pasar cambios en impuestos menores por una reforma fiscal aprobada a través de enmiendas a otra norma no parece la mejor forma para garantizar la seguridad jurídica
El miércoles vence el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley que traspone una directiva comunitaria que obliga a fijar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Va destinada a las multinacionales con ingresos superiores a 750 millones, a tributar sobre el resultado contable en lugar de la base imponible. España va con retraso. Bruselas aprobó la directiva en diciembre de 2022 y los países tenían hasta el 1 de enero para trasladarla a sus legislaciones nacionales. A dos meses de concluir el ejercicio, este cambio fiscal aún no se está aplicando en nuestro país. Esto ha provocado que las autoridades europeas hayan llevado a España ante los tribunales de la Unión por incumplimiento de una norma básica comunitaria. Esta regla sobre la tributación mínima de los grupos empresariales sirve de paradigma para explicar la complejidad por la que transita la política española.
El texto fue aprobado en junio por el Consejo de Ministros. Desde entonces está atascado en el Congreso, tras la enésima ampliación del plazo de enmiendas para ganar tiempo hasta que el Ejecutivo amarre los avales para sacarla adelante. Su fragilidad parlamentaria ha provocado la prórroga de los Presupuestos y ha ralentizado la aprobación de varias leyes. Ese es el motivo por el que el Ejecutivo explora todos los resquicios legales para avanzar en la agenda de reformas comprometidas con Bruselas a cambio de los fondos europeos. Quiere hacer de la necesidad virtud. Y, por eso, prevé introducir en la norma sobre la tributación mínima de las multinacionales varias enmiendas con las que justificar la reforma tributaria que ha prometido a Bruselas. Entre ellas figura la reforma para hacer permanentes los impuestos extraordinarios a banca y energéticas. Unos tributos que han desatado una inusitada presión de las empresas, con el respaldo en la retaguardia de PNV y Junts. Habría que echar la vista atrás muchos años para encontrar una ofensiva tan agresiva de las empresas y patronales contra un impuesto.
En paralelo, el Gobierno también quiere introducir en estas enmiendas un nuevo impuesto sobre la nicotina de los vapeadores, la equiparación de la fiscalidad del gasóleo con la gasolina o un alza de la tributación de las bebidas azucaradas, entre otras medidas que están en negociación y aún pueden caerse del plan final. La ambición del Ejecutivo de aproximar la presión fiscal a la media europea está legitimada, pero hacer pasar cambios en tributos menores y parches en otras figuras por una reforma tributaria aprobada a través de enmiendas a otra norma no parece el mejor de los caminos para garantizar la seguridad jurídica.
