Soluciones políticas urgentes al caos ferroviario
No es razonable que un sistema de transporte que hasta hace no mucho era percibido como un ejemplo para otros países, sea hoy una auténtica ruleta rusa para el viajero
El eje Chamartín-Atocha de Madrid, paso clave de la red ferroviaria española, volvió a colapsar este fin de semana por el descarrilamiento en la tarde del sábado de un tren de Renfe. Miles de viajeros se vieron afectados y vino a demostrarse que ambas estaciones, con importantes proyectos de ampliación, carecen de capacidad para afrontar una crisis de tráfico, que esta vez tuvo un impacto notable tanto en la alta velocidad como en el Cercanías. La imagen en los diferentes informativos de miles de personas atrapadas en las estaciones, circunstancia que, además, no sucede por primera vez, debe hacer reflexionar a los políticos y precisa de soluciones inmediatas.
Crisis recientes y muy mediáticas, como las averías y retrasos de los trenes a Extremadura, los problemas recurrentes de las Rodalies en Cataluña o el verano récord en incidencias, marcado por la entrega tardía y los problemas de los trenes Avril de Talgo, demuestran que la cuestión no es ni mucho menos puntual, sino un cúmulo de situaciones estructurales que precisan de una investigación y un análisis profundo por parte de las autoridades competentes. Durante mucho tiempo, responsables políticos de los dos principales partidos se han congratulado por el desarrollo de la alta velocidad y han presumido de que España dispone de la mejor red ferroviaria del mundo. Hoy, a la vista de los hechos, semejante autocomplacencia provoca cierto rubor, especialmente cuando lo que toca es pedir perdón y dar soluciones a los ciudadanos. Si, como apuntan determinados expertos, la liberalización del servicio ha sido precipitada y ha provocado un exceso de tránsito en la red ferroviaria, urge la puesta en marcha de una investigación detallada que lo corrobore y sirva como base para ponerle coto a la mayor brevedad. También resulta imprescindible que se haga con la máxima trasparencia.
El ministro del ramo, Óscar Puente, a quien hay que agradecer que al menos haya conseguido evitar los históricos reproches mutuos de Adif y Renfe a la menor contingencia, no puede mirar hacia otro lado y apuntar a las comunidades autónomas con el fin de ventilar en el campo de batalla político un asunto que parece eminentemente técnico. No es razonable que un sistema de transporte que hasta hace no mucho era percibido como un ejemplo para otros países, sea hoy una auténtica ruleta rusa para el viajero. Al Gobierno le toca mover ficha.