Un ejercicio saludable, no exento de riesgos
El plan fiscal que el Gobierno ha enviado a Bruselas sirve para reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas y compromete a una reducción creíble de la deuda
El Ministerio de Economía envió el Plan Fiscal y Estructural 2025-2028 a la Comisión Europea el pasado martes. Se trata del documento que esboza la política presupuestaria de España para los próximos siete años. El Ejecutivo dibuja una ambiciosa senda de reducción del déficit desde el 3,5% del PIB actual hasta el 0,8% en 2031. También proyecta una reducción de la deuda pública desde el 105,3% del PIB en que cerró en 2023 hasta el 90,6% a final del periodo, y calcula que caerá al 76,8% en 2041.
El dato nuclear, sin embargo, es la nueva regla de gasto. Un tope que permitirá controlar la evolución de los desembolsos públicos. De esta forma, el gasto público crecerá menos que los ingresos, lo que permitirá lograr ahorros para reducir la ratio de la deuda pública. Atendiendo a esa fórmula, el Gobierno se ha comprometido a aumentar el gasto solo un 3% en promedio anual durante los próximos siete años, a menos que suba impuestos.
La cifra puede parecer suficiente para cumplir con la hoja de ruta política del Gobierno, pero en realidad apenas deja margen. Si se tienen en cuenta las revalorizaciones de las pensiones, otros gastos ligados al envejecimiento de la población como la Sanidad, las actualizaciones de las nóminas de los funcionarios o los aumentos del gasto militar para cumplir con el compromiso de la OTAN, entre otras partidas, la capacidad presupuestaria del Ejecutivo queda muy reducida. Tendrá que idear fórmulas imaginativas para, por ejemplo, reservar más fondos para políticas de vivienda, una de las prioridades.
El ejercicio fiscal, exigido por Bruselas, sirve para reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas y comprometer al Gobierno con una reducción creíble de la deuda. Es sin lugar a dudas uno de los grandes avances de la reforma de las reglas fiscales tras los descontrolados aumentos del endeudamiento por la pandemia y la crisis inflacionaria. El informe obliga a los Estados a poner las luces largas, sin embargo, Economía se reserva el mayor margen para los dos próximos años y deja el mayor ajuste para la próxima legislatura, lo que aumenta el riesgo de incumplimiento. Aunque las cifras presentadas por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, permiten compaginar un crecimiento robusto y saludable con un ajuste fiscal de las cuentas públicas. Sería conveniente que el Gobierno aprovechara los dos próximos años de bonanza para avanzar en la consolidación.
Las proyecciones dejan algunas dudas. En primer lugar, las proyecciones se basan en cálculos optimistas: el Ejecutivo aspira a crear 1,5 millones de empleos en los dos próximos años, con aumentos de productividad. El ejercicio es saludable, pero corre el riesgo de caer en la complacencia y el optimismo.
