El triaje desregulador de EE UU va de los coches a los fármacos
La sentencia del Supremo que desprovee de poderes a las agencias federales puede afectar a muchas industrias
Tras 40 años de libertad de acción, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha hecho que los poderes de las agencias reguladoras vuelvan a ser vulnerables a las demandas judiciales. Como cualquier adulto de mediana edad que vuelve a vivir con sus padres, la reimposición de límites y supervisión será un shock para ambas partes. Una norma práctica que guíe la forma en que los jueces revisarán las impugnaciones –y la forma en que las agencias deben redactar las nuevas normas– requiere tiempo y una evolución dolorosa. Por ahora, sin embargo, una serie de industrias se enfrentan a posibles trastornos.
La decisión del Tribunal del viernes de poner fin a un importante precedente jurídico conocido como deferencia Chevron implica que la costumbre de décadas de deferir a las interpretaciones de las agencias de los estatutos que las facultan ha terminado. Esto abre muchas posibilidades para nuevos desafíos legales: a menudo, el Congreso legisla programas completamente nuevos con un mínimo de detalles, a veces simplemente ordenando que se diseñen “en interés público”. Las agencias son las encargadas de rellenar los espacios en blanco. Esos son los programas que correrán más riesgo de ser demandados en un mundo post-Chevron.
La lista completa de estas vulnerabilidades sería muy, muy larga. Los créditos fiscales para los vehículos eléctricos podrían estar en peligro, por ejemplo, si los demandantes argumentan que las normas del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS, la agencia tributaria) para reclamar el crédito son innecesariamente estrictas. Al fin y al cabo, si el Congreso no fija límites rígidos, los tribunales ya no tienen que fiarse de la palabra de la agencia.
Los jueces podrían mirar con recelo los procedimientos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para aprobar nuevos fármacos, dictaminando que su interpretación de cómo aplicar las escasas directrices explícitas de la legislación es demasiado amplia.
La norma de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) que prohíbe los pactos de no competencia con empleados, que se basa en una interpretación ya de por sí controvertidamente amplia de un artículo de la ley, podría ser impugnada.
Algunas industrias podrían salvarse de un latigazo cervical si, tras haber visto los años de ataques dirigidos contra la deferencia Chevron, las agencias intentaran redactar sus normas con el suficiente cuidado como para sobrevivir sin ella. En el pasado, los jueces también han protegido a las agencias al determinar que el Congreso no estaba siendo ambiguo y que, de hecho, confería una autoridad normativa sustancial.
Sin embargo, una nueva norma jurídica para determinar esa ambigüedad sería de gran ayuda. El tribunal ha sugerido incluso un respaldo, conocido como deferencia Skidmore, que proviene de un caso de 1944 que determinó que los jueces deben dar una “consideración respetuosa” a las interpretaciones de los estatutos por parte de las agencias, especialmente cuando el Congreso delega autoridad en una agencia específica. La alternativa es que cientos de jueces federales decidan que pueden diseñar un programa federal de asistencia sanitaria o una desgravación fiscal mejor que los expertos.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
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