Singularidad sin arriesgar el sistema
Una eventual salida de Cataluña del régimen común también se notaría en los ingresos del Estado, que contaría con mucho menos margen para financiar las políticas públicas
La financiación singular al estilo del cupo vasco que exigen los partidos soberanistas catalanes ha suscitado un rechazo generalizado. No solo se han posicionado en contra los demás partidos políticos y barones regionales; también académicos y expertos en financiación consideran que un traje a medida para Cataluña al estilo del País Vasco y Navarra, que no proporcionan una contribución adecuada, generaría unos agravios comparativos difíciles de superar, cortocircuitaría la solidaridad interterritorial y crearía desigualdades en la calidad de los servicios públicos entre territorios.
La última advertencia llegaba este lunes de la mano de un informe elaborado por un grupo de expertos de reconocido prestigio. El documento hace hincapié en la gran asimetría entre el régimen común y el foral y alerta de que la extensión de este último a más comunidades “amenazaría la viabilidad futura del país”, en referencia a la posible instauración de un cupo catalán como exigen los independentistas. Y advierte: “Es esencial prevenir y evitar que los tratamientos asimétricos sean la semilla de futuros problemas y generen sentimientos y realidades de agravio. Cualquier solución que se adopte debe ser aceptada por cada comunidad, pero también desde la perspectiva del conjunto del sistema”.
En los sistemas forales son las haciendas locales, y no la estatal, las encargadas de gestionar y recaudar los impuestos. Este esquema supone una anomalía única en el mundo, pero es cierto que se trata de derechos históricos que están amparados por la Constitución.
De hecho, lo que se pone en entredicho no es el sistema foral en sí, sino el cálculo: cuánto aportan País Vasco y Navarra a la hacienda central para los servicios comunes que presta el Estado. Esta contribución ha causado que ambos territorios se beneficien de una financiación por habitante muy superior a la del resto y aporten a la solidaridad menos de lo que deberían.
Ahora bien, la Constitución no reconoce a Cataluña los mismos derechos históricos de las comunidades forales, ni Cataluña tiene el mismo peso del País Vasco y Navarra en la economía nacional. Es la comunidad, solo por detrás de Madrid, que más riqueza genera de todo el país, y es una aportadora neta a la financiación autonómica. Los catalanes, que son quienes pagan los impuestos —y no los territorios— aportan más de 20.000 millones al año a través de los impuestos estatales. Una eventual salida de Cataluña del régimen común también se notaría en los ingresos del Estado, que contaría con mucho menos margen para financiar las políticas públicas. El Gobierno deberá hilar muy fino para reconocer la singularidad a Cataluña sin agraviar al resto, ni poner en riesgo el sistema.
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