Bienvenidos los centros de datos, aunque no de cualquier manera
Sería deseable que para asumir el coste de apoyar a una industria que dispara el consumo de luz y agua se promuevan las infraestructuras verdes adecuadas
El CEO de Nvidia, el rey de los chips para inteligencia artificial, decía no hace tanto que los países deben construir infraestructuras soberanas de IA. Aunque en sus palabras había lógicos intereses de negocio, la adopción de la nube y de la IA son imparables, y ambas tendencias se basan sobre una misma infraestructura: los centros de datos.
España puede jugar un papel clave en esta industria, ya no tan incipiente, y no debería dejar pasar el tren. Los centros de datos forman, de hecho, un continuum con las redes de telecomunicaciones, pilar actual de la soberanía digital de los Estados. Una red de centros de datos aporta resiliencia social (como quedó demostrado en la pandemia), fortalece la autonomía digital estratégica y ayuda a la digitalización de la sociedad y la economía. Pero para su desarrollo es necesario, coinciden tecnológicas y eléctricas, que el Gobierno elimine los topes anuales a la inversión en distribución eléctrica y haga una planificación de red que atienda esta demanda.
El lobby que están haciendo las empresas de datacenters y las energéticas es tan evidente como comprensible. Y su demanda de más inversiones tiene doble filo: esas inversiones en red las acaba pagando el consumidor en su factura de la luz. Por otro lado, a la vista está el impacto ambiental de estos centros, y el Gobierno debe vigilar, como ya hacen otros países, la presión que ejercen sobre los objetivos climáticos.
Sería deseable que para asumir el coste de apoyar a una industria que dispara el consumo de electricidad y agua se promuevan y planifiquen las infraestructuras verdes adecuadas. Y también que se fomente la cohesión territorial, de modo que las inversiones no se concentren exclusivamente en los grandes hubs, como Madrid y Barcelona, pues las necesidades de digitalización son comunes a todo el territorio nacional.
El apoyo de las autoridades se da por supuesto, en particular en estos tiempos de turbulencias geopolíticas. El Gobierno, de hecho, ya ha apoyado esta industria en diversos planes y estrategias, y ahora quiere ir más allá con una regulación que vele por su sostenibilidad. Francia, de momento, ha puesto en marcha un análisis público sobre el impacto medioambiental de estos centros, y sería aconsejable que España lo hiciera. El riesgo de un exceso de inversión es otro frente al que las autoridades deben atender, pues las euforias inversoras pueden crear burbujas. Y, finalmente, sería aconsejable que la futura regulación de las redes digitales que quiere proponer la Comisión Europea armonizara estos aspectos a nivel comunitario.
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